El Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Claudia Criscioni, decidió este miércoles absolver a Mario Vega, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acusado por el supuesto desembolso de G. 300 millones para la construcción de pozos a la Fundación Lambaré sin documentación. Otros dos acusados recibieron condenas.
Tras dos horas de presentación de argumentos, el tribunal emitió su fallo por unanimidad a favor de Vega, que afrontaba siete tipos penales y el pedido de condena de 9 años de cárcel de parte del fiscal Luis Said. El representante legal del exfuncionario público indicó que fueron 4 años de proceso y 9 meses de juicio hasta este resultado, que calificó de “histórico”, en un contacto del periodista Aldo Insfrán para “Arriba hoy” por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Vega estaba imputado y procesado por presunta lesión de confianza en la causa de los pozos por G. 300 millones; por cobro indebido de honorarios, en relación al manejo de uso del dinero de la caja chica; por estafa en el pago de las obras, que fue el generador del conflicto; así como soborno o cohecho, y por asociación criminal, hechos que los jueces no encontraron pruebas sólidas.
En tanto, el exfuncionario del Indert, Diego Armindo de los Ríos, fue hallado culpable de cohecho pasivo y recibió una condena de dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, por lo que no pisará el penal de Tacumbú; así como Pedro Benítez, de la Fundación Lambaré, que recibió la misma condena con similar suspensión, por soborno agravado.
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L-Gante, condenado por amenazas y absuelto por secuestro
El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.
“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.
L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.
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“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.
El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.
Fuente: AFP.
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Histórica entrega de título de propiedad al Indert
La jornada de Gobierno que se llevó a cabo en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, se constituyó en un día histórico para todo el país ya que luego de 12 años se procedió a la entrega simbólica del título de propiedad al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de las tierras que eran conocidas como ex-Marina Cué y hoy Colonia San Óscar Romero.
En ese lugar, años atrás se produjo uno de los hechos más nefastos de la era democrática, el enfrentamiento entre campesinos y fuerzas del orden en la lucha por la tierra.
Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, destacó que los pobladores reciben de manos del mandatario el título de propiedad de la Colonia San Óscar Romero para dar inicio a la reforma agraria. Anunció que en diciembre próximo, el Indert estará listo para entregar los títulos de propiedad a cada uno de los colonos beneficiarios.
Al respecto, Ruiz Díaz sostuvo que solo de esta forma se puede combatir la inseguridad y es entregando los títulos de propiedad. El siguiente paso será la pacificación y posteriormente ya se puede hablar de desarrollo y con eso, de una vida digna. Y con ello, esta comunidad va empezar a hablar de desarrollo económico y social.
“Sabemos que Canindeyú está pasando por problemas de seguridad y orden público, como bien indicó el gobernador, y de acuerdo a experiencias en otros países, este problema se puede combatir, no comprando más armas o municiones, sino entregando títulos de propiedad a los campesinos, con eso se está pacificando la región. Posteriormente ya se puede hablar de desarrollo y con eso viene la vida digna”, expresó.
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Con la titulación de tierras viene la pacificación y luego el desarrollo, destacan desde el Indert
La jornada de Gobierno que se llevó a cabo en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, se constituyó en un día histórico para todo el país ya que luego de 12 años se procedió a la entrega simbólica del título de propiedad al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de las tierras que eran conocidas como exMarina Cué y hoy Colonia San Óscar Romero.
En ese lugar, años atrás se produjo uno de los hechos más nefastos de la era democrática, el enfrentamiento entre campesinos y fuerzas del orden en la lucha por la tierra.
Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, destacó que los pobladores reciben de manos del mandatario el título de propiedad de la Colonia San Óscar Romero para dar inicio a la reforma agraria. Anunció que en diciembre próximo, el Indert estará listo para entregar los títulos de propiedad a cada uno de los colonos beneficiarios.
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Al respecto, Ruiz Díaz sostuvo que solo de esta forma se puede combatir la inseguridad y es entregando los títulos de propiedad. El siguiente paso será la pacificación y posteriormente ya se puede hablar de desarrollo y con eso, de una vida digna. Y con ello, esta comunidad va empezar a hablar de desarrollo económico y social.
“Sabemos que Canindeyú está pasando por problemas de seguridad y orden público, como bien indicó el gobernador, y de acuerdo a experiencias en otros países, este problema se puede combatir, no comprando más armas o municiones, sino entregando títulos de propiedad a los campesinos, con eso se está pacificando la región. Posteriormente ya se puede hablar de desarrollo y con eso viene la vida digna”, expresó.
Mencionó que luego de eso, se puede pensar en cómo salir de la pobreza, a partir de la entrega de la titulación. Comentó la experiencia que está viviendo una comunidad vecina, Yasy Kañy, que ha logrado la entrega de títulos de propiedad del 100 % de sus pobladores, y hoy ya no pelean por ese pedazo de tierra, sino que ya están buscando la presencia de otras instituciones del Estado, como la Ande, Obras Públicas, Ministerio de Agricultura para lograr el desarrollo de su comunidad.
Voluntad política sana heridas
Por su parte, Darío Acosta, presidente de la comisión de Fomento de Marina Cué, agradeció la voluntad política del presidente Santiago Peña, que permite que la mayor parte de la herida de más de 12 años está curada.
También agradeció a las autoridades del departamento, así como al ministro de Deportes, César Ramírez, y a la diputada Cristina Villalba, porque dijeron sí al apoyo para la regularización de tierras en Marina Cué, al igual que a todas las instituciones públicas que cooperan para la formalización de esa zona.
“Esta voluntad política está curando una parte importante de esa herida de casi 13 años gracias a que las instituciones del Estado están llegando junto a nosotros en nuestra comunidad. Ahora, podemos estar tranquilos con nuestros seres queridos a quienes enterramos inocentemente por querer un pedazo de tierra. Hoy las políticas públicas están funcionando y los funcionarios ya están trabajando en nuestra comunidad”, enfatizó.
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Condenan a expolicía de la dictadura uruguaya por crimen con vino envenenado
Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados ayer sábado. Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado “en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio”, de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre.
Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de setiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.
“A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo JUSTICIA. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”, escribió el sábado en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber. La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978.
Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.
La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.
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El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, “estrechamente comprometidos” con violaciones a los derechos humanos y con “razones serias” para atentar contra quienes promovían un cambio político.
Según Perciballe, “no cabe lugar a dudas” de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.
Fuente: AFP.