El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

Una jueza de Colombia declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, en un juicio que lo convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano.

El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.

Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.

• Fuente: AFP

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El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Fran­cisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional fir­mado con la República de Italia con el inicio de la titu­lación masiva de la emble­mática colonia Andrés Bar­bero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los pri­meros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como pro­pietarios legítimos de sus tierras.

Comentó que la importan­cia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los anteceden­tes como asentamiento, que datan de 1951, es decir, que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cua­tro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colo­nia que se destinó para asen­tamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el cientí­fico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregar títu­los de propiedad a las per­sonas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Bar­bero es un tema interna­cional. Se trata de la dona­ción del Gobierno de Italia que condiciona la regulari­zación de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titu­lación, estamos honrando este acuerdo internacio­nal, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.