El Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Claudia Criscioni, decidió este miércoles absolver a Mario Vega, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acusado por el supuesto desembolso de G. 300 millones para la construcción de pozos a la Fundación Lambaré sin documentación. Otros dos acusados recibieron condenas.
Tras dos horas de presentación de argumentos, el tribunal emitió su fallo por unanimidad a favor de Vega, que afrontaba siete tipos penales y el pedido de condena de 9 años de cárcel de parte del fiscal Luis Said. El representante legal del exfuncionario público indicó que fueron 4 años de proceso y 9 meses de juicio hasta este resultado, que calificó de “histórico”, en un contacto del periodista Aldo Insfrán para “Arriba hoy” por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Vega estaba imputado y procesado por presunta lesión de confianza en la causa de los pozos por G. 300 millones; por cobro indebido de honorarios, en relación al manejo de uso del dinero de la caja chica; por estafa en el pago de las obras, que fue el generador del conflicto; así como soborno o cohecho, y por asociación criminal, hechos que los jueces no encontraron pruebas sólidas.
En tanto, el exfuncionario del Indert, Diego Armindo de los Ríos, fue hallado culpable de cohecho pasivo y recibió una condena de dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, por lo que no pisará el penal de Tacumbú; así como Pedro Benítez, de la Fundación Lambaré, que recibió la misma condena con similar suspensión, por soborno agravado.
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“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal”, dice titular del Indert
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, habló sobre la importancia de la titulación de tierras en Paraguay.
“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal, económico, social y político”, señaló a la 1140AM.
Aseveró que la formalización de la tierra representa una herramienta clave para el acceso a derechos, financiamiento y desarrollo productivo en el sector rural.
“Junto con el presidente de la República pusimos en marcha un proyecto realmente transformador porque transforma vidas, comunidades, la sociedad y el país”, expresó.
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Afirmó que de esta manera el Gobierno cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el objetivo de la Reforma Agraria es la integración del campesinado al desarrollo económico y social de la Nación.
“Entonces, pusimos en marcha algo que le llamamos titulación masiva, aplicamos nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y esencialmente estamos impulsando que todas esas propiedades que han sido adquiridas por el Estado -que tiene como propósito lograr que se desarrolle la agricultura familiar campesina, la economía rural- pasen a manos de sus verdaderos ocupantes”, puntualizó.
Dijo que sin el título de propiedad de nada sirve impulsar políticas públicas. “Porque el título de propiedad es un activo que le permite a él integrarse plenamente al sistema económico y formal”, enfatizó.
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Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
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Marset renuncia a juicio rápido y se presentarían otros cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció el pasado miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para la preparación de una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por OCCRP (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
ROPA DE PRISIÓN
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
ANTECEDENTES
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como A Ultranza Py, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Afirman que EPP sigue vigente aunque muy disminuido
El ministro de Defensa, Óscar González, afirmó que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sigue activo, aunque debilitado, pero no desapareció. Dijo que el grupo habría migrado hacia el departamento de Canindeyú.
“Lo que resta del EPP es que sigue vigente, aunque estén muy disminuidos, habrían migrado hacia el departamento de Canindeyú”, señaló a la 650AM.
Según el ministro, el EPP no está vinculado a asesinatos ni robos en esa región del país. “El crimen que se cometió no se les puede atribuir, está prácticamente aclarado de que no fue el EPP”, expresó.
“Existen varios grupos criminales en la zona, por eso es que hay que tener cuidado siempre para aseverar que haya sido este u otro grupo el que haya cometido algunos hechos ilícitos”, añadió.
Con respecto al secuestro del joven Almir de Brum, el general Óscar González aseguró que siguen las investigaciones sobre el caso.
“Estamos trabajando intensamente en inteligencia, sobre todo por el tema del secuestro que está vigente en Canindeyú”, refirió.
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Gobierno dice que formalización de la propiedad es la herramienta para erradicar pobreza
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, afirmó que la formalización de la propiedad es la herramienta para erradicar la pobreza.
Es por ello que el ente está abocado a la titulación masiva de inmuebles a favor de las familias que llevan varios años luchando por la legalización de sus terrenos donde están asentados sus hogares.
“La mejor forma de combatir la pobreza es titulando. Es una política del presidente Santiago Peña que bajó a 50 % el valor de los lotes en beneficio de la mujer”, señaló Ruiz Díaz en un vídeo socializado en redes sociales.
Sobre el punto, el titular del Indert explicó que con la reducción del precio a la mitad del valor real “hoy seis de cada diez títulos se están entregando a favor de las mujeres”.
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Un acontecimiento histórico que se dio a conocer recientemente es precisamente la titulación masiva en la colonia Araújo Cué, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Luego de 37 años de espera y lucha silenciosa, los pobladores de este asentamiento rural transformaron sus ilusiones en esperanza.
Ese sueño de acceder a un lote donde construir un hogar se concretó en este gobierno, tras una larga postergación que afectó a varias generaciones.
Las autoridades del Indert manifestaron que no solo se trata de la titulación, sino de “devolver tranquilidad, dignidad y heredar seguridad a los hijos” de estas familias solicitantes.
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