Este viernes, la Policía Nacional logró detener al cajero del local de cobranza, donde una mujer intentó cobrar la suma de G. 43 millones y que fue chequeado, pero no pudo acceder al dinero. El hombre es acusado por supuesta apropiación indebida, ya que el dinero fue transferido a siete cuentas que ya fueron identificadas.

Según el reporte policial, tras una serie de investigaciones, procedieron a la detención de Alexis Joel Medina Fernández, de 26 años, mientras circulaba en la vía pública en la intersección de las calles Mariscal Estigarribia y Constitución, en la zona alta de la ciudad. El procedimiento se realizó en cumplimiento del oficio N.° 224/2025 en el marco de la causa por supuesto hecho punible de apropiación.

“Luego de levantar ciertas evidencias, la Fiscalía ordenó la detención de este cajero Alexis Maidana. Él violó totalmente el derecho de la víctima y de la empresa, cosa que no tenía que pasar y que quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad del local de cobranzas”, explicó el comisario Hugo Rolón, jefe del departamento de Delitos Económicos, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.

Te puede interesar: IPS genera USD 49 millones mensuales, pero gasta 51 millones, según gerente

Expresó que lograron incautar el aparato celular del hombre y que este habría tomado fotos de la cédula de identidad de la mujer, que aparentemente fue compartida a otras personas. “Entró al sistema de la empresa cosa que no tenía que hacer, primero tenía que revisar si tenía disponible esa cantidad de dinero que debía retirar la mujer. Luego le dijo a la cliente que no tenía el dinero, creemos que compartió ciertos datos para que se realice el desvío de dinero”, apuntó.

Agregó que tienen identificada a siete personas que estarían involucradas que habían recibido el dinero. “El dinero se envió mediante cuentas corrientes a siete personas y seguimos con la investigación. Todo el dinero se envió en zona de Itapúa, pero aún nos falta investigar si el dinero sigue en las cuentas de estas personas”, puntualizó.

Lea tambien: Activan protocolo de protección a la mujer tras denuncia de agresión

La Policía Nacional está investigando un presunto hecho de estafa contra una mujer que denunció que debía cobrar más de 40 millones de guaraníes, realizó la transacción, pero no recibió el dinero. En el caso estaría involucrado un funcionario del local de cobros que opera en la ciudad de Encarnación y se presume que habría desviado el dinero.

Según el reporte policial el hecho se registró durante la tarde de ayer miércoles, en un conocido local y que es muy concurrido por personas que reciben dinero del exterior. En este caso la mujer identificada María Mediana debía retirar un total de G. 43 millones, pero que tras realizar la transacción no pudo retirar la suma de dinero y al consultar si tenía algún monto a su nombre no figuraba nada.

“Estaríamos ante un hecho de estafa o desvío de dinero. La mujer llegó a este local que opera con la plataforma Western Union con la intención de retirar ese dinero y fue atendido por un funcionario el retiro fue chequeado, en ese momento no tenía el monto que la mujer debía retirar”, detalló el comisario Hugo Rolón, en entrevista con la corresponsal Rocío Gómez, de Nación Media.

Leé también: Realizan jornada de vacunación gratuita en Nación Media

Afirmó que como no tenían el dinero la víctima fue hasta otro local, donde realizaron el mismo protocolo y para la sorpresa de la mujer le dijeron que esa plata ya se había retirado. “En este otro local le manifestaron que ese dinero ya se retiró o que ya se hicieron varias transacciones, por giros, cuenta corrientes y retiro en efectivo”, expresó.

Agregó que se presume que el dinero fue desviado de forma irregular, que podría tratarse de la persona que trabaja en dicho establecimiento, ya que supuestamente habría anotado el código de recepción de dinero y sacado fotos a la cédula de la afectada. Así también, la misma persona que le envió el dinero u otro extraño.

“Estamos esperando que la víctima nos brinde mayores datos para seguir con las investigaciones junto con el Ministerio Público. Ella manifestó que este dinero recibió por parte de un familiar que está en Argentina y que habría vendido su casa”, puntualizó.

Te puede interesar: MEC anuncia alianza público privada para impulsar el uso de tecnología

El fiscal Rodrigo Vázquez confirmó que apelará el fallo del tribunal de sentencia que otorgó el sobreseimiento al docente de Villarrica acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años. Defendió su actuación señalando que presentó todas las evidencias sobre el caso que aparentemente no fueron consideradas por los integrantes del máximo tribunal.

“Fue un caso muy sonado a nivel nacional y estuve leyendo la sentencia hace dos días me habían notificado. Estoy analizando bien, pero sí voy a estar recurriendo”, señaló este jueves el agente fiscal al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Te puede interesar: Docente envió 600 mensajes a alumna de 11 años, pero juez culpa a la fiscalía por “falta de pruebas”

El agente del Ministerio Público rebatió las afirmaciones del presidente de la tribunal de sentencia, el magistrado Julio Alfonso, quien alegó la falta de pruebas fehacientes para sostener la acusación contra el docente investigado.

“La prueba se produjo en el juicio. O sea que ellos tuvieron la inmediatez, vieron la captura de pantalla. Declaró la nena, cámara Gesell, la mamá. O sea sí se produjo la prueba, todas las capturas, audios, fotos se produjeron en juicio, la cual asentó en sentencia”, manifestó.

El abogado explicó que en la acusación se incorporaron algunos mensajes que se configuraban dentro del tipo penal. “Ellos vieron por la inmediatez, o sea tuvieron conocimiento. El presidente no puede decir que no vio. O sea que ninguno de los miembros puede decir que no se exhibió los mensajes”, ratificó.

El fiscal afirmó que no quiere debatir la interpretación, al mismo tiempo de insistir que se colectaron todas las pruebas y presentadas para su consideración por los magistrados. “Con esas pruebas creemos que sí se configuraba el tipo penal. Que sí se probó el hecho punible. Que el Tribunal haya interpretado de otra manera, por esa razón vamos a estar apelando”, remarcó.

Leé también: Parkinson: la enfermedad neurodegenerativa que puede afectar a partir de los 60 años

Luego de presentar una innumerable cantidad de chicanas por más de trece años con los demás procesados, el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, obtuvo una resolución a medida, atendiendo a que la jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.

La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia con lo que el presente caso queda impune.

En su momento y con la ayuda de algunos ministros de la Corte que hoy ya no forman parte de la máxima instancia judicial, Filizzola logró anular la acusación original y otras resoluciones en torno al presente caso, por lo que el presente proceso nunca se pudo discutir en un juicio oral y público.

Te puede interesar: Imputan por intento de homicidio al hombre que atacó con machete a adolescente

En el presente caso se presentó la acusación contra Filizzola y otros procesados en fecha 23 de mayo del 2014, por parte de los entonces fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera. Se fijó la fecha para la audiencia preliminar donde se decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público.

Luego, la defensa de Filizzola y demás procesados recurrieron a la sala constitucional de la Corte buscando dejar sin efecto la resolución judicial que había elevado a juicio oral. Los integrantes de la Corte que favorecieron a Filizzola y demás procesados fueron Sindulfo Blanco, Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró entonces la máxima instancia judicial.

Los españoles que estaban procesados con Filizzola fueron Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova. La acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Juan Ernesto Villamayor –a quien el presidente electo Mario Abdo Benítez designó como ministro del Interior–, a más de sus colegas Sergio Coscia, bajo patrocinio de Bettina Legal.

Podes leer: impio: atrapan a hombre que acuchilló a su amigo tras ronda de tragos