El abogado Daniel Lobo Corbeta, representante del pastor José Insfrán, ahora recusó a los camaristas Andrea Vera, Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, por rechazar la recusación que presentó contra la jueza Rosarito Montanía.
El profesional del derecho defensor de Insfrán asegura que los camaristas protegen a la magistrada hasta el extremo de violar la Constitución Nacional en numerosas ocasiones, al no garantizar la imparcialidad.
Ahora será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que deberá destrabar el caso, resolviendo la recusación contra los camaristas recusados.
Días atrás, el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada, donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso para ilícitos, enmarcado en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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Presunta estafa en Asunción: pagó G. 8 millones por un mueble que costaba menos de la mitad
Una mujer denunció que compró un mueble a crédito por G. 3.906.000, pero terminó pagando G. 8.060.000 tras recibir presuntas amenazas y exigencias de dinero por parte de un supuesto abogado de la firma comercial.
El caso involucra al local Torres Comercial, que fue allanado por la Fiscalía, según informó Universo 970/Nación Media.
Según la denuncia, un hombre que se habría presentado como abogado la intimidaba con publicaciones en redes sociales y amenazas relacionadas con el colegio de su hija.
Durante una entrega vigilada, la mujer entregó G. 5.828.000, dinero que posteriormente fue recuperado por los intervinientes.
La Fiscalía incautó celulares y documentos para la investigación, mientras que una mujer fue detenida por presunta agresión a la fiscala y a un policía. Además, se emitió una orden de detención contra el hombre denunciado.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Ministerio de Trabajo abre concurso para cubrir 17 vacancias con salarios de hasta G. 6 millones
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una nueva convocatoria mediante concurso público de ingreso de empleados públicos (CPIEP) a fin de cubrir 17 vacancias en distintas áreas técnicas y profesionales, con remuneraciones que van desde G. 3.500.000 hasta G. 6.000.000. El periodo de postulación estará habilitado del 21 al 27 de octubre del 2026.
La convocatoria contempla oportunidades laborales en Asunción como así también en el Departamento de Boquerón y Presidente Hayes, además puestos vinculados a la fiscalización y la orientación laboral. Según informó la institución, el llamado busca fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la atención de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Entre los cargos disponibles se encuentra el de economista laboral junior, con una vacancia y una remuneración de G. 6.000.000. También habilitaron 10 puestos para profesionales de fiscalización junior con un salario de G. 5.000.000 cada uno.
En el área jurídica, se ofrecerá un puesto de abogado laboralista junior para la capital, con un salario de G. 4.800.000, y otros dos para Boquerón y Presidente Hayes, con un salario de G. 4.500.000. La lista incluye además, un profesional orientador social laboral, un fotógrafo y un asistente de control normativo laboral internacional.
Estos últimos cargos contarán con remuneraciones de G. 4.500.000, G. 4.500.000 y G. 3.500.000, respectivamente. Todos los puestos contemplan un vínculo mediante contrato temporal, conforme a las condiciones establecidas para el concurso.
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones de participación y las distintas etapas del proceso a través del portal oficial Paraguay Concursa, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en https://paraguayconcursa.mef.gov.py. La institución recomienda utilizar este canal para acceder a la información oficial y realizar el seguimiento de la convocatoria durante el periodo establecido.