Villeta: imputan a hombre que quemó la casa de su expareja
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Un hombre identificado como Fredy Milciades Cañete, de 35 años de edad, quien habría prendido fuego a la casa de su expareja y ya la habría amenazado de muerte, fue imputado por la Fiscalía. El denunciado ya está imputado por violencia familiar, se abstuvo de declarar, pero asumió que actuó preso de los celos.
El hecho ocurrió el lunes en la compañía Naranjaisy, de la ciudad de Villeta, y la víctima fue identificada como Alvana Inés Garcete Pérez, de 32 años, quien había tomado la decisión de cortar la relación con su concubino en noviembre del año pasado.
En diálogo con La Nación/ Nación Media, la fiscal Viviana Llano confirmó que este miércoles imputó al detenido y solicitó su prisión. Dijo que el sujeto ya había sido denunciado por violencia, aunque en esa ocasión logró llegar a un acuerdo con la denunciante.
“Acabamos de terminar con la indagatoria. Él hizo uso de su derecho de abstención. No declaró, pero manifestó extraoficialmente que él hizo, que estaba celoso”, señaló.
La agente fiscal comentó que la víctima manifestó que recibe llamadas hasta 40 veces en un día de su expareja. “Ellos terminaron la relación en noviembre del año pasado y vuelven. Ya tienen una causa abierta en donde la víctima había presentado un acuerdo. Si bien había denunciado, después ellos se acercaron y presentaron un acuerdo entre ellos, que nos sirve a nosotros como un antecedente también en esta causa”, indicó.
Aclaró que este acuerdo si bien atenúa los hechos, pero desde la Fiscalía no se puede dejar de perseguir porque “el bien jurídico protegido es la vida”. “Acá lo que pasa es que en estos casos la víctima deja de colaborar con nosotros cuando ellos llegan a un acuerdo”, puntualizó.
Considerando todos los antecedentes, precisamente hoy la fiscal interviniente dispuso la imputación del hombre. “Yo le imputé por violencia familiar y solicité prisión, resguardando también la vida de la señora y las criaturas. Sobre todo, porque hay temor y puede forzar el cambio de voluntad por temor mismo”, fundamentó.
La abogada mencionó que, si bien la pareja no tiene hijos en común, la víctima es madre de dos menores. El presunto victimario se encuentra detenido en la Comisaría 14 de Villeta.
Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
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El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
Jorge Antonio Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo. Foto: Gentileza
Rechazan arresto domiciliario para conductor ebrio que mató a un joven y decretan prisión preventiva
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El juez penal de Garantías Ronald González decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez (37), el conductor ebrio que atropelló un automóvil estacionado en un semáforo causando la muerte de un adolescente de 17 años. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de concederle arresto domiciliario.
El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana sobre la avenida Mariscal López frente a un conocido shopping de San Lorenzo. Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo.
“Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos", comentó una sobreviviente, Bianca González. Foto: Captura de video
Como consecuencia del choque falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Iba a cumplir la mayoría de edad este jueves 5 de noviembre. Otros dos jóvenes que se encontraban en el vehículo resultaron heridos.
El hombre, abogado de profesión, fue imputado por la fiscal Mirta Rivas por homicidio culposo y exposición el peligro en el tránsito terrestre. Sin embargo, familiares del fallecido y de los demás lesionados, solicitaron a través de su defensor el cambio de carátula de la causa a homicidio doloso, atendiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.
En ese sentido, el resultado del alcotest al que fue sometido el imputado arrojó como resultado 0,972 miligramos de alcohol en sangre. El conductor colisionó violentamente contra el automóvil detenido en el semáforo ocasionando la muerte del joven estudiante e hiriendo a otras personas.
Además, no socorrió a las víctimas. “Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos”, comentó Bianca González, quien iba como copiloto del automóvil que fue embestido y aunque sobrevivió también resultó con algunas lesiones a causa del impacto.
Jorge Antonio Romero Gómez fue imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Foto: Gentileza
El imputado permanecerá inicialmente en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos, donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La tragedia generó indignación y reclamos de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima, quienes exigen que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.
Denuncian trabas de Yd y falta de transparencia en la transición
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El jefe comunal electo sostiene que las condiciones impuestas por la administración saliente impiden conocer el estado real de la Municipalidad de Encarnación.
El intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, presentó el 14 de octubre una nota formal ante la Municipalidad en la que comunica que desiste de participar del proceso de transición establecido por la Resolución n.º 9140/2026.
El punto central del conflicto es que la comuna saliente no habilitó el acceso a tres abogados del equipo de transición: el coordinador Salim Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva y Rogelio Ríos Leguizamón. Según la resolución del Ejecutivo municipal, los tres se encuentran en situación de “conflicto de intereses” por actuar como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación, lo que vulneraría la Ley N.º 7089/2023, que establece el régimen de prevención de conflictos de intereses en la función pública.
En el caso de Abud, la administración de Yd señala que es representante legal de la empresa de telefonía Tigo, con la cual el municipio mantiene un litigio por el cobro de unos G. 6.000 millones en concepto de canon por uso de espacio público de dominio municipal.
Ante esta situación, la comuna le comunicó al equipo que debían cambiar la lista o renunciar a la representación en esos juicios, pero la respuesta fue que no habría modificación alguna, por lo que se emitió la resolución que les prohíbe el ingreso como integrantes del equipo de transición.
Remesowski cuestiona además el artículo 4.º de la resolución, que limita el acceso solo a decisiones firmes y excluye los expedientes en trámite sin decisión definitiva, que son justamente los que deberá atender la nueva gestión.
El juez penal de Garantías de Curuguaty, Marcos Giménez Rivas, dispuso la apertura a juicio oral y público en la causa vinculada a la ocupación de inmuebles de Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. Foto: Gentileza
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
El magistrado Marcos Giménez Rivas rechazó todos los incidentes planteados por la defensa. Foto: Gentileza
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
La resolución judicial dispone que Jorge Mercado Méndez enfrente juicio por tres hechos punibles relacionados con la ocupación de inmuebles en Canindeyú. Foto: Gentileza
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.