El juez Humberto Otazú ratificó la prisión preventiva del agente policial de la Interpol Paraguay, Hugo Vallejos Rivas, imputado penalmente por levantar el código rojo que tenía Gianina García, esposa del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Igualmente en ese sentido se había levantado el código rojo de José Estigarribia, secretario de Marset.
La defensa del procesado sostuvo que ha desaparecido el peligro de fuga y por ende correspondía una medida menos gravosa. Este criterio no fue tenido en cuenta y el juez Otazú decidió confirmar la prisión del citado agente policial.
Vallejos Rivas está imputado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba y frustración de la persecución y ejecución penal, como uno de los supuestos responsables de levantar el código rojo de la pareja de Marset y de su secretario.
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Igualmente están imputados Kevin Eduardo Montiel Sanabria, procesado penalmente por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero; Gabriela Vasso Mosqueira, imputada por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios estará privada de su libertad en el Departamento Judicial Mujeres de la Policía Nacional.
Las fiscales Irma Llano y Ruth Benítez imputaron a los uniformados y solicitaron la prisión preventiva para los agentes del orden. Días atrás, la fiscal Benítez, en compañía de agentes policiales de la unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional realizaron una constitución en la sede de la Interpol para poder recolectar más elementos de prueba sobre quiénes son los responsables que levantaron el código rojo de las personas buscadas por la justicia paraguaya.
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Dibujo antiguerra de niña rusa marcó un calvario de prisión, separación y exilio
Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.
La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.
La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.
Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.
Aislamiento
Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.
“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.
Sin arrepentimiento
Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.
Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.
Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.
Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.
Fuente: AFP.
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IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
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Otro dron sobrevoló una prisión
Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo. No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.