Este viernes, a las 09:00, se desarrolló la audiencia de sustanciación del procedimiento y ofrecimiento de pruebas de la denuncia presentada por Gisele Zuni Mousques contra Christian Chena por violencia contra la mujer según la Ley 5777/16.
La audiencia se hizo ante la jueza Gloria Machuca, quien dispuso en su momento que Chena no pueda realizar publicaciones o referirse a Mousques en sus redes sociales, medios digitales y otros similares, que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.
Para las 11:00 está prevista la comparecencia de Chena ante la citada magistrada, en compañía de su abogado, para presentar las pruebas correspondientes en el marco de la presente denuncia. De acuerdo a Mousques, la persecución hacia su persona inició tras ganar una demanda laboral por G. 2.000 millones a Chena.
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Según la abogada Lucía Sandoval, presentaron la denuncia ante el Juzgado de Trinidad y solicitaron una medida cautelar contra Chena porque tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Teledifusora Paraguaya S.A. Mousques comenzó a ser atacada en su dignidad.
“El ejercicio de la profesión tiene sus límites, que es cuando traspasa la dignidad y la intimidad de las personas. Ahora, el señor Chena ejercerá su defensa y una vez agotadas todas las pruebas, la jueza debe emitir una resolución definitiva”, remarcó a La Nación/Nación Media.
Agregó que lo que buscan es evitar los actos de violencia contra su defendida y precisó que no habrá una sanción en sí contra el denunciado, sino que la jueza podrá disponer que se mantenga la prohibición de publicación o referencia evitando así la violencia, que persiste a la fecha desde el 2018.
“Mi cliente pide que se ponga fin a esto, que su familia tenga paz y descanso, ella tiene mucha gente atrás, es profesional y no está pudiendo ejercer”, subrayó Sandoval.
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Histórico ingreso de la carne de pollo local al mercado taiwanés
Los productos enviados son muslo deshuesado y caderita de pollo, elaborados bajo estrictos estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad.
El embajador de Paraguay ante la República de China (Taiwán), Darío Filártiga Ruiz Díaz, y su esposa, la doctora Gisele Mousqués, se trasladaron a la ciudad de ChangHua, en el centro del país asiático, para presidir la apertura oficial del primer contenedor con carne aviar paraguaya exportada por la emblemática marca Pechugon.
En esta primera etapa, los productos enviados son muslo deshuesado y caderita de pollo, elaborados bajo estrictos estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad, y preparados para responder a las exigencias del mercado taiwanés.
Este acontecimiento marca la materialización del ingreso formal de la producción avícola nacional al mercado taiwanés, cuya habilitación sanitaria se concretó y anunció oficialmente durante la visita oficial realizada por el presidente de la República, Santiago Peña, el pasado mes de mayo.
El acto contó con la presencia de distinguidos invitados especiales, entre ellos el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) y exembajador de Taiwán en Paraguay José Han, acompañado por el vicedirector Julio Po y el director para América de la CIECA, Tito Tang.
Por su parte, el presidente de la firma importadora Jin Koo Food, Chi Chiang Chang, expresó su profunda satisfacción por el arribo del cargamento inicial y manifestó su total confianza en el éxito de la comercialización del producto dentro del exigente mercado taiwanés.
Durante su intervención, el embajador Filártiga Ruiz Díaz destacó el orgullo de presenciar el resultado de un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado de ambas naciones, resaltando que la carne avícola paraguaya ha superado con creces los rigurosos controles de calidad y sanidad exigidos.
Las autoridades y empresarios recorrieron las modernas instalaciones de refrigeración y comercialización de la empresa, un paso que también sienta un precedente muy favorable para la pronta conformación de la Cámara de Comercio, Industria y Cultura Paraguay-Taiwán, impulsada tras el foro económico de mayo pasado.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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Cambiando el juego en Paraguay: el fútbol como herramienta para proteger y empoderar a niñas
Mientras miles de personas se reúnen en Paraguay para compartir la pasión por el fútbol, otra realidad avanza en silencio: casi todos los días una niña menor de 14 años da a luz en el país, víctima de abuso sexual.
Según registros oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en 2024 se registraron 350 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años y más de 8.800 partos en adolescentes de 15 a 19 años.
Los datos preliminares de 2025 confirman la persistencia del problema, evidenciando que el embarazo infantil y adolescente sigue afectando de manera desproporcionada a niñas y adolescentes que viven en contextos de pobreza, exclusión territorial y discriminación, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
Frente a esta realidad, Plan International Paraguay impulsa la campaña “Cambiemos el Juego”, una iniciativa que pone en valor el deporte, y particularmente el fútbol, como una herramienta estratégica para la prevención de la violencia, la promoción de derechos y la construcción de espacios seguros para niñas y adolescentes.
En Paraguay, la campaña se articula a partir de La Liga Joaju, un proyecto que se implementa desde hace varios años en comunidades rurales y vulnerables del país.
La Liga Joaju
La iniciativa utiliza el fútbol mixto como una puerta de entrada para ampliar las oportunidades de desarrollo de adolescentes, especialmente niñas y mujeres jóvenes indígenas, en territorios donde las desigualdades estructurales, las brechas en el acceso a derechos y la falta de espacios de recreación y formación siguen limitando sus proyectos de vida.
Dana, tiene 14 años y recuerda con exactitud lo que le decían cuando quería jugar al fútbol: “Me decían que no podía jugar porque es un juego de hombres y que yo debía jugar solo con muñecas”.
Más de 1.700 niñas, niños y adolescentes provenientes principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas de los departamentos de Guairá, Paraguarí, Caaguazú y San Pedro, ya formaron parte de los proyectos donde el fútbol se convierte en una herramienta de protección, aprendizaje y liderazgo.
El impacto también se refleja en historias que hoy trascienden la cancha comunitaria, como la de Fátima Acosta, quien dio sus primeros pasos en estos espacios y que actualmente integra la Selección Femenina de Fútbol de Paraguay.
“La verdad que nunca pensé llegar hasta acá, estar en la selección nacional. Sé que sí se puede alcanzar lo que queremos. Que el ser mujer, no te limita a cumplir tus sueños”, mencionó.
En un país donde el fútbol es parte central de la vida comunitaria, este deporte funciona como un lenguaje común que convoca, une y moviliza. Lo que hace única a esta iniciativa no es solo el deporte, sino que cada entrenamiento integra capacitaciones sobre cuidado socioemocional, bienestar físico y brinda herramientas concretas para la prevención de la violencia.
Violencia estructural
Los embarazos en niñas menores de 14 años en Paraguay no pueden analizarse de forma aislada. De acuerdo con datos del Ministerio Público, durante 2024 se registraron más de 3.551 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y en más del 80% de los casos las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas violencias ocurre en el entorno familiar o cercano, lo que incrementa las barreras para la denuncia y el acceso temprano a protección.
A esto se suman las uniones tempranas, que afectan principalmente a adolescentes mujeres y se concentran en zonas rurales y en poblaciones indígenas, reforzando ciclos de violencia, abandono escolar y pobreza intergeneracional.
“El fútbol puede ser mucho más que una competencia. Puede ser un espacio de protección, de expresión y de construcción de proyectos de vida para niñas y adolescentes que enfrentan múltiples formas de exclusión. Con La Liga Joaju y con Cambiemos el Juego, buscamos crear mayores oportunidades para la igualdad, el liderazgo y la prevención de la violencia”, señaló Noelia Errecarte, representante país de Plan International Paraguay.
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Cambiar las reglas
A través de “Cambiemos el Juego”, Plan International Paraguay busca poner en relieve la importancia que toda la sociedad, incluido el sector privado, contribuyan a generar entornos protectores donde las niñas puedan crecer libres de violencia, desarrollar su potencial y soñar con un futuro distinto.