Fiscalía tiene seis meses más para investigar al intendente Prieto
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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por Arnaldo Fleitas, José Waldir Servín y Belén Agüero, hizo lugar a la prórroga de seis meses para seguir investigando al actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por el delito de lesión de confianza. El pedido fue solicitado por el fiscal del caso Silvio Corbeta.
El próximo 19 de enero, el Ministerio Pública debía presentar su acusación, pero como el presente caso es muy complejo, el fiscal pidió seis meses más de tiempo para poder cerrar la presente investigación. El jefe comunal esteño fue imputado el 19 de julio de 2023 por una supuesta compra ficticia de kits de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia.
Con la determinación adoptada por los integrantes del tribunal de alzada, el Ministerio Público tiene hasta el próximo 19 de junio para poder presentar su requerimiento conclusivo, que puede ser la acusación y el pedido de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público, o se pide una salida procesal para el imputado.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas, imputaron a Prieto luego de detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna esteña por un valor de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para las familias humildes durante la pandemia del covid-19, que en Paraguay aconteció desde marzo del 2020. Según la Fiscalía, la compra de los kits de alimentos se generó vía excepción y la firma beneficiada fue Tía Chela SRL.
Un panel de expertos de la OEA instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a centrarse en personas “específicas” y “perpetradores de nivel medio y alto” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para emitir “órdenes de arresto”. “Las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país”, afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del tercer informe del panel de expertos independiente que analiza la posible comisión de este tipo de actos en Venezuela desde 2017.
En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y “las conclusiones son en realidad bastante chocantes”, afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.
“Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (...) de exigir responsabilidades” y en estas circunstancias la intervención de la fiscalía de la CPI “es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió.
El panel recomienda al fiscal de la CPI que “se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto”, dijo.
Dispositivos del clan Rotela podrían revelar una serie de hechos punibles
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El Tribunal de Apelación ratificó la orden judicial mediante la cual se dispone la extracción de datos de más de 300 dispositivos incautados del poder del clan Rotela en el operativo Veneratio. El juez José Agustín Fernández indicó que decidieron ratificarse debido a la relevancia de los datos que podrían obtenerse en todos los aparatos electrónicos.
“Esos documentos incautados son valiosísimos porque sabemos todo lo que implica esa vida que se lleva en los centros penitenciarios y los usos que tienen estos materiales electrónicos, además de la vinculación que podría tener con una serie de hechos punibles, entonces por eso se pidió esa autorización judicial. Se manifestó la oposición de parte de los propietarios, en este caso los investigados, y nosotros ratificamos la medida otorgada por el juez”, sostuvo.
En el operativo se incautaron 308 celulares, dos tablets, 10 pendrives, dos notebooks y dos computadoras, por lo que el Ministerio Público solicitó que estos dispositivos puedan ser revisados en el marco de la investigación abierta contra los integrantes del clan. El juez afirmó ante la 650 AM que el Tribunal entendió la importancia de acceder a los datos que contienen los dispositivos.
“Es lo que sencillamente la lógica y el sentido común imponen y mucho más las leyes procesales que autorizan en virtud a los principios que rigen, en este caso, el material probatorio, porque estos van a ser instrumentos de prueba y esto fue lo que decidimos por unanimidad”, indicó el magistrado quien integra el Tribunal.
Los demás miembros del Tribunal de Apelación son Delio Vera Navarro y Viviana Benítez quienes estuvieron de acuerdo en ratificar la autorización para la extracción de datos los celulares, computadoras y otros dispositivos. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López.
Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
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El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
El Tribunal de Apelación otorgó seis meses más de tiempo para investigar a dos exfiscales por recibir regalos del supuesto narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Foto: Jorge Jara
Fiscalía investigará por seis meses más a exfiscales por recibir regalo de supuesto narco
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La Cámara de Apelación otorgó seis meses más para seguir investigando a Hugo Volpe y Armando Cantero, imputados por cohecho pasivo, soborno agravado y otros delitos, por presuntamente beneficiar al supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo es el 1 de setiembre de este año.
El pedido del Ministerio Público fue para seguir recolectando información adicional, proveniente de las declaraciones de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y María Alciris Cabral, ambos con domicilio en territorio de la República Federativa de Brasil.
Actualmente ambos procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión y a la espera del presente proceso penal. El juez del caso es Humberto Otazú, quien una vez que se presente el requerimiento conclusivo deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los dos procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Imputación
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia presentaron imputación por soborno agravado a Armando Cantero, por recibir una costosa lapicera y USD 10.000, del supuesto pez gordo del narcotráfico, Sergio De Arrua Quintiliano Neto, alias “Minotauro”. El exfiscal antidrogas, Hugo Volpe, fue procesado por cohecho pasivo agravado por recibir de coima una “pluma estilográfica y sus accesorios”, adquirida por G. 6.087.445, para archivar una causa contra el narco.