El abogado Daniel Lobo, representante legal del pastor José Insfrán, procesado por lavado de dinero producto presuntamente del narcotráfico, solicitó a la jueza Rosarito Montanía que revea su determinación inicial de traslado a Emboscada de su representado y resuelva que Insfrán regrese a la Senad.
La defensa de Insfrán sostiene que las autoridades de la Senad mienten al mencionar que dicha institución no reúne las condiciones para poder albergar a un procesado.
Primeramente la jueza Rosarito Montanía deberá estudiar el pedido de la defensa de Insfrán y si la magistrada se ratifica en su determinación será un tribunal de apelación el que definirá si el pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada o regresa a la Senad.
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Días atrás el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la presente investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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Sobrina del exdiputado Lalo Gomes se entrega tras ser imputada por filtrar datos
Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años y sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades policiales en Pedro Juan Caballero. La mujer, sobre quien pesaba una orden de detención por presunta manipulación del sistema de justicia, se presentó ante las autoridades acompañada por su abogado defensor, Marco Antonio López Bogarín, e inmediatamente fue derivada a la capital del país.
La presentación se concretó en la sede de la Oficina Regional de Amambay del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. Según la hipótesis del Ministerio Público, Solís Gómez habría aprovechado su posición como asistente fiscal para acceder a información de carácter confidencial e interferir en favor de procesados vinculados a estructuras delictivas, contando además con supuestos nexos en la Defensa Pública y el Poder Judicial.
El caso forma parte de un operativo de mayor alcance liderado por un equipo de fiscales integrado por Ingrid Cubilla, Luis Said, José Martín Morínigo y Cristian Ortiz. Los investigadores imputaron a un total de cinco personas relacionadas al denominado “Clan Gomes”, señaladas por tejer una red de influencias institucionales que salpica a funcionarios judiciales y a mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
La pesquisa sostiene que el grupo filtraba datos reservados para entorpecer investigaciones estratégicas. Entre los hechos indagados sobresale la filtración detectada en el Operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023 para capturar a Ronaldo Mendes Nuñes, alias “Barba”, procedimiento que habría sido alertado previamente para evitar la detención del sospechoso y ocultar pruebas del expediente.
Las pruebas reunidas por la Fiscalía incluyen peritajes a dispositivos electrónicos, cruces de llamadas e informes de inteligencia institucional. Con base en estos elementos, la representación fiscal tipificó los hechos, de manera provisional, bajo las figuras de asociación criminal, frustración de la persecución penal, tráfico de influencias y omisión de evitar un hecho punible.
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Imputan a exjefes de la Senad por filtrar datos a Lalo Gomes
La carpeta fiscal describe una presunta estructura delictiva integrada por exfuncionarios antidrogas y una exauxiliar de la Justicia por filtrar datos al fallecido diputado vinculado al narcotráfico.
El Ministerio Público imputó a exaltos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y una exasistente fiscal que habrían proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La imputación describe una presunta estructura delictiva integrada por los citados exfuncionarios y la auxiliar de la Justicia.
Los imputados son Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exjefe de Inteligencia; el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de las Fuerzas Especiales; Alicia Marlene Vázquez, exjefa de Investigación de Crimen Organizado, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal. De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos habrían contribuido a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
PAVO REAL I
Por otra parte, en el caso Pavo Real I, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido en un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia Negla Poty.
La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad. Finalmente, sobre Helga Solís Gómez se sostiene que era una operadora de confianza del clan Gomes y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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Imputan a exjefes de la Senad y a una exasistente fiscal por filtrar datos a Lalo Gomes
El Ministerio Público presentó una imputación contra exaltos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y una exasistente fiscal que habrían proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La imputación describe una presunta estructura delictiva integrada por los citados exfuncionarios y la auxiliar de la Justicia.
Los imputados son:
- Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas
- Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exjefe de Inteligencia
- el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de las Fuerzas Especiales
- Alicia Marlene Vázquez, exjefa de Investigación de Crimen Organizado
- y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
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Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos habrían contribuido a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido en un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, se sostiene que era una operadora de confianza del Clan Gomes y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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