El Ministerio Público, con el apoyo de Antinarcóticos de la Policía Nacional, realizó cinco allanamientos en la zona de la terminal de Asunción, donde se pudo constatar la situación irregular de niños de pueblos originarios. Igualmente, estuvo acompañando el operativo el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, así como la defensora de la Niñez.
Durante las intervenciones se pudo corroborar que en un hospedaje estaban 40 niños con sus madres. Asimismo, en otro sitio que fue allanado estaban 90 niños. Los fiscales que realizaron los procedimientos son Carina Sánchez, Patricia Rivarola, Lorenzo Lezcano, Monalisa Muñoz, Osmar Segovia y Alcides Corvalán.
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La agente fiscal Patricia Rivarola señaló que se trata de un procedimiento que “estuvimos llevando a cabo en forma interactiva con diferentes instituciones, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque teníamos informes de parte de la policía sobre la situación irregular de niños en la zona de la terminal”, explicó.
Agregó que están constatando la situación de los niños que están acompañados de sus padres y son de pueblos indígenas, y aseguró que le resulta preocupación al Ministerio Público la situación, y es por eso montaron el operativo, manifestó la representante del Ministerio Público.
“Encontramos en el hospedaje Pycaso a 40 niños y en otro sitio 90 niños que estaban en condiciones irregulares”. Se refirió a los que tienen padres y madres y dijo que se van a quedar con ellos, pero tres niños van a ir a un albergue.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Caso muerte de hincha en Guarambaré: caen dos sospechosos durante allanamientos
En un operativo desplegado este lunes, la Policía Nacional y Fiscalía detuvieron a dos sospechosos en el marco de la investigación por el violento enfrentamiento que acabó con la vida de un aficionado. Los procedimientos buscan recolectar evidencia clave y hallar el arma de fuego que portaba el fallecido.
Según el reporte policial, el hecho se registró el pasado 12 de julio después de un partido de fútbol que se disputó en la ciudad de Guarambaré y se reportó un tiroteo entre hinchas con la Policía Nacional. En el lugar falleció Néstor Pintos Gutiérrez, de 33 años, quien también estaba armado y recibió un disparo en la cabeza.
“Se realizaron dos allanamientos que tuvieron como resultado dos detenidos, estas personas están siendo investigadas en el caso como las personas que tomaron el arma de la víctima, tras el enfrentamiento que se dio entre dos grupos antagónicos”, detalló el subcomisario David Delgado, jefe del departamento de Homicidios, en entrevista con canal Trece.
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Expresó que estos dos grupos se arrojaron piedras, palos y también muchos de ellos tenían armas de fuego, por lo que también hubo intercambio de disparos. Durante la batalla campal tuvieron que intervenir agentes de la Policía Nacional y se dio el resultado de muerte de esta persona.
“Al caer al piso la víctima fatal, que portaba un arma de fuego y se puede verificar en las imágenes de circuito cerrado, estos dos detenidos tomaron el arma y se pasaron entre sí. Luego llevaron a una casa que fue allanada en el día de la fecha y se está fortaleciendo la hipótesis de que son grupos que están luchando por el territorio de la zona para actividades ilícitas”, apuntó.
Así también, se incautaron de prendas de vestir de las personas, que se observan en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, pero no lograron encontrar el arma. Los detenidos fueron identificados como José Junior López y Julio César Morales.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.