El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y trabar embargo preventivo de las cuentas habilitadas de Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal en el marco del proceso por negociados en la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
Días atrás el citado magistrado comunicó a la Cámara de Diputados sobre el proceso penal al diputado Esteban Samaniego Álvarez, imputado por administración en provecho propio y asociación criminal. También el próximo 20 de diciembre se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los imputados por administración en provecho propio y asociación criminal.
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De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000. Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
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