El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

En un nuevo caso de manipulación mediática, el diario Abc Color del Grupo Zuccolillo pretende atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado un acuerdo con quita millonaria de la deuda de una empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez, en perjuicio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Sin embargo, fue en el 2018, durante la gestión abdista que se “arregló” un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de sus familiares políticos.

Fue en el 2024, durante la presidencia de Peña que, al verificarse el incumplimiento del acuerdo del 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones de la deuda en favor del IPS, quedando pendiente de cobro lo adeudado desde el 2018 en adelante.

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El Consorcio Sudamericano SA (de Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez) adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.547 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), deuda que fue litigada por muchos años por la previsional, que logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses.

Para el 2017, la deuda ya alcanzaba más de G. 10.000 millones. Al año siguiente, pese a haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda quede en G. 5.557 millones.

Esto generó una poda de la deuda de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo; además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1% mensual (12% anual) aplicable a la mora de las cuotas. Un acuerdo favorecedor para la empresa.

La situación cambió en el 2024, ya en el gobierno de Peña, cuando la previsional verificó el acuerdo y constató su incumplimiento, exigiendo el pago correspondiente por medio de la ejecución de cobro. Así, IPS logró cobrar en una primera instancia G. 7.500 millones y posterior­mente G. 1.891 millones, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

A pesar de la recuperación de la deuda y del nuevo acuerdo, el medio de los Zuccolillo trató de tergiversar lo ocurrido, atribuyendo al gobierno de Peña la quita acordada en plena era Abdo para la empresa de su familia política.

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Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.

El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 6, 7 y 8 de mayo la audiencia preliminar para el exsenador Rodolfo Friedmann y otros acusados por el presunto esquema de corrupción con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En este proceso penal, el exdiputado Ever Noguera ya fue elevado a juicio oral y público.

Friedmann fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.

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También están procesados en la causa Lourdes María Auxiliadora González, tesorera de la empresa ESSA S.A., y Eduardo Domínguez, quien se desempeñaba como secretario del exsenador durante su gestión como gobernador.

Según la investigación, Friedmann habría montado un esquema para adjudicarse licitaciones de la gobernación destinadas a la provisión del almuerzo escolar a través de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), de la cual sería el principal accionista.

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