Para el 5 de abril, a las 8:30, se fijó el inicio del juicio oral y público para la pediatra Laura Sena, quien soporta proceso penal por el delito de homicidio culposo, tras el fallecimiento del niño Renato, hecho registrado en el Sanatorio Migone.
El Tribunal de Sentencia que debe juzgar a la acusada está integrado por Juan Francisco Ortiz, Rosana Maldonado y Manuel Aguirre. La fecha del comienzo de la audiencia oral ya fue notificada a las fiscalas Natalia Silva, Luz Guerrero y Sara Torres. Asimismo, se notificó al abogado querellante Rodrigo Cuevas y al abogado defensor de la acusada.
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El 29 de marzo del 2022, el juez penal de Garantías, Yoan Paul López resolvió elevar el proceso penal a un juicio oral y público contra la médica. Un año después los camaristas Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, confirmaron la resolución del magistrado Yoan Paul López.
El Ministerio Público sostiene que la profesional no realizó anamnesis completa y un examen físico exhaustivo del pequeño Renato Rojas Talavera, quien habría pasado más de cuatro horas con fiebre elevada, irritabilidad y taquicardia en la sala de observaciones del sanatorio.
Renato falleció el 20 de agosto del 2019 en la sala de observación del Servicio de Urgencias a cargo de la hoy acusada Laura Sena Figueredo.
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Murió la joven baleada por su pareja en un nuevo caso de feminicidio en PJC
Las autoridades policiales confirmaron el fallecimiento de Reinalda López Núñez, de 26 años, quien fue gravemente herida por un disparo de arma de fuego durante un presunto caso de tentativa de feminicidio, ocurrido en la madrugada de este sábado en la fracción Don Noti, de Pedro Juan Caballero.
Los primeros informes mencionan que la mujer recibió un disparo a la altura de la cabeza, presuntamente efectuado por su concubino, identificado como Nelson Arzamendia Cárdenas, quien habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta tipo Trail.
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Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por agentes policiales y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, se confirmó posteriormente su fallecimiento. El supuesto autor continúa con paradero desconocido, mientras la Policía realiza las averiguaciones para localizarlo y esclarecer las circunstancias del hecho.
Ahora la Fiscalía deberá ordenar la detención del presunto autor del hecho quien una vez detenido deberá comparecer ante el Ministerio Público para poder brindar su versión sobre el grave hecho registrado.
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Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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Juez eleva a juicio oral la causa contra “Nenecho” Rodríguez por presunta lesión de confianza
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de detergentes y otros insumos de limpieza con fondos municipales durante la pandemia de la COVID-19.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El juzgado igualmente decidió excluir el hecho punible de asociación criminal al considerar que no existen elementos suficientes para que esa parte de la acusación sea debatida en juicio. Además, rechazó los incidentes de sobreseimiento planteados por la defensa de Rodríguez.
Estigarribia sostuvo que la acusación fiscal describe de manera circunstanciada los hechos atribuidos al exintendente y contiene elementos que permiten que la supuesta lesión de confianza sea analizada por un Tribunal de Sentencia.
Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición de insumos que, en varios casos, no habrían ingresado a la Municipalidad de Asunción.
La Fiscalía sostiene que, durante los años 2020 y 2021, en el marco de las contrataciones por la emergencia sanitaria, se habría favorecido sistemáticamente a un grupo de empresas, con presuntas vulneraciones a los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
La acusación también señala que las licitaciones habrían sido direccionadas a determinadas firmas y que se habrían utilizado nombramientos, contratos y emisión de cheques como parte de una supuesta estructura para perjudicar a la institución.
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