El tribunal de apelación en lo Penal en mayoría, revocó la resolución que otorgó el arresto domiciliario a Diego Medina Otazú, secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, quien tendrá que regresar al penal de Tacumbú. Medina está igualmente acusado por asociación criminal, tráfico de drogas, entre otros hechos.
En su momento, el juez penal de garantía Miguel Palacios había ordenado el arresto domiciliario de Medina Otazú bajo una multimillonaria fianza que ofreció la defensa del procesado de G. 5.072 millones.
Ahora con la presente resolución judicial Medina tendrá que volver al penal para seguir privado de su libertad a la resulta del presente proceso penal.
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Hasta la fecha aún no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar donde se definirá sI Cucho Cabaña y otros procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados así como pidió el Ministerio Público.
Cucho Cabaña cuenta con arresto domiciliario con control de la Policía Nacional en una residencia ubicada en Lambaré. En caso de violar la medida judicial el mismo podría volver al penal de Tacumbú.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron de 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Defensa de Hugo Javier pidió cumplir su condena en su domicilio por secuelas físicas y neurológicas
Este martes, la defensa legal del exgobernador de Central, Hugo Javier González, formalizó el pedido del arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliento una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si es bien cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con un peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa, para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
“El juez ya trasladó esto al Ministerio Público que no se opone a que esto prospere, por ello el juez ordenó a una junta médica que se realizará el 8 de octubre en el Hospital Nacional de Itauguá. Por momentos él esta 20 años atrás en el tiempo, pregunta por su difunto padre, tiene episodios de histeria. Son muchas situaciones delirantes que requieren cuidados”, detalló.
Afirmó que también se solicitó que cuente con una enfermera que lo asista todos los días en tanto siga con su tratamiento ambulatorio. “Hemos propuesto también a una enfermera 24/7 y un médico de cabecera más un traumatólogo terapista para los cuidados del mismo, esto sería en la casa de su actual pareja que reside en la ciudad de Emboscada”, puntualizó.
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Sorpresa en Bolivia: investigan a hermana de Marset tras verla en una feria pese a su arresto domiciliario
La Justicia boliviana se llevó una inesperada sorpresa al conocer que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria de Santa Cruz de la Sierra pese a tener una medida de prisión domiciliaria.
Las imágenes de la joven en la Expocruz, una de las principales ferias de Bolivia, generaron dudas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia luego de su salida de la cárcel de Palmasola, el pasado 19 de agosto.
Ante esta situación, la Fiscalía de Santa Cruz solicitó informes para determinar si Tatiana Marset respetó las restricciones impuestas. El fiscal departamental Alberto Zeballos señaló que se revisará objetivamente lo ocurrido y las condiciones bajo las cuales debía cumplir la medida.
La investigación también buscará establecer si la mujer debía permanecer bajo custodia de efectivos policiales y si contó con autorización para acudir al lugar. En caso de comprobarse un incumplimiento, la Justicia podría evaluar la revocación de la medida o incluso determinar responsabilidades para los funcionarios encargados de su vigilancia.
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El caso
Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo coordinado con la DEA que también permitió localizar a su hermano Sebastián Marset, señalado como líder del denominado Primer Cartel Uruguayo. La Justicia boliviana la investiga por:
- presunta asociación delictiva
- porte ilegal de armas
- legitimación de ganancias ilícitas
- y encubrimiento.
Su defensa sostiene que se encontraba de visita en Bolivia y niega cualquier relación con actividades criminales.
Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, obtuvo una medida de detención domiciliaria nocturna, con arraigo, controles y presentaciones periódicas. Según las condiciones fijadas, puede realizar actividades durante el día, pero debe permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00, bajo supervisión policial.
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Mallorquín: un hombre con arresto domiciliario sacó su tobillera electrónica y se fugó
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Comisaría 10ª de Juan León Mallorquín reportó un hecho de manipulación de dispositivo electrónico de control (tobillera) ocurrido ayer a las 20:30 en un inmueble ubicado sobre la calle Ka’arendy Guazú a 6 kilómetros de la Ruta PY02, lado Monday.
Un hombre con arresto domiciliario se fugó después de desprenderse de su tobillera electrónica. Se trata de Basilio Paredes, de 44 años, quien está procesado por el hecho punible de robo agravado.
El personal policial recibió el aviso de alerta de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), de la Policía Nacional, y los agentes se constituyeron hasta el domicilio donde la persona estaba cumpliendo con el arresto domiciliario y no fue encontrada en la casa.
El personal de la patrulla fue recibido por Justino Paredes Ojeda, de 48 años, quien, al ser consultado por su hermano Basilio Paredes Ojeda, dijo que al volver de su trabajo ya no lo encontró en la casa y desconoce su paradero. A partir de esa información, los agentes se dispusieron a la búsqueda del fugado y del dispositivo electrónico.
Hasta ahora no fueron localizados, ni la persona fugada ni la tobillera electrónica, confirmó a La Nación/Nación Media el subcomisario Edgar González, jefe de la Comisaría 10ª. Mencionó además que el dispositivo indica como última señal de ubicación una zona de matorrales a unos 160 metros desde la casa donde se encontraba el arrestado, pero hasta ahora no pudo ser encontrada la tobillera.
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Urbieta propone crear un Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral en Concepción
El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.
La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.
De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.
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El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.
La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.
También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.
Circunscripción de múltiple fueros
Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.
Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.
El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.
Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.
El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.
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