Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.

Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Otra maniobra fraudulenta de Miguel Prieto mediante una mensura judicial para la ubicación de 2 fincas, conocidas como la ex finca 66. Una misión imposible, cargada de populismo en detrimento de las expectativas de gente vulnerable ya que, la superficie en cuestión se encuentra sobre cientos de otras propiedades con títulos antiguos registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.

1- Adjudicación a GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental

2- Estudio de título, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD Consultoría, Topografía, y Ambiental G. 267.300.000. La Ley N.º 1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, en su Artículo 13 dispone: Por el estudio de títulos, el Notario Público fijará sus honorarios convencionalmente, no pudiendo ser inferior a cinco (5) jornales mínimos. Testimonios de escribanos públicos, han referido que el costo del estudio de título de los citados inmuebles no sobrepasaría los cincuenta (50) jornales mínimos, es decir, G. 5.381.350.

3- Amojonamiento con estacas, G. 267.300.000, estimando los 60 vértices de la superficie de mensura, el monto equivale a G. 4.395.000 por cada estaca.

4- Publicación de los edictos de la mensura judicial, G. 267.300.000. Son embargo, factura desmiente monto inflado y que solo consigna pago de G. 585.000.

5- Pago por constitución de juez para inicio de mensura, G. 267.300.000. Sin embargo, una consulta realizada por nuestro medio a juez interviniente confirmó que no existen facturas por este servicio, es decir, presumiblemente salió gratis.

6- Pago por acompañamiento del MOPC Y Serv. Nac. de Catastro, G. 267.300.000.

7- Sin embargo,la oficina competente del Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas realiza este trámite sin costo, es decir, tasa cero. Mientras que la escala de aranceles por servicio de conocimiento de mensura judicial de Catastro establece el monto de G. 25.000.

Fuente: Contrataciones Públicas, Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este

10 de junio de 2020: Miguel Prieto firmó resolución de reconocimiento de Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este y de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este. Ambas comisiones estaban encabezadas por una pareja e integradas por miembros de sus respectivas familias.

30/12/20

01- Actas revelan que las dos subcomisiones fijaban dirección en residencia de la pareja, funcionaban en domicilio conyugal.

2- Prieto suscribe contrato de transferencia a favor de las comisiones representadas por la pareja Quiroga-Silva

Sebastián Martínez (actual concejal de Ciudad del Este), siendo director de Desarrollo Social realizó la solicitud de pago de rubros excluidos de la Ley 2051/03 11 a las dos comisiones, con visto bueno del director de Administración y Finanzas, Francisco Arrúa.

3- Misma fecha, la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este recibió la sumade G. 155.000.000 mediante cheque n.° 754526, de la cuenta corriente n° 640087898000 a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este, cargo banco Continental.

4- Misma fecha representantes de ambas subcomisiones endosaron cheque y fue cobrado en ventanilla en el día por un funcionario municipal de nombre Jorge Antonio Rivas Aponte.

5- Las dos subcomisiones rindieron gastos con dos facturas también de misma fecha 30 de diciembre de 2020 y de mismo negocio, Fasv import/export. En el caso de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este, completó la rendición de cuentas con servicio de flete de empresa propiedad de síndico suplente de la comisión.

6- Las dos comisiones usaron las mismas fotografías en la rendición de cuentas.

7- Para justificar los desembolsos referidos, los representantes de las subcomisiones con anuencia de Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social, y Francisco Arrúa, director de Administración de Finanzas, habrían utilizado documentos de contenidos no auténticos, vale decir, supuestas facturas emitidas por las empresas que no reflejan la realidad de las operaciones económicas declaradas.

Fuente: Acta imputación del Ministerio Público