La jueza penal de Garantía Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de cuatro personas que están imputadas por estafa, en el caso conocido como venta de cargos en el IPS. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Los imputados en el presente caso son Fátima Agüero Stelhik, José Manuel Agüero, María Lujan Aguilera Chaparro y Jorge Aquino Riveros, quienes estarán privados de libertad por 15 días en varias comisarías para luego ser remitidos a una cárcel de nuestro país.
La jueza sostuvo que decretó la prisión de estas personas ya que los hechos imputados se enmarcan en los tipos penales de estafa y asociación criminal, por medio del cobro de sumas de dinero a cambio supuestamente de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos, situación grave, por lo que deben guardar prisión preventiva.
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Igualmente, en el presente caso fue detenido Eduvigis Espínola, quien sería funcionario permanente de la previsional. El mismo deberá declarar ante el Ministerio Público. Por su parte, la fiscala del caso Sandra Ledesma señaló que tenían información de que una de las imputadas se encargaba de reclutar a las personas y ofrecer los contratos.
“Tenemos inclusive una denuncia que ella había realizado en la comisaría el 4 de setiembre del 2023, en la cual menciona que se le había robado 137 millones de guaraníes que serían en concepto de pago para salarios a contratados del IPS, siendo que su función no es esa, y los funcionarios del IPS cobran en cheque o en tarjeta de débito. Llamó también la atención, audios de ella y mensajes con otros funcionarios donde (la detenida) se encargaba de la lista para que las personas obtengan sus contratos”, agregó.
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Rechazan arresto domiciliario para conductor ebrio que mató a un joven y decretan prisión preventiva
El juez penal de Garantías Ronald González decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez (37), el conductor ebrio que atropelló un automóvil estacionado en un semáforo causando la muerte de un adolescente de 17 años. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de concederle arresto domiciliario.
El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana sobre la avenida Mariscal López frente a un conocido shopping de San Lorenzo. Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo.
Como consecuencia del choque falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Iba a cumplir la mayoría de edad este jueves 5 de noviembre. Otros dos jóvenes que se encontraban en el vehículo resultaron heridos.
El hombre, abogado de profesión, fue imputado por la fiscal Mirta Rivas por homicidio culposo y exposición el peligro en el tránsito terrestre. Sin embargo, familiares del fallecido y de los demás lesionados, solicitaron a través de su defensor el cambio de carátula de la causa a homicidio doloso, atendiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.
En ese sentido, el resultado del alcotest al que fue sometido el imputado arrojó como resultado 0,972 miligramos de alcohol en sangre. El conductor colisionó violentamente contra el automóvil detenido en el semáforo ocasionando la muerte del joven estudiante e hiriendo a otras personas.
Además, no socorrió a las víctimas. “Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos”, comentó Bianca González, quien iba como copiloto del automóvil que fue embestido y aunque sobrevivió también resultó con algunas lesiones a causa del impacto.
El imputado permanecerá inicialmente en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos, donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La tragedia generó indignación y reclamos de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima, quienes exigen que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Unidos por el amor a los animales: lanzaron nueva edición del calendario y agenda solidaria 2027
Este jueves, se presentó el Calendario Solidario 2027: “12 meses para cambiar historias”. Mediante la venta de los calendarios y agendas se busca sostener el trabajo de rescate en las calles, así como también concientizar sobre las castraciones masivas. El objetivo de la nueva edición es duplicar el impacto alcanzado en la campaña anterior.
En el acto se lanza oficialmente el calendario solidario y la agenda para el próximo año, que ya están a la venta y buscan sostener los rescate de animales que están en las calles. Además, de concientizar sobre la importancia de la castraciones masivas como método de control poblacional.
El proyecto es impulsado por Silvia Céspedes junto a la organización Un Policía Rescata y con el respaldo de la Embajada de Taiwán. La iniciativa busca comprometer a la sociedad y recaudar fondos para financiar castraciones, herramienta definitiva contra el abandono y el sufrimiento de los animales.
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Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de Carlos Ruiz, de la organización Un Policía que Rescata. Ruiz expuso la realidad del trabajo de rescate en las calles y enfatizó la urgencia de implementar las jornadas de castraciones masivas para detener la reproducción descontrolada.
El costo del calendario solidario de 2027 es de G. 50.000 y de la agenda de G. 100.000 y desde la fecha ya se encuentran disponibles para todo el público interesado. Todo lo recaudado por la venta de estos materiales será destinado íntegramente a costear tratamientos médicos, rescates y operativos de esterilización gratuita en diversos puntos del país.
Se trata del segundo año consecutivo de esta campaña que está ayudando a la castración de miles de animalitos y llegar a esos rincones donde nadie llega. Con el calendario 2026 llegaron a castrar 4.200 perros y gatos, pero la meta con el calendario 2027 es llegar a 10.000.
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Cuatro detenidos van a prisión por contrabando de acetato de etilo con destino a Bolivia
La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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