El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.

El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.

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El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.

Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.

Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.

Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.

La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.

Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.

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El Consejo de la Magistratura deberá remitir a la Corte Suprema de Justicia la conformación de varias ternas para los cargos del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, así como para el Tribunal de Apelación en lo Penal de Asunción, Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Central y Tribunal Electoral de la capital.

Una vez que la máxima instancia judicial reciba las ternas para los cargos mencionados más arriba, tendrá 30 días para designar durante la sesión plenaria de la Corte a los nuevos camaristas para los diferentes fueros.

El Consejo conformó la terna para el cargo de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de la capital, cuyos ternados son el cuestionado juez en lo civil y comercial Edgar Agustín Rivas Laguardia, quien en su momento ordenó de forma llamativa el remate de la estancia Cielo Azul del supuesto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en perjuicio de la Senabico; Arnaldo Martínez Rozzano, y la jueza del mismo fuero, Mafalda María Cameron Luque.

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Igualmente se integró la terna para el cargo vacante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala de Asunción: José Miguel Villalba Báez, Alejandra Magalí Zavala Ríos, y Emilce Rocío González Morel. Para el cargo vacante de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de Asunción, se integró con Antonia López de Gómez, Stella Maris Arminda Zárate González, y Carlos Alfredo Escobar Espínola.

Para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia quedó conformado con los postulantes Ingrid Susana Yambay Jacquet, Pili Rodríguez Ortellado y Lucila María Luisa Bajac Cazal.

Para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital, primera sala, el Consejo conformó la siguiente terna: Modesto Núñez, Rosa Fabiana Marín Ferreira y Nuria Reninseb Isnardi Martínez.

Asimismo, para miembro del Tribunal de Apelación primera sala, de la capital, la terna está integrada por: Gustavo Abraham Auadre Canela; el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, y la jueza Elsa Elizabeth Idoyaga Benítez. Igualmente, la terna para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación Penal primera sala, cargo vacante los ternados son; Sandra Patricia Silveira Benítez, Mario Camilo Torres Leguizamón, y Gloria Amanda Hermosa Fleitas.

Los ternados para el cargo de Cámara de Apelación en lo Penal cuarta sala son el juez de Sentencia, Manuel Aguirre Rodas, Adriana María Giagni Rojas, y la jueza Penal de Garantía, Alicia Verónica María Pedrozo Berni.

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La comisión de Defensa Nacional, Seguridad Interna y Orden público de la Cámara de Diputados convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para brindar información acerca de cómo está avanzando el anteproyecto de modernización del transporte público.

Al respecto, el diputado colorado Pedro Ortiz, quien preside esta mesa de trabajo, destacó que el Gobierno está encarando con mucha responsabilidad esta problemática del transporte público que afecta a una mayoría de la ciudadanía. Informó que el viceministro estuvo igualmente acompañado de sus asesores jurídicos y técnicos.

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“Nos brindó una información sobre el avance de este anteproyecto que será muy importante para nuestro país. Notamos que el viceministro está muy convencido de lo que nos ha manifestado, sobre una realidad nacional que estamos necesitando. Por lo que creo que el Gobierno nacional está encarando con mucha responsabilidad esta problemática que es el transporte público”, expresó.

A su turno, el viceministro Fernández señaló que próximamente se presentará al Congreso el proyecto de Ley, que busca ser una legislación moderna y que actualice el servicio brindando una mejor calidad al ciudadano.

Informó a los legisladores de la mesa asesora sobre los desafíos que están encarando con el estudio de este anteproyecto. Mencionó que la reforma del sistema de transporte público contempla varios ejes, entre ellas la revisión de la norma vigente que es la Ley 1590/2000, la cual consideran insuficiente para muchos desafíos que hoy son necesarios cambiar con el objetivo de la calidad del servicio.

“Lo que estaremos haciendo es presentar una reforma de la norma que sea moderna, que actualice y que tenga el foco en la calidad del servicio al ciudadano. Esta norma está contando con varios elementos innovadores, sobre cómo trabajar con un nuevo sistema de transporte público”, explicó.

Asimismo, señaló que esta reforma está contemplando los procesos de licitación para los operadores, igualmente contempla la forma que será financiado el sistema, desde el punto de vista de la trazabilidad de los fondos y que tiene que ver con la participación ciudadana.

“Planteamos la creación de un foro de participación ciudadana, para que el ciudadano tenga un empoderamiento en forma real y que vía online comente lo que sucede en el transporte público. Estamos en el proceso de generar nuevas áreas metropolitanas y una serie de acciones relacionadas con la gobernanza del sistema, con instancia de coordinación y planificación. Son varios focos de la reforma, pero el foco central es generar un sistema nuevo, moderno y su principal guía sea la calidad del servicio”, concluyó.

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La Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción convocó a los concejales municipales para aportar más información en el marco de los trabajos de investigación. El presidente de la comisión especial, el diputado Rodrigo Gamarra, indicó para La Nación/Nación Media que la convocatoria es para el martes 10 de junio.

“Ya le escuchamos al contralor, después vino el intendente con todo su equipo de trabajo, y ahora están citados con concejales municipales para el martes a las 7:30”, refirió el legislador. La comisión ya recibió las argumentaciones del contralor general de la República, Camilo Benítez, como solicitante de la intervención y al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, quien expuso sus argumentos en defensa a su gestión.

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Gamarra sostuvo que una vez que se finalice con las convocatorias, en este caso, con los concejales, la Comisión de Intervención evaluará todos los argumentos e informaciones para emitir un dictamen, a favor o en contra del pedido de intervención.

“Posterior a eso, si es que los colegas ya no solicitan otras reuniones u otras diligencias, probablemente la siguiente sesión podría ser para evaluar ya el dictamen, tendría que ser para el miércoles a más tardar, a no ser que se plantee otra cosa ahí, que los colegas planteen otra cosa y entre todos se decida adelantar, pero veo muy apretado”, refirió para LN.

El dictamen será elevado al pleno de la Cámara de Diputados, que deberá votar a favor o en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo.

De aprobarse, el proceso de intervención se dará en un plazo de 90 días, de constatarse las irregularidades apuntadas por la Contraloría General de la República (CGR), el pleno de la Cámara de Diputados deberá evaluar la destitución o no del intendente.

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