El exintendente de la ciudad de Lambaré, Roberto Cárdenas, fue condenado en el transcurso de este miércoles por el tribunal de sentencia a 4 años de prisión por lesión de confianza, por solicitud de las fiscalas Teresita Torres y Carina Sánchez.
La sentencia se centra en el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré, ocurrido en el año 2015, ocasión en que varios alumnos y una docente quedaron inconscientes, con graves heridas. El incidente fue producto de una presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En ese entonces, una parte del estudiantado fue trasladado al Hospital de Lambaré y el otro al entonces Centro de Emergencias Médicas, actualmente Hospital del Trauma. En la acusación formulada por el Ministerio Público, se hizo mención a un daño patrimonial por G. 266.730.000.
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Otros condenados
Además del dirigente político, también fue condenado por el tribunal a 3 años de prisión Guido Fernando Salcedo, exadministrador del citado colegio y a 2 años con suspensión a Vicente Acosta Gibbons, quien se desempeñaba como director. Mientras que Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó los planos de las aulas, fue absuelto.
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Fiscalía señala avances en rosario de causas por corrupción contra Miguel Prieto
El fiscal Silvio Corbeta indicó que se elevaron a juicio dos de las causas que lleva sobre cerca de cincuenta denuncias de irregularidades en la administración de Miguel Prieto en la intendencia de Ciudad del Este, mientras otras causas están en proceso de investigación.
“Nosotros tenemos varias causas, tenemos actualmente dos causas ya elevadas a juicio oral, que es el caso de Tía Chela y el caso Tajy, tenemos la tercera causa con próximo requerimiento conclusivo que se relaciona al hospital de contingencia, tenemos en investigación la causa de la costanera y también del presunto cohecho, y otras causas más relativas a la administración”, indicó este viernes el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que otras unidades también llevan otras causas, en total son 49 denuncias por irregularidades en su gestión. “Tenemos el caso de la Navidad Sustentable del año 2024, y hay otras causas que están en el otro equipo de trabajo designado por la Fiscalía General, también de la unidad de Delitos Económicos, y el resto de las causas tengo entendido que están en Ciudad del Este”, refirió.
El agente fiscal defendió el trabajo de investigación que vienen realizando en todos los casos denunciados, y aseguró que en los casos que corresponden se llevaron adelante el proceso de investigación y en aquellos que no se cuentan con elementos suficientes fueron desestimados, rechazando el discurso de persecución contra Prieto.
“Nosotros hemos solicitado la desestimación de en tres investigaciones y justamente, si nosotros faltáramos a la objetividad, que constantemente se utiliza como argumento defensivo, nosotros no íbamos a estar solicitando estas desestimaciones que consideramos que no existen elementos suficientes”, aseveró.
Aseguró que los fiscales están llevando adelante un trabajo serio, desmontando los ataques de la defensa. “En unos casos si, y en otros casos no existen elementos o conductas penalmente relevantes, eso refleja justamente que nosotros somos agentes fiscales que nos basamos estrictamente en lo jurídico y no en circunstancias externas que constantemente somos objetos de ataque, principalmente sobre mi persona”, sentenció.
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Consejo de Salud: fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, este viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once los procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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Consejo de Salud: séptima procesada admite supuesto daño patrimonial de Prieto
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, tras admitir los hechos investigados en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, que salpica al exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, quien también imputado en esta causa.
A través de los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Corrupción, se solicitó la abreviación del plazo procesal por un período de prueba de un año, para una procesada en el marco de la causa que investiga un supuesto perjuicio de G. 505.154.095 relacionado con obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este, durante la gestión de Miguel Prieto.
El pedido fue presentado ante el juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno, en el marco de la causa abierta por supuesta lesión de confianza, fundamentando que “la procesada reconoció los hechos investigados, aportó información que contribuyó a la investigación y solicitó acogerse a la suspensión condicional del procedimiento”.
“En el caso específico de Cinthia Noelia Alen Guerrero, la misma no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal. Por consiguiente, se concluye que no contaba con la posición de garante del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este; no obstante, prestó su aporte doloso para que se configure el resultado típico, exigencia requerida para atribuir la calidad de cómplice”, señala el documento.
Los fiscales agregan en la solicitud que “según informes remitidos por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la procesada, licenciada en Ciencias Contables, no registraría compras de materiales ni bienes utilizados para la construcción”, por lo que “este elemento robustecería la hipótesis de que estaría inscripta en una actividad comercial correspondiente al ‘rubro de la construcción’, mientras que su actividad comercial efectiva estaría vinculada a la contabilidad”.
El informe técnico elaborado por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, las obras que debían realizarse en 2020 en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional no se adecuarían a lo pagado por el Consejo Local de Salud con recursos municipales. También señala que “de haberse efectuado los controles correspondientes por parte de la Municipalidad, el consecuente perjuicio no habría ocurrido”.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.