El abogado Daniel Lobo Corbeta, representante del pastor José Insfrán, ahora recusó a los camaristas Andrea Vera, Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, por rechazar la recusación que presentó contra la jueza Rosarito Montanía.
El profesional del derecho defensor de Insfrán asegura que los camaristas protegen a la magistrada hasta el extremo de violar la Constitución Nacional en numerosas ocasiones, al no garantizar la imparcialidad.
Ahora será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que deberá destrabar el caso, resolviendo la recusación contra los camaristas recusados.
Días atrás, el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada, donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso para ilícitos, enmarcado en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
Podes leer: Detienen a joven que robó celulares mientras limpiaba oficina en Roque Alonso
Dejanos tu comentario
Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
Te puede interesar: Justicia ordena devolver a Canela con su familia biológica
Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
Podes leer: Mariano Roque Alonso: detienen a mujer que realizó presuntos actos de exhibicionismo
Dejanos tu comentario
La comunidad ayoreo Totobiegosode cuenta con su primer abogado, tras jurar ante la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.
Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.
Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.
Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.
“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.
Podes leer: San Alberto: hallan el cuerpo de un joven ejecutado en un arroyo
Dejanos tu comentario
El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
Dejanos tu comentario
Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
Lea también: Amarilla promete acabar con la “mafia de los bonos” en el PLRA
Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".