El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) expuso los avances alcanzados por Paraguay en materia de transformación agraria durante la segunda edición de los Diálogos Interregionales y el Foro Mundial sobre Soluciones Políticas para la Agricultura Familiar, que se celebra en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia.

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, compartió con expertos de varios países del mundo la agenda de la “Nueva Ruralidad”, destacando que el desarrollo sostenible del campo paraguayo se sustenta actualmente en dos grandes factores estructurales. Por el lado de la oferta productiva, el objetivo es incrementar la productividad y el ingreso en favor de las familias rurales y por otro lado está el aumento de la demanda de los productos generados por las familias campesinas.

El foro es organizado, del 22 al 24 de junio, por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de Brasil, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ruiz Díaz explicó que, por el lado de la oferta, se busca mejorar la productividad y el ingreso de los campesinos, a través de la política de titulación masiva de tierras que brinda seguridad jurídica a las familias rurales y facilita el acceso al crédito y a las inversiones productivas.

Asimismo, destacó un aspecto importante de la titulación masiva que corresponde a la inclusión de las mujeres y el retorno de los jóvenes al campo. También se pretende fortalecer las alianzas público-privadas y la promoción del cooperativismo como herramientas para aumentar la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el campo.

El representante paraguayo comentó que la iniciativa sustentada en la Ley Hambre Cero genera una importante demanda de alimentos producidos por la agricultura familiar campesina, creando un círculo virtuoso que beneficia tanto a los estudiantes como a miles de pequeños productores.

Durante su presentación, el presidente del Indert sostuvo que Paraguay está consolidando un modelo de desarrollo rural que combina inclusión social, seguridad jurídica, producción y acceso a mercados, permitiendo que las familias campesinas sean protagonistas del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza en las zonas rurales.

Los líderes campesinos de la comunidad “Ada y Eva”, jurisdicción de San Alfredo, distrito de Naranjal, Alto Paraná, expresaron su satisfacción y apoyo a la actual administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por la masiva entrega de títulos de propiedad que se está cumpliendo con el gobierno del presidente Santiago Peña.

Así lo manifestó Eva González Morel, antigua y conocida líder de los vecinos del citado barrio, que aseguró que después de mucho tiempo, finalmente tienen las posibilidades de acceder al título de propiedad de sus tierras, que llevan esperando por décadas, hoy día bajo la gestión del actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

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“La masiva entrega de dicho documento por parte del Indert al agricultor nos hace ver de manera optimista nuestro futuro, ya que es la herramienta que necesitamos para acceder al crédito. En nuestra comunidad estamos muy felices”, expresó González Morel.

Recordó que su tierra fue expropiada por las leyes 344 y 537/95 y su expediente es el número 13.520/86 en las oficinas del Indert en Alto Paraná. Mientras que en Asunción, se encuentra bajo el expediente 135/98 caratulado Secretaría General Alto Paraná.

Mencionó que desde el año 2006, esas tierras fueron declaradas propiedad del Indert. Indicó que junto con su colega José del Carmen Samudio son los dos principales fundadores de dicha vecindad, asentada en 532 hectáreas de tierras expropiadas por el Indert y fraccionadas para la venta a sus 56 familias ocupantes.

En tanto, señaló que actualmente están asentadas ahí más de 100 familias, mencionando que estas familias terminaron de pagar unos 15 años atrás bajo recibo de dicha entidad estatal.

“Varias visitas a la oficina central del ente en Asunción para agilizar la titulación de la tierra a nombre de sus respectivos ocupantes no arrojaron los resultados aguardados. Es más, en al menos dos ocasiones, se estafó a los ya antiguos ocupantes prometiendo que el título ya se los entregaría, previo pago de sumas millonarias, que, esperanzados, los vecinos aportaron”, comentó.

No obstante, resaltó que hoy, enterada de la política del Poder Ejecutivo de facilitar masivamente los títulos de propiedades rurales, la líder vecinal afirmó que nunca recibió una noticia más alentadora que esta y que, por fin, los agricultores del barrio “Adán y Eva” creen posible el acceso al crédito bancario, logrado mediante su presentación al banco, como garantía de préstamo, con el cual adquirir sus primeros insumos y herramientas de trabajo.

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El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado ayer lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura. El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

“El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio” y “es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno”, dijo a la prensa Feijóo. “De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata”, sentenció el dirigente conservador.

La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, informó el poder judicial en un comunicado.

“Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.

El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.

El exministro denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.

La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.

Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.

Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política. Con este fallo, la justicia española cierra de momento la primera gran pieza del llamado “caso Koldo”, pero deja abiertas múltiples derivadas que seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.

Fuente: AFP.