La Justicia condenó a tres años de cárcel a tres presos que desde su lugar de reclusión cometían extorsión. Los condenados son Marcos Ariel Candia López, Ricardo Javier Almada y Hernán Daniel Espínola Benítez, quienes desde la penitenciaria enviaban mensajes extorsivos a varias personas.
El agente fiscal Marcial Machado fue quien llevó adelante la investigación, recolectando todos los elementos de prueba para poder lograr la condena contra los tres acusados. De acuerdo a la investigación fiscal, los hoy condenados enviaban mensajes vía whatsApp a una de las víctimas, identificándose como “El Churero”. Primero pedían G. 6 millones para evitar la publicación de imágenes íntimas en redes sociales.
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La víctima de extorsión realizó un primer giro de G. 250.000 a un número de celular, luego otro giro de G. 2 millones a otro número. La intención de los extorsionadores era completar G. 5 millones, sin embargo, días después los internos volvieron a llamarle y le señalaron que el padre de la mujer afectada estaba internado y que necesitaba urgente más aportes, por lo que le solicitaron otros G. 3 millones más.
La víctima recurrió a un préstamo para responder a los extorsionadores y envió G. 1.500.000 luego ante la insistencia giró otros G. 2 millones y así llegó a completar la suma de G. 11 millones. En su desesperación la víctima señaló al supuesto “Churero” que ya no tenía dinero y decidió hacer una denuncia. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los acusados y la justicia decidió condenarlo a tres años de cárcel.
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Fiscal del caso Metrobús defiende imputación a Wiens: “Nadie habla del fondo de la cuestión”
La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.
La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.
“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.
Orden de demolición
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Fiscal aboga que tribunal valore pruebas contra Rafael Filizzola
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.
PROCESO JUDICIAL SE ALARGA
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante”, puntualizó la agente.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta”, manifestó González. La fiscala siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.
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Fiscalía investiga si constructora donde falleció otro obrero cuenta con medidas de seguridad
El Ministerio Público investigará si la empresa constructora del edificio donde esta mañana falleció un obrero en un accidente laboral cumplía con medidas de seguridad.
El fiscal Fernando Delfino encabeza la investigación sobre la muerte del joven identificado como Esteban Javier Sánchez López, de 18 años.
La obra se encuentra sobre las calles Charles de Gaulle y Alfredo Seiferheld, del barrio Recoleta de Asunción.
Mencionó que tomarán declaraciones a los compañeros de la víctima y se verificará si la empresa constructora contaba con medidas necesarias para los trabajadores.
“Vamos a tomar las declaraciones de los compañeros para aclarar las circunstancias en que sucedió el hecho”, manifestó el agente a los medios de comunicación.
De acuerdo con el informe policial, el joven habría estado realizando tareas en un montacarga que era utilizado como ascensor externo de la obra, y quedó atrapado entre este y el soporte.
“Se quedó atrapado al costado de un montacargas que aparentemente estaban utilizando como ascensor”, comentó el comisario Aldo Arzamendia.
El jefe policial puntualizó que el cuerpo fue hallado en el séptimo piso, y bomberos voluntarios procedieron a liberarlo para que el forense y las demás autoridades puedan realizar la pericia correspondiente.
El edificio en obras es propiedad de la empresa Park Lofts Paraguay y la construcción estaba a cargo de la constructora Concremaq, según carteles indicadores.
“Vamos a requerir todos los informes respectivos; ya tenemos los nombres de las personas que se encontraban en el lugar y van aportar datos que van a servir a la investigación y determinar posibles responsabilidades penales”, apuntó el agente fiscal.
Momentos dramáticos se vivieron con la llegada de los familiares de la víctima al lugar, siendo asistidos emocionalmente por los intervinientes.
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Comisarías de oro: fiscal aboga para que un tribunal valore las pruebas contra Filizzola
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.
“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.
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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.
La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.