El tribunal de sentencia integrado por Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana.
El fallo judicial de primera instancia fue criticado por los familiares de la víctima y a su vez el Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia condenatoria porque había solicitado una pena de 30 años de cárcel para el acusado.
El colegiado sostuvo que quedó probada la existencia de una relación y que la víctima fue sometida a humillaciones, hostigamientos, ofensas, descalificaciones y finalmente cuando quiso distanciarse del acusado, terminó con la muerte de María Isabel, hecho causado por José Carlos Morel como producto del fracaso de sus intentos de someterla, controlarla y eliminar su autonomía.
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El feminicidio ocurrió en una calle paralela a la Transchaco, a unos 150 metros del túnel Semidei, en Loma Pytã, el 1 de febrero del 2023. Resultó víctima una mujer de nombre María Isabel Vega, docente del colegio San Agustín, quien fue ultimada con arma de fuego. Recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el antebrazo derecho y otro en la rodilla, los dos primeros con orificio de entrada y salida.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.
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Ecuador: legisladores elevan penas hasta 15 años para adolescentes
- Quito, Ecuador. AFP.
El Congreso de Ecuador aprobó ayer martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.
Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.
Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado. Ecuador está envuelto en un sangriento conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.
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Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, “van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos”, dijo la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.
Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena “hasta un 50 %”. La Unicef en Ecuador expresó su “preocupación por la incorporación de reformas regresivas”. Estas medidas “no han demostrado ser efectivas” y “podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Centeno defendió que “esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”. Esto “va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, dijo a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.
Agregó que “al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.
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Investigan el asesinato de una paraguaya en Estados Unidos y el principal sospechoso es su marido
Este martes, familiares de una compatriotas que estaba trabajando en los Estados Unidos fueron informados sobre su fallecimiento y se presume que habría sido asesinada por su marido, por lo que todo apunta a un feminicidio. Las autoridades del país norteamericano están investigando al hombre que huyó de la vivienda, pero ya fue detenido.
El hecho se reportó el pasado 12 de junio en Nacozari Lane, pero recién ahora se informó a la familia de Lourdes Núñez Burgos, de 42 años, quien era abogada y estaba trabajando en inteligencia artificial. Ella habría contraído matrimonio con Stephen Keith Gantz, de 54 años, de nacionalidad estadounidense.
Núñez conoció al hombre en el 2024 y hace 8 meses contrajeron matrimonio, las autoridades sospechan del hombre porque este no se encontraba en la vivienda cuando esta fue intervenido por la Policía. Está acusado de homicidio en primer grado y fue detenido, pero luego liberado bajo fianza en tanto llegue el juicio.
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Pide acompañar el caso
Sus familiares reportaron que hace unos días no sabían nada de la mujer, por lo que recurrieron al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde investigaron sobre su paradero y las autoridades de EE. UU. confirmaron que había sido asesinada. La intención de sus parientes es acompañar el proceso y aguardan la repatriación del cuerpo en cuanto sea liberado.
Medios locales indicaron que el pasado 12 de junio la policía de Hot Springs Village, respondió a un disturbio y al llegar vieron al hombre abandonando la zona en una camioneta negra, intentaron detenerlo, pero este huyó e iniciaron una persecución.
Una hora después de la huida, el presunto autor del crimen volvió a su casa y se logró su detención. Tras la captura, los agentes realizaron la inspección de la vivienda y encontraron muerta a la esposa del hombre, según publicaciones del portal digital nwaonline.com.
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En la última década, 222 mujeres sufrieron intentos de feminicidio en Paraguay
Este lunes, desde el Ministerio Público emitieron un informen en el que revelan que del 2017 a mayo del 2025 ingresaron un total de 222 casos de intento de feminicidio a nivel país. El 41 % de los presuntos agresores son pareja conviviente de la afectada y 26 % son exparejas de las víctimas.
La Fiscalía realizó un análisis de las causas ingresadas por el hecho punible de Tentativa de feminicidio desde la disposición de la Ley N° 5777/2016, de “Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”. Este arrojó como resultado que en los últimos 10 años 222 mujeres fueron víctimas de intento de feminicidio.
La sicóloga del Observatorio del Ministerio Público, Soledad Barge, explicó que la tentativa de homicidio es la manifestación más cruel y extrema de la violencia contra la mujer.
“Para el feminicida, matar a su pareja se convierte en una forma de mantener su poder y control sobre ésta, ya que la considera de su propiedad, suele acusarla de infidelidad para justificar la crueldad de sus actos de manera a ser comprendido por sus pares”, señaló.
De agosto a diciembre
Los datos del Observatorio del Ministerio Público, indican que el 95 % de las causas presentan una víctima, mientras que el 5 % corresponde a dos víctimas. El reporte revela que el mes de agosto es cuando existe una tendencia de incrementarse los hechos ya que aumenta el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas.
“Los meses de mayor frecuencia es de agosto a diciembre en los que se reportaron 48 % de las causas. Los domingos y lunes; miércoles y jueves, encabezan los días de mayor registro de causas”, aclararon en el informe.
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Parejas y exparejas
El 41 % de los presuntos agresores, es la pareja que viven con la víctima y el 26 % son exparejas. En su mayorías, las mujeres tienen entre 30 y 59 años (36 %) y casi todas son madres. En tanto que, el 34 % representa a jóvenes de 18 a 29 años y un 3 % corresponde a víctimas menores de 18 años.
También confirmaron que el 4 % de los agresores utilizaron armas blancas como cuchillo, puñal o machete para atacar a sus víctimas. El 18 % de los ataques se realizaron con arma de fuego y el 16 % de los hechos utilizaron sus fuerzas empleando golpes de puños, patadas causando lesiones de gravedad.
Tipos de violencia
Existen varios tipos de violencia, pero los que fueron empleados por estas personas fueron: en un 77 % violencia física, el 18 % de las denuncias fueron por violencia verbal y 5 % de violencia sicológica. De este último, el 30 % recibió amenaza de muerte y el 26 % presentó maltrato verbal, insultos, manipulación y hostigamiento.
El 44 % de las denuncias no cuenta con detalles del tipo de violencia. Dentro de estas denuncias se presentaron otros hechos punibles, el 26 % de las causas registró lesión grave, el 21 % fueron casos de violencia familiar, el resto no se verifica en las denuncias presentadas en las distintas oficinas de atención en el Ministerio Público.
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