Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Fátima Rojas, Julio César López y Gladys Bernal condenó a 28 años de cárcel a Luis Galeano y Domingo Agustín Diana Pereira integrante del Primer Comando Capital (PCC), a 12 años de pena privativa de libertad al conductor de bolt Fernando Domínguez luego de ser encontrado culpable por el homicidio del mecánico Miguel Rajczakowskij Novarchuk, de origen polaco y quien sería pariente lejano del Papa Juan Pablo II.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Julio Ortiz, quien presentó todas las pruebas durante el desarrollo de la audiencia oral y pública, y por ende el tribunal colegiado valoró los elementos probatorios y condenó a los tres acusados.
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Los jueces de sentencia llegaron a la conclusión de que los tres acusados son los responsables del crimen del mecánico Miguel Rajczakowskij Novarchuk debido a que se ha probado en juicio con los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, por lo que corresponde aplicar las condenas mencionadas más arriba.
Ahora los condenados a través de sus abogados pueden apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que estudiar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
El homicidio del mecánico se registró el 18 de agosto del 2021 y luego gracias a la rápida actuación policial se logró la detención de los hoy condenados.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
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Condenan a 18 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia condenó a 18 años de pena privativa de libertad a un hombre encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños. La agente fiscal, Cynthia Carolina Huespe Ortega, estuvo a cargo de sostener la acusación fiscal.
El hoy condenado abusó en reiteradas ocasiones de una niña de 11 años, entre los años 2019 y 2020. Durante el juicio oral, la representación fiscal expuso de manera detallada el daño psicológico y físico ocasionado a la víctima.
Las declaraciones de la menor (realizadas bajo el sistema de Cámara Gesell para evitar su revictimización), los testimonios de familiares y los informes de los peritos médicos y psicológicos, así como las demás pruebas documentales ofrecidas, fueron producidas ante el Tribunal de Sentencia. Dicho colegiado dictó la pena de 18 años de encierro al quedar plenamente demostrada la conducta reprochable del acusado en el hecho.
Tras la lectura íntegra del fallo, la defensa del condenado cuenta con el plazo legal establecido por la ley para interponer un recurso de apelación especial. En caso de presentarse dicha objeción, el caso será remitido a un Tribunal de Apelación en lo Penal. Esta instancia de alzada tendrá la responsabilidad de examinar el proceso y definir si corresponde confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia.
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Santa Ana: caen presuntos implicados en crimen e incautan armas y drogas
La Policía Nacional capturó a dos sujetos que eran buscados por el crimen de un hombre de 30 años, que habría ocurrido el pasado junio por una presunta disputa por territorio de drogas y venganza en la ciudad de Asunción. En poder de estas personas se encontró un arma de fuego, drogas, dinero y otras evidencias.
Según el reporte policial, el crimen se reportó el 22 de junio de este año, tiempo en que estas personas se encontraban prófugas de la Justicia y hace poco recibieron información de que volvieron a instalarse en el barrio Santa Ana. Ante esta situación, se realizó un allanamiento logrando la captura de los principales sospechosos.
En el procedimiento desarrollado en el populosos barrio fueron detenidos Alexis Ramón Saldívar Ríos, quien sería el supuesto autor material del hecho, y Eduardo Javier Saldívar Ríos, su cómplice, acusados de asesinar a puñaladas a Ángel Adrián Sánchez Quintana, de 30 años.
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“Según las averiguaciones hechas, entre Alexis y la víctima fatal ya había un problema anterior por microtráfico de drogas, por el cual Alexis fue a la cárcel por cinco años por tentativa de homicidio. Esta situación habría desatado el crimen el junio pasado”, detalló el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, a los medios de comunicación.
Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego, calibre 32, con cartuchos, 61 dosis y piezas de supuesta cocaína tipo crack, dos balanzas de precisión, un machete y otros indicios. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.
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Condenan a 40 años de cárcel a sicarios que asesinaron a hija de exgobernador de Amambay
Un Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad, a Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez, por el cuádruple homicidio ocurrido en octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero, donde también fue asesinada Haylee Acevedo, hija del exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo.
Asimismo, fue sentenciado a 23 años de cárcel más 6 de medidas de seguridad, sumando un total de 29 años, Derlis Javier López Arce. Los dos primeros fueron encontrados culpables de ejecutar, junto con Edson Vargas (actualmente prófugo), el ataque en el que murieron Haylee Acevedo, su pareja -el presunto narcotraficante Osmar Vicente Álvarez, alias “Bebeto”- y las estudiantes de Medicina Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira.
El terrible suceso se registró el 9 de octubre de 2021 y, según el fallo de primera instancia, estuvo relacionado con una disputa de territorio para el tráfico de drogas entre el grupo de Marcio Ariel Sánchez, alias “Aguacate” y “Bebeto”. El colegiado encontró culpables a los procesados por homicidio doloso, asociación criminal, detentación ilegal de armas y lesión grave, esta última respecto a tres víctimas colaterales.
Durante el ataque se realizaron más de 100 disparos con armas largas que también alcanzaron a Bruno Elías Pereira Sánchez, Iris Esiely Molinari Villasboa y a la brasileña Rhafaelli Alves do Nascimento, quienes resultaron heridos.
Los jueces de sentencia Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuck tuvieron en cuenta imágenes de circuito cerrado y declaraciones de agentes policiales. Las grabaciones muestran a las víctimas dentro del vehículo en el momento en que fueron atacadas. El Tribunal concluyó que los condenados formaban parte de la estructura criminal de “Aguacate”, cuyo objetivo incluía la ejecución de personas por encargo (sicariato).
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