Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.

La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.

De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.

“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.

El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.

En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.

El Ministerio Público inició la lectura de las pruebas documentales en el marco del juicio contra Miguel Prieto y otros acusados.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta Miguel Prieto, exinten­dente de Ciudad del Este, acusado por lesión de con­fianza y asociación crimi­nal tras el presunto desvío de G. 2.130 millones de las arcas municipales en el caso conocido como “Tía Chela”, el Ministerio Público ya ini­ció la producción de las pri­meras documentales que estarían comprometiendo al exjefe comunal esteño y a los demás acusados en el presente caso.

Los fiscales procedieron a la lectura de varios documen­tos, entre ellos el contrato que firmó la firma Tía Chela con la Municipalidad de Ciu­dad del Este.

Asimismo, se dio lectura a las actas de los procedi­mientos de verificación entregadas por Tía Chela a la comuna esteña, eviden­ciando que ninguna coinci­día con la mercadería adqui­rida por la empresa, entre otras irregularidades.

La audiencia oral proseguirá el próximo 29 de setiembre a las 11:00 de la mañana con la producción de más pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. Además de Prieto, están acusados Francisco Rai­mundo Arrúa Álvarez, en calidad de autor, mientras que Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Flo­rentín Páez fueron acusados en calidad de cómplices.

El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

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