El juez Gustavo Amarilla decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas pertenecientes a 22 imputados en el marco de la investigación del operativo Dakovo. Igualmente, se dispuso las mismas medidas para la empresa International Auto Supply IAS S.A.
La medida judicial afecta a los imputados Aldo Cantero Cáceres, Ángel Antonio Flecha Barrios, Arnaldo Andrés Cubas Cantero, Catalino Cantero Benítez, Cinthia María Turro Braga, Darío Eugenio Díaz Ocampos, Diego Hernán Dirisio, Eliane Magali Marengo Subeldía, Jorge Ariel González, Josefina Cuevas Galeano, Julieta Vanessa Nardi Aranda, Ricardo Luis Morra Gadea, María Mercedes Ocampos Centurión.
La lista sigue con; Julio Cesar Cubas Cantero, Manuel Antonio Gómez Ojeda, Víctor Manuel Santos Gauto, Bienvenido Santiago Fretes González, Georgina Elizabeth Cosgaya Viñales, Jorge Antonio Orue Roa, Paulo Cesar Fines Ventura, Eduardo Tomas Pallares Vivero, Victorino Gómez Paredes e Internacional Auto Supply IAS S.A.
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El pedido fue solicitado por la Asistencia Jurídica Internacional solicitada por la Justicia de Brasil. El operativo Dakovo desbarató una estructura de tráfico de armas desde Paraguay al Brasil. Según las investigaciones, las armas eran importadas desde Europa a Paraguay, donde se procedía al borrado de número de serie para la posterior comercialización a poderosas bandas del Brasil, como el PCC y el Comando Vermelho.
Para agilizar los trámites de importación y comercialización, contaban con la colaboración de altas autoridades de la Dimabel, quienes a cambio recibían dinero y costosos regalos.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Trump anuncia el restablecimiento del bloqueo naval en plena escalada con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de las hostilidades, sin precedentes desde el alto el fuego de abril.
El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes a las 20H00 GMT.
El mandatario afirmó que Estados Unidos está “tomando el control” del estrecho de Ormuz y será “el guardián del estrecho de Ormuz” y por ello cobrará “una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.
El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla afirmando que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio.
“Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20 % es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió el ministro en redes sociales.
Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos “interfiera” en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.
Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del “regreso de la inseguridad” en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.
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La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, hicieron que se dispararan los precios del crudo.
Con el estallido de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en un tema clave después de que Teherán bloqueara esta vía como medida de presión.
Acuerdo “en crisis”
Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.
Trump declaró la semana pasada que el alto el fuego “terminó” por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también han hecho saltar por los aires el protocolo de acuerdo.
“No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos”, señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una rueda de prensa en Teherán a la que asistió la AFP.
Las gestiones diplomáticas con los mediadores Catar, Pakistán y Omán continúan con el fin de “evitar una escalada” con Estados Unidos, agregó.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación por la grave escalada de la reanudación de enfrentamientos militares en la región del Golfo”.
El documento preveía la reapertura del estrecho, pero Teherán solo ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.
- Fuente: AFP
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