El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.

La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.

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Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.

La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:

• presunto lavado de activos
• estafa
• conducta indebida en situaciones de crisis
• lesión de confianza
• violación del deber de llevar libros de comercio
• y asociación criminal.

No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.

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Ante el crecimiento de los riesgos de fraude digital, Personal Empresas presenta una solución que permite a bancos, fintechs y comercios detectar cambios recientes de tarjetas SIM y sumar una instancia de verificación antes de autorizar operaciones sensibles.

Una barrera frente al fraude. La protección de las transacciones digitales requiere cada vez más mecanismos de prevención. En este contexto, Personal Empresas incorpora SIM SWAP, una herramienta diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar posibles situaciones de fraude vinculadas al uso indebido de números telefónicos.

La solución opera mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite consultar en tiempo real la fecha del último cambio de tarjeta SIM de una línea o comprobar si esta modificación ocurrió dentro de un período determinado.

Esta verificación cobra importancia frente al denominado SIM swapping, una modalidad de fraude en la que los delincuentes duplican o transfieren fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control. El objetivo es interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de autenticación enviados por SMS.

Más controles en operaciones sensibles. Cuando se identifica un cambio reciente que podría representar un riesgo, las empresas pueden incorporar medidas adicionales, como solicitar una nueva verificación de identidad o postergar temporalmente una operación.

SIM SWAP puede aplicarse en la evaluación de transacciones sospechosas, transferencias bancarias y procesos de restablecimiento de contraseñas, entre otros procedimientos que requieren controles de seguridad.

De acuerdo con Personal, esta tecnología contribuye a disminuir la exposición al fraude, evitar posibles pérdidas económicas y resguardar la reputación de las organizaciones, además de fortalecer la confianza de los usuarios. Asimismo, la solución contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según informó la compañía.

En el marco del juicio civil de la firma Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, la abogada Ivonne María Guardati Maldonado —representante legal de Ronaldo Braga Diniz, presunto testaferro de Ángela Toumani (exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat)— recurre a chicanas para evitar que se realice la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), institución ligada a la esposa de Rafaat.

Esta vez, la citada abogada apeló la determinación adoptada por la Justicia que ratificaba la realización de dicha diligencia. El objetivo de la medida es identificar a los ocupantes del inmueble, un valioso predio ubicado en Pedro Juan Caballero que habría sido objeto de una compra irregular, así como realizar un relevamiento de datos íntegro sobre las instalaciones donde funciona la referida universidad. Con la apelación presentada, se frena temporalmente la inspección, lo que sugiere que se intentaría ocultar información dentro de la casa de estudios.

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Por su parte, el magistrado Édgar Rivas Laguardia, fuertemente criticado por su dudosa actuación en el caso, tardó nueve meses en autorizar la constitución judicial tanto en la UASS de Pedro Juan Caballero como en otras propiedades de la firma Ypytá.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en el cargo al juez Rivas Laguardia. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de decidir si ratifican al cuestionado magistrado o si, por el contrario, apuestan por una figura nueva y más transparente para ocupar el juzgado civil de Asunción.

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Por: Adelaida Alcaraz

Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.

El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.

Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.

Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.

Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.

Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.

“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.

El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.

La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.

Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.

Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.

Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.

La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.

El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.

Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.

La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.

La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.

El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.

La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.

Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.

Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.

En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.

El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.

La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.

La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.

Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.

Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.

“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.

Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.

De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.

En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.