El juicio oral y público de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato luego de entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín, va ingresando en su etapa final y este martes ya se estarían presentando los alegatos finales.

Con la presentación de la totalidad de las pruebas documentales arrimadas por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y la defensa de la acusada exjueza Tania Irún, la audiencia oral ingresará en su tramo final.

El Ministerio Público y la querella presentaron todos los elementos probatorios destacando un punto importante que fue una resolución judicial firmada por la hoy acusada Irún, quien sostuvo en dicho fallo que conocía que en el expediente judicial civil no estaban los estatutos de las empresas presuntamente de maletín antes de adjudicar las tierras ubicas en la seguridad fronteriza.

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La querella representada por el abogado Francisco De Vargas sostuvo que en el expediente judicial civil consta un Auto Interlocutorio dictado por la misma Tania Irún en el año 2015, mediante el cual resolvió hacer lugar a una excepción de falta de personería planteada por la parte demandada donde la entonces jueza Irún fundamentó su decisión señalando expresamente que en el expediente no obraban los estatutos sociales de las empresas Cusabo, Kyveloria, Elite Kingdom y Firstar”.

Asimismo en el juicio oral se dio lectura a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con los votos de los ministros de la Corte Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia, quienes explicaron punto por punto el mal desempeño en sus funciones que la hoy exjueza Tanía Irún cometió y por la que fe destituida del cargo.

Estos elementos producidos en el juicio oral y otros deberán ser estudiados por los jueces de sentencia Rosana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.

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El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori anunció este viernes que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza conservadora liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes su deseo de ingresar a la iniciativa regional impulsada por Washington.

“Continuaremos los avances alcanzados con (....) nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa, en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Resaltó que una de sus prioridades será “la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción”. “Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”, agregó.

El canciller, que antes fue funcionario en la embajada de Estados Unidos en Lima, destacó que Perú va a “fortalecer la cooperación con los países vecinos y con (...) socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad”.

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El país sudamericano, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína y en su territorio operan bandas de narcotráfico internacionales.

Bajo el esquema del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información, la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

“La presidenta ha sido clara. Ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas y con eso atacaremos la criminalidad, los grupos transnacionales y los carteles que azotan el país”, sostuvo el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, el martes pasado.

El canciller Espá resaltó además la firma, en mayo pasado en Santiago de Chile, de un compromiso regional asumido por Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador contra la delincuencia transfronteriza.

Todos esos países se ven afectados por un aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales internacionales, como la venezolana Tren de Aragua.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) ganó la elección en su cuarto intento apelando al recuerdo del régimen de su padre, que gobernó con puño de hierro durante los convulsos años 1990.

Ahora, como mandataria, prepara “una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana”, según un comunicado de la presidencia peruana emitido el jueves.

En su discurso de investidura, la mandataria anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, el narcotráfico y la minería ilegal.

• Fuente: AFP

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La derechista Keiko Fujimori tomó posesión este martes de la presidencia de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, con el reto de enfrentar el crimen organizado que azota al país y que ella ha prometido acabar con un gobierno de mano dura.

La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de perder en el balotaje tres elecciones consecutivas previas desde 2011.

“Juro (...) que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación para el período 2026-2031”, dijo Fujmori, la segunda mujer en tomar el poder del país andino tras Dina Boluarte (2022-2025).

Tras su juramento, un grupo de parlamentarios de izquierda que rechazan su asunción se retiró en protesta.

La mandataria es hija del fallecido expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), que cumplió años este martes. Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.

El líder de Fuerza Popular ha anunciado que gobernará con mano de hierro, como el padre, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino desde su conflicto armado interno (1980-2000).

“Estoy muy de acuerdo” con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, agrega.

Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa el Perú desde hace una década.

“No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, dijo a la AFP Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.

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Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegido para gobernar hasta 2031.

Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A la ceremonia asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes.

Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos.

Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.

“Va a ser una réplica del padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad derivada en abusos.

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Fujimori propone allanamientos en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

El sociólogo David Sulmont dice a la AFP que “si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando” el problema de la inseguridad rápidamente, “puede erosionar su legitimidad y popularidad”.

Ante la inestabilidad, Fujimori planteó recientemente una “reconciliación nacional”.

Estará obligada a “construir una coalición que le permita algo más de gobernabilidad de la que tuvieron” sus predecesores fugaces, comenta Sulmont.

En el Congreso tiene la bancada más numerosa, pero los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.

Junto a la inseguridad, su otra prueba de fuego será la llegada del fenómeno El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos prevén que será el más intenso y devastador desde 1998.

El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina.

Si no responde “de manera eficiente” para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, “eso va a generar un descontento social fuerte”, dice a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Fuente: AFP

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El ingeniero Miguel Báez Reyes asumió este martes la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), tras ser designado por el presidente de la República, Santiago Peña. En el acto oficial de asunción del cargo, Báez aseguró que la principal misión encargada por el mandatario es la de transparencia, por un lado, y así también la modernización del sistema eléctrico paraguayo.

“Asumo esta responsabilidad plenamente convencido que debemos seguir fortaleciendo la capacidad técnica de la institución modernizando, nuestros procesos, incorporando nuevas tecnologías, reduciendo las pérdidas eléctricas, ampliando las inversiones en infraestructuras y ofreciendo un servicio cada vez más confiable, eficiente y de mayor calidad para todos los paraguayos”, expresó en su discurso.

Una inspección realizada a un contenedor que transportaba dos vehículos importados de Estados Unidos arrojó como resultado la incautación de paquetes de marihuana tipo hachis que estaban ocultos en los compartimentos y que totalizaron 311,2 kilogramos. El decomiso representa una pérdida de USD 4,3 millones aproximadamente para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La verificación fue hecha por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Gerencia General de Aduanas en el puerto Terport de la ciudad de Villeta.

La derechista Keiko Fujimori asumirá este martes la presidencia de Perú con la promesa de derrotar con mano dura la creciente criminalidad en las calles y encarar el fenómeno climático El Niño, que se perfila como el más devastador en décadas. La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de perder tres balotajes consecutivos previos.

Hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos. “Es un partido que tiene un arraigo popular y que ha tenido una presencia dinámica en la política peruana, incluso cuando perdía las elecciones (presidenciales), por su presencia ininterrumpida en el Parlamento”, dice a la AFP el analista Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP.

La Encuesta Nacional Agropecuaria del Chaco, ENA Chaco 2026, llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), arrojó datos interesantes sobre la actual productividad de la Región Occidental en términos agrícolas. Se destaca que la soja es el principal cultivo, con más de 150.000 hectáreas (ha) sembradas y un rinde de poco más de 2.200 kilos por hectárea.

La información relacionada con el estudio fue difundida recientemente y constituye un documento de relevancia, de manera a conocer la magnitud de las labores en la agricultura y la ganadería en el Chaco.

El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, señaló la necesidad de elevar hacia una “franqueza histórica” las polémicas declaraciones del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en alusión al conflicto bélico que enlutó la región hace 160 años. El vicepresidente de la República y aspirante presidencial rumbo al 2028 también se posicionó por la devolución de reliquias históricas del Paraguay como un “gesto de fraternidad”.

“La Guerra Guasú dejó a nuestro país en ruinas; de ello nos levantamos con valentía de hierro y titánica entereza. Sobre este episodio debemos hablar con franqueza histórica. Fue un capítulo vergonzoso, pactado desde un Tratado funesto para destrozar nuestra nación. Aquella guerra, que masacró a nuestros niños, quemó hospitales y saqueó Asunción, enluta la memoria”, expresó Alliana a través de una publicación emitida ayer lunes en redes sociales.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, este miércoles prestó su declaración ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Adolfo D’Ecclesiis, quien confirmó que el exministro abdista y Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua compartieron una prueba balística de material proveído por la empresa del brasileño, en la Agrupación FOPE de la Policía Nacional, en el barrio Tacumbú de Asunción, el 10 de diciembre de 2021.

D’Ecclesiis se desempeñaba en el cargo de ejecutivo comercial y vendedor en la empresa Ombú S.A, propiedad de Marcus Vinicius. Durante su declaración testifical detalló que los encuentros contaron con la presencia de Gilberto Enciso, gerente de la firma.

A pedido del agente fiscal Silvio Corbeta, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, decidió recalendarizar para el 31 de agosto a las 08:00 el inicio del juicio oral y público para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por lesión de confianza y asociación criminal.

Se trata del caso conocido como “Tía Chela”, el cual investiga un supuesto negociado en la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.