El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Ahora se deberá realizar el sorteo para poder saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que van a tener a su cargo juzgar a Roa y a Alberto Koube.
La defensa del acusado presentó varios incidentes que fueron rechazados por el magistrado Estigarribia. Igualmente los abogados de los dos acusados pueden apelar los incidentes que fueron rechazados por el citado juez.
Acusación
De acuerdo al acta de acusación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Ypytá: JEM está habilitado a investigar de oficio al juez Édgar Rivas por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.
Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.
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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Las irregularidades
En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
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Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
Acusación
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
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