El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, mediante su movimiento Nuevo Liberalismo apunta a erigirse como el articulador de la unidad opositora con miras a las elecciones municipales del 2026.

El dirigente político busca sumar al sector al presidente del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien luego de la debacle electoral del 2023, fue duramente vilipendiado y excluido por parte de las demás agrupaciones.

“Estamos dialogando con todos los sectores, debemos buscar la unidad dentro de la diversidad. Estamos en un país democrático y hay que escuchar a todos los sectores. No ganaremos ninguna elección si dentro de la oposición misma nos empezamos a dividir por pensamiento o diferencia que tengamos. A nosotros nos caracteriza el diálogo y estamos tratando de construir una antesala que será el 2026”, indicó Estigarribia a la 1000 AM.

Payo Cubas fue acusado de haber traicionado a la Concertación Nacional en las pasadas generales, generando la división mediante su candidatura a la presidencia. Esta situación aún genera un alto rechazo por parte de altos dirigentes de las organizaciones políticas opositoras.

“Nadie puede negar la importancia de Payo Cubas, que tuvo 700 mil votos en las últimas elecciones. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de pensar o actuar. Debemos tener una oposición consolidada para llegar de forma sólida en las presidenciales del 2028, este es el camino que seguimos”, comentó.

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Del encuentro también participaron la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes y el intendente y candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por el Nuevo Liberalismo, Alcides Riveros.

“Nosotros estamos hablando con todos, con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con la exsenadora Kattya González, con los de Patria Querida y tengo un encuentro pendiente con el diputado Rubén Rubin”, indicó Estigarribia.

Uno de los principales ninguneos que sufrió Payo Cubas por parte de sus correligionarios opositores fue durante el lanzamiento de la plataforma “Unidos por Asunción”, el pasado mes de abril. Mediante esto la oposición pretende lanzar una candidatura única para la intendencia en el 2026.

Otra de las exclusiones a Cruzada Nacional fue durante la presentación de la plataforma Vamos Paraguay mirando el 2028, en donde referentes de varios partidos opositores anunciaron un plan de unidad.

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La violencia de tintes racistas vivida en días pasados en el sureste de España ilustra las crecientes tensiones en el país ante la inmigración, un tema que en pocos años ha entrado de lleno en el debate político azuzado por la extrema derecha.

Torre Pacheco, una ciudad de 40.000 habitantes cerca de Murcia y la costa mediterránea, ha sido escenario de enfrentamientos nocturnos entre grupos de extrema derecha y residentes de un barrio de mayoría inmigrante, principalmente de origen marroquí.

La violencia se desencadenó por la agresión el 9 de julio a un jubilado de 68 años, quien relató a varios medios españoles, con el rostro magullado, que fue atacado sin motivo aparente por tres jóvenes de origen magrebí.

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Dos días más tarde, la alcaldía de Torre Pacheco, dirigida por el Partido Popular (PP, derecha), organizó una manifestación contra la inseguridad, que degeneró rápidamente, ya que grupos de extrema derecha se unieron con consignas hostiles hacia los inmigrantes.

A partir de ahí y por varias noches, estallaron disturbios en las calles de la ciudad, si bien el despliegue de numerosos miembros de la Guardia Civil permitió evitar enfrentamientos directos entre los grupos rivales y limitar el número de heridos.

Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas, incluidas tres vinculadas a la agresión del jubilado y que no residían en Torre Pacheco. Entre los arrestados también figura un responsable del grupo de ultraderecha “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), que animó en Telegram a una “cacería” de inmigrantes.

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El alcalde de Torre Pacheco, una ciudad donde aproximadamente el 30% de los residentes son personas de origen extranjero llegadas en su mayoría para trabajar en el campo, hizo un llamado inmediato a la calma, pidiendo no confundir a los autores de la agresión con la población inmigrante de la ciudad.

Pero el partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el Parlamento español, multiplicó sus declaraciones hostiles hacia los inmigrantes, como las de su líder regional José Ángel Antelo, quien atribuyó el clima de inseguridad en Torre Pacheco a la “inmigración ilegal”.

A su juicio, esa inmigración irregular “es la misma que agrede a nuestros ancianos” o “viola a nuestras hijas en nuestras calles”, una postura respaldada por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien pidió “deportaciones inmediatas” ante la “invasión migratoria criminal”.

Unas declaraciones duramente criticadas por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a Vox de “echar gasolina al fuego”, y por su socio de extrema izquierda, Sumar, que le reprochó “promover la violencia”. La Fiscalía de Murcia abrió una investigación contra Antelo.

“Es un ejemplo muy claro de esa tensión que va creciendo por los problemas de la inmigración” en España, consideró en declaraciones a la AFP Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el fenómeno guarda relación con “el auge de la extrema derecha”, que ha convertido este tema en un asunto central.

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 637.000 extranjeros vivían en el país en 1998, el 1,6% de la población. Hoy en día son 6,95 millones (14,13%), de ellos 920.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera. El Gobierno de izquierda, que desea regularizar hasta 300.000 inmigrantes por año de aquí a 2027, ve la inmigración como una oportunidad.

Según el INE, la inmigración explica gran parte de la buena salud económica del país, cuyo PIB creció un 3,2% el año pasado.

Según el informe anual de Ipsos sobre el populismo, solo el 34% de los españoles piensa que el país sería “más fuerte” si se limitara el número de llegadas de inmigrantes (frente al 46% en Alemania). Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

Pero eso no impide que haya tensiones en el país, como por ejemplo por la distribución de los menores no acompañados, que saturan el dispositivo de acogida de las islas Canarias, el archipiélago próximo al noroeste de África que es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular.

Unas tiranteces explotadas por Vox, que propuso a principios de julio un programa masivo de expulsiones, denominado “remigración”. “En un país que gracias a la inmigración crece, es un poco contradictorio”, señaló Paloma Román, para quien la dureza de Vox se explica por su rivalidad con el PP, en medio de la creciente fragilidad política de Pedro Sánchez por varios escándalos de corrupción.

Fuente: AFP

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, designó al exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga como jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA durante los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre en la República de Honduras.

En ese marco, Ramdin informó a través de sus redes sociales, que el excanciller Loizaga encabezará la misión de observadores que arrancará con una visita preliminar al país del 27 al 30 de julio próximo.

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Desde la OEA destacaron que aguardan que estos comicios generales se realicen en forma pacífica, libre y justa, pero, sobre todo, respetando la voluntad del pueblo hondureño.

Destacan que, para lograr este objetivo, es importante que la institución electoral cuente con las condiciones necesarias para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.

Es importante recordar que el embajador Eladio Loizaga es abogado, diplomático y político paraguayo. Además, cuenta con destacada experiencia de liderar las misiones de observación electoral, en varios países de Latinoamérica.

Teniendo en cuenta que ha liderado el MOE/OEA en Perú (2020), Colombia (2022), Guatemala (2023) y República Dominicana (2024), además dirigió la Misión Especial de Alto Nivel del secretario general de la OEA en Perú en 2022, cuando este país estuvo sumido en una profunda crisis política.

Durante la primera visita del MOE/OEA en Honduras, la delegación estará integrada por el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich; el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza y el subjefe de la Misión, Gerardo Sánchez.

Es importante señalar que esta será la segunda visita que el organismo internacional realiza en Honduras, incluida la visita para las primarias, y su principal objetivo será escuchar a todos los actores involucrados y contribuir a construir un clima de confianza durante la etapa preelectoral de este proceso.

El trabajo que llevará a cabo el equipo liderado por Loizaga será reunirse con las autoridades electorales, funcionarios gubernamentales, representantes de partidos políticos y otros actores relevantes para analizar los aspectos técnicos del proceso. Para las elecciones de noviembre, la OEA desplegará una misión con un perfil técnico robusto y la cobertura territorial a nivel nacional.

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• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

Tras las protestas por las redadas contra la inmigración en Los Ángeles, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió miles de tropas de la Guardia Nacional y cientos de marines, una medida que ha sido fuertemente criticada por el gobernador de California. Entrenada para dar respuesta rápida en situaciones de emergencia, la Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de sus miembros prestan servicio a tiempo parcial mientras desempeñan trabajos civiles o realizan otras actividades.

Como fuerza de respuesta, la Guardia Nacional puede ser movilizada rápidamente para hacer frente a situaciones de emergencia en suelo estadounidense, normalmente catástrofes naturales. Asimismo, puede ser activada para su despliegue en zonas de combate, especialmente en caso de guerra.

A diferencia de otros cuerpos del ejército estadounidense, la Guardia Nacional desempeña funciones tanto a nivel estatal como federal, y está organizada en agrupaciones con base en los 50 estados del país, así como en el Distrito de Columbia, que alberga a la capital, Washington, y los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes.

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Como fuerza de base estatal, generalmente es el gobernador de un estado o territorio quien activa y comanda la Guardia Nacional cuando es necesario. Sin embargo, en algunas situaciones la Guardia Nacional puede ser “federalizada” por el presidente, con lo que queda bajo su control hasta que finalice la misión federal específica, como ocurre actualmente en Los Ángeles.

El último presupuesto del Departamento de Defensa autoriza un total de 433.000 efectivos de este cuerpo, repartidos entre la Guardia Nacional del Aire y la Guardia Nacional del Ejército.

Esto significa que, en comparación con otros componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Guardia Nacional sólo es superada por el Ejército en cuanto a tamaño.

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En caso de huracanes, incendios forestales e inundaciones, a menudo se recurre a la Guardia Nacional para que ayude a evacuar zonas peligrosas, entregue suministros en lugares aislados o proporcione el equipo especializado necesario para retirar escombros peligrosos.

El mayor despliegue de la Guardia Nacional en los últimos años se produjo durante la pandemia de covid-19, durante la que ayudó a construir centros de emergencia y dotarlos de personal, transportar suministros sanitarios por todo el país y coordinar otros aspectos logísticos.

Fuera de un desastre natural, el despliegue de la Guardia Nacional puede ordenarse en emergencias creadas por la ruptura del orden público, la controvertida disposición que el presidente Trump invocó para enviar tropas a California.

Recurrir a la Guardia Nacional para gestionar disturbios públicos ya se ha hecho anteriormente, pero el despliegue actual es inusual. Durante las protestas generalizadas de Black Lives Matter, en 2020, más de la mitad de los estados del país activaron a la Guardia Nacional para mantener el orden y ayudar a hacer cumplir los toques de queda.

Antes de eso, también fueron desplegados en Los Ángeles en 1992 para responder a los disturbios que se produjeron después de que los agentes de policía que habían golpeado al automovilista Rodney King fueran absueltos en el juicio.

En aquel momento, los disturbios, saqueos e incendios provocados se extendieron por toda la ciudad, con decenas de muertos y miles de heridos. La Guardia Nacional fue igualmente desplegada durante la época de las luchas por los derechos civiles, en los años 1950 y 1960, para ayudar a hacer cumplir las leyes contra la segregación racial en las escuelas, tras una histórica sentencia del Tribunal Supremo.