Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.

El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:

Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.

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Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.

La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.

El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.

La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.

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Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está “muy preocupado y angustiado”. Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.

La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: “proceda, doctor Diego”.

El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.

El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente “secuestrado”. Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.

Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.

Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.

Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos “no tienen la característica de delito”.

Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.

En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.

Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.

Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una “venganza política”.

El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.

En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.

La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado.

El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.

Fuente: AFP.

Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó ayer jueves a la corte suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula, una trama por la que es señalado el exmandatario Jair Bolsonaro en el juicio que enfrenta por golpismo. El máximo tribunal juzga al exjefe de Estado ultraderechista (2019-2022) de dirigir un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara por estrecho margen en las elecciones de 2022.

El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas. La supuesta intentona golpista contemplaba incluso un plan, bautizado “Puñal Verde y Amarillo”, para asesinar a Lula, según la fiscalía. El general Mario Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento, aunque dijo que era solo un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.

Fernandes dio sus declaraciones ante el tribunal durante los interrogatorios a un grupo entre la treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro que están enjuiciados junto con el expresidente por la supuesta intentona. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el general por videoconferencia.

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Fernandes afirmó que imprimió el documento, en el palacio presidencial de Planalto, solo para leerlo “en papel” y que luego lo rompió. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, añadió. La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la residencia presidencial de la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro, el 6 de diciembre de 2022. Ese mismo día, Bolsonaro recibió el borrador de un decreto que contemplaba medidas excepcionales para anular el resultado de las elecciones, según los investigadores.

El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también supuestamente proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y a la autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, actualmente a cargo de juicio contra Bolsonaro en la corte suprema. La semana pasada la fiscalía pidió la condena de Bolsonaro. De ser hallado culpable ante la corte, podría recibir hasta 40 años de prisión.

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El juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si incumple órdenes judiciales. El juez consideró en su decisión como una “irregularidad aislada” que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro “fueran utilizadas a favor” de su padre, bajo vigilancia de la corte por una presunta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por golpismo.

El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales, así como la difusión de sus intervenciones públicas por terceros.

Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador”, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un “intento de burlar” las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Congreso y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como “máxima humillación”.

Pero, “por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”, Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si se detecta “un nuevo incumplimiento”. “¡La justicia es ciega pero no tonta!”, escribió Moraes en su decisión.

Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. La advertencia de Moraes es un “torpe y desesperado intento de censurarme usando a mi padre como rehén”, reaccionó Eduardo Bolsonaro en X. “Eres un tirano cobarde, Alexandre. Un cobarde acabado”, agregó el diputado.

Trump anunció este mes aranceles de 50 % a productos brasileños y los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo.

Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”. Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas” y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.

Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones.

Moraes negó este jueves que exista “cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos” para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es a que sus declaraciones se difundan en redes propias o de terceros como estrategia para obstaculizar el proceso penal.

Bolsonaro se declara inocente y dice ser un “perseguido”. De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de voto electrónico. Aun así, insiste en que quiere ser el candidato de la derecha para las presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, también pretende postularse.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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