El tribunal de apelación en lo Penal en mayoría, revocó la resolución que otorgó el arresto domiciliario a Diego Medina Otazú, secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, quien tendrá que regresar al penal de Tacumbú. Medina está igualmente acusado por asociación criminal, tráfico de drogas, entre otros hechos.
En su momento, el juez penal de garantía Miguel Palacios había ordenado el arresto domiciliario de Medina Otazú bajo una multimillonaria fianza que ofreció la defensa del procesado de G. 5.072 millones.
Ahora con la presente resolución judicial Medina tendrá que volver al penal para seguir privado de su libertad a la resulta del presente proceso penal.
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Hasta la fecha aún no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar donde se definirá sI Cucho Cabaña y otros procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados así como pidió el Ministerio Público.
Cucho Cabaña cuenta con arresto domiciliario con control de la Policía Nacional en una residencia ubicada en Lambaré. En caso de violar la medida judicial el mismo podría volver al penal de Tacumbú.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron de 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Tribunal confirma validez de imputación contra titular del banco Atlas
El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
“Significa que formalmente está confirmada su vinculación al proceso penal y se discute la necesidad de disponer otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.
“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razonable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, entonces estamos ante un proceso regular que esta en su marco de avance en la investigación", explicó Lovera en otra entrevista con la 1020 AM.
Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
“El Ministerio Público requirió de medidas cautelares para garantizar su sometimiento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pretensión y los argumentos de la defensa para definir que medidas cautelares considera pertinentes", dijo el abogado.
En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Tribunal revoca desestimación y ordena seguir investigando a extitular del IPS Vicente Bataglia
Por voto en mayoría, el Tribunal de Apelación, revocó el pedido de desestimación que planteó el Ministerio Público, contra el extitular de Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Vicente Bataglia, y dispuso la continuación de la investigación sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones entre los años 2022 y 2023.
Este tribunal de Apelaciones Especializados en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, en la Primera Sala de la Capital, dio lugar a la apelación general interpuesta por el abogado José González, director jurídico y apoderado de la Previsional contra el Auto Interlocutorio N° 212 de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado Penal del Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía agotar todas las instancias investigativas sobre el caso. Vale recordar que el Ministerio Público había sustentado su pedido de desestimación y archivo del proceso penal, basado en un informe pericial en la que concluía que el IPS no sufrió perjuicio patrimonial.
La Cámara especializada contó con los votos en mayoría de las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Luraghi frente al voto en oposición de su colega Gustavo Amarilla. Con esta mayoría se resolvió revocar la resolución que desestimaba resolución firmada por el juez Otazú.
La resolución revocada había resuelto hacer lugar a la desestimación de la denuncia contra Bataglia, a pedido de la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y que había sido ratificada ante el juzgado por los agentes Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
Esta denuncia contra la administración del extitular del IPS arrancó en setiembre del 2023, cuando la Contraloría General de la República, presentó una denuncia contra el extitular Vicente Bataglia y otras cinco personas más. Esto, luego de detectar un presunto desfalco de más de G. 1 billón, afectando los recursos del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre del 2023.
En su fallo, la camarista Criscioni, mencionó que luego del análisis de la subsunción el Ministerio Público encontró que solamente se tuvo en cuenta el reporte de la Contraloría y el dictamen respecto a ese reporte del perito.
En tanto, no se tuvo en cuenta los medios de prueba y las posibilidades de investigación que le fueron propuestas por la víctima, en este caso el IPS, como ser auditorías internas, que aún no concluyó; además de auditorías externas, la constitución de los agentes fiscales en el IPS con el fin de colectar mayor información y documentos.
En conclusión, igualmente coincidió con su colega la camarista Luraghi, ya que no se agotaron todas las instancias investigativas, habiendo incluso un reporte de la víctima que registraría un elevado monto en el daño patrimonial.
“Lo que reclama la víctima es una debida investigación a la altura de los hechos denunciados por una institución pública cuya función esencial es el servicio de salud dirigido a asegurados que son miles de trabajadores del ámbito público y privado en el Paraguay, en base a este supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.424.082.023″, expresa parte del fallo de Luraghi.
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Ordenan prisión de la madre del presunto feminicida de María Fernanda
Un juez penal de Garantías decidió revocar el arresto domiciliario de Karent Marilina Mercedes Villar, madre del presunto feminicida de María Fernanda Benítez, la adolescente asesinada meses atrás en la ciudad de Coronel Oviedo.
La mujer fue imputada por hechos relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de estupefacientes en su celda de la cárcel de Misiones. Aunque la procesada había sido beneficiada previamente con el arresto domiciliario por problemas de salud, un juzgado de San Juan Bautista (Misiones) dejó sin efecto dicha medida.
Según los datos recabados, durante una requisa realizada en el pabellón que la mujer compartía con otras tres internas, se incautaron más de 200 dosis de sustancias, entre crack y marihuana.
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Ante esta nueva imputación, el juzgado consideró improcedente mantener el beneficio del arresto domiciliario, disponiendo que la imputada retorne de inmediato al régimen de privación de libertad.
En la jornada de ayer lunes, familiares de María Fernanda se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, para repudiar lo que consideraron un “privilegio” otorgado a la madre del supuesto feminicida de la joven ovetense.
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Tribunal concedió arresto domiciliario a padrastro por abuso sexual de niña con parálisis
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Tribunal de Apelación, Tercera Sala, integrado por los jueces Marino Méndez, Alba Meza y Fátima Burró, concedió arresto domiciliario al presunto autor de abuso sexual de una niña de 11 años con discapacidad física (Parálisis infantil). Es el padrastro (37 años) de la víctima, quien está imputado por la fiscal Rocío González Alvarenga, de Santa Rita. La niña está bajo resguardo de la abuela y de una tía.
En primera instancia, el juez Bernardo Silva había rechazado la revisión de la medida cautelar para mantener en prisión al imputado. La fiscal Rocío González se había opuesto a que el procesado obtenga el arresto domiciliario, sin embargo, la defensa apeló y ahora consiguió la medida con un nuevo tribunal.
Según el nuevo tribunal, “elementos importantes no fueron tomados en cuenta al momento de rechazar la revisión de medidas, como el informe del médico forense que consigna himen íntegro y No se constatan lesiones”. La fiscal González Alvarenga había solicitado la prisión preventiva debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y el riesgo de obstrucción a la investigación (presión a la víctima), según sustentó.
En la causa, la madre (27 años) está imputada por violación del deber del cuidado, “al no brindar protección adecuada a su hija y permitir que el agresor continuara en la vivienda tras conocer los hechos”.
La imputación contra el padrastro es por abuso sexual en niños, con una expectativa de pena de 15 a 25 años de prisión. La denuncia fue presentada por una familiar el 6 de setiembre de 2025 y el padrastro fue procesado el 7 de setiembre. El hecho ocurrió en una vivienda de Santa Rita, según en el escrito de la fiscal Rocío Celeste González Alvarenga.
De acuerdo al relato de la menor y el informe de contención psicológica, los abusos habrían ocurrido desde que la niña tenía 6 años. Algunos de los terribles hechos descritos indican que fue objeto de manoseos en su cuerpo, en sus partes íntimas, besos en la boca, además de otros actos.
Ocurrían de madrugada mientras otros dormían y el padrastro le tapaba la boca para que no gritara. El imputado le compraba ropa y juguetes caros para que no contara lo sucedido.