El senador liberal, Eduardo Nakayama sostuvo que está a favor de crear el Ministerio de Minas y Energía, al que calificó de muy necesario para el Estado para conocer con exactitud qué se tiene bajo suelo. Mencionó que mantuvo reuniones con miembros de la Cámara de Comercio paraguayo-alemana y con los japoneses, quienes están muy interesados en hacer un mapeo completo del potencial minero del país y empezar la explotación.

El legislador explicó durante una entrevista en radio 1020Am, la necesidad de conocer a ciencia cierta qué es lo que hay bajo el suelo del territorio paraguayo.

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“He dicho siempre que nosotros necesitamos un Ministerio de Minas y Energía, uno verdadero y no es que a lo de Milei, vamos a sacar los ministerios; hay ministerios que son necesarios y uno de ellos es este. Tenemos que hacer ese mapeo como dijeron los japoneses y alemanes; porque de lo contrario estamos totalmente ciegos, no sabemos qué tenemos bajo el suelo”, explicó.

Dijo además, que sobre la superficie se conocen las riquezas que se tiene, la producción de granos, generación de energía hidroeléctrica; pero se desconoce qué hay bajo el suelo, pero de existir riquezas podría quintuplicar las ganancias que luego se invierta de vuelta en fondos de salud, educación, infraestructura.

Cuestionó que hoy en día, lo que se está haciendo es vender los cuadrantes territoriales, pero a empresas locales, que no cuentan con conocimiento minero y que cuando empresas entendidas extranjeras buscan invertir en el país se encuentran con condiciones impuestas por los que ya son propietarios de esos cuadrantes.

“Ellos no permiten que entren las inversiones, y si es que permiten a aquellos que realmente tienen el conocimiento, exigen el pago de algún tipo de peaje y les deja explotar la minería. ¿A quién le vamos a hacer explotar uranio o tierras raras? No tenemos capacidad", acotó.

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Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.

En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.

Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.

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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.

Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.

Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.

“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.

Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.

En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.

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Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.

La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.

Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.

Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.

Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.

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Una delegación de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES) y del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) de República Dominicana inició este jueves una misión en Paraguay para conocer la implementación del programa Hambre Cero en las Escuelas y recoger experiencias que puedan contribuir al fortalecimiento de su propio sistema de alimentación escolar.

La visita, que se extenderá hasta mañana 18 de setiembre, permitirá conocer de cerca el modelo paraguayo, desde su gestión y financiamiento hasta la planificación de los menús, la logística y distribución de alimentos, las compras públicas de productos provenientes de la agricultura familiar y la articulación de la alimentación con las políticas de salud escolar.

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Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con autoridades involucradas en la implementación del programa, destacó el liderazgo del presidente de la República, Santiago Peña, en la puesta en marcha y consolidación de Hambre Cero, señalando que la experiencia paraguaya despierta hoy el interés de otros países como un modelo de política de alimentación escolar con potencial para ser replicado y adaptado a otras realidades.

Durante las jornadas, la delegación dominicana analizará los mecanismos de gestión y financiamiento, los marcos normativos y los procesos de almacenamiento, distribución y control que forman parte de la implementación del programa.

Uno de los principales puntos de observación será el sistema de compras públicas a la agricultura familiar, que vincula la provisión de alimentos escolares con productores locales.

La agenda contempla además visitas a instituciones educativas y encuentros con agricultores que proveen materias primas para la preparación de los alimentos.

La misión conocerá igualmente las experiencias de salud escolar y los mecanismos de coordinación entre los sectores de educación y salud, con el propósito de identificar prácticas que puedan ser incorporadas al Programa de Alimentación Escolar de República Dominicana.

La misión cuenta con el acompañamiento de las representaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Brasil y Paraguay, y con el apoyo del Gobierno de Brasil, a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE).

Por Paraguay participan el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones vinculadas a Hambre Cero, en un intercambio que permite compartir la experiencia desarrollada por el país y fortalecer la cooperación internacional en torno a políticas de alimentación y bienestar escolar.

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