• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Una enfermera fue condenada a prisión perpetua ayer miércoles por matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino, reportaron medios locales, que publicaron un video de la lectura de la sentencia. La enfermera Brenda Cecilia Agüero inyectó de forma irregular potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de 2022, tomando dosis de los “carros de paro”, usados para emergencias y sin control de inventario, según la investigación de la fiscalía.

Agüero es “autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, cinco hechos, en concurso real (...) y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, ocho hechos, (...) informándole la pena de prisión perpetua", dijo la secretaria del tribunal.

En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre a un engaño o artificio para cometer el daño. Los bebés, nacidos sanos, fallecieron en circunstancias inicialmente inexplicables, mientras que ocho sobrevivieron por la rápida intervención médica. Todo ocurrió en el servicio de neonatología del hospital materno infantil de la provincia de Córdoba, 700 km al noroeste Buenos Aires.

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El juicio, resuelto tras seis meses por ocho jurados populares y dos jueces, también juzgó a 10 imputados, entre exfuncionarios provinciales y profesionales de salud, por encubrimiento e incumplimiento de deberes, incluyendo un exministro y un exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba (centro), además de la exdirectora del hospital.

Agüero, había negado los cargos en enero. Aseguró al tribunal que “no tienen pruebas” y acusó a los medios de pintarla como “asesina serial”. De los otros 10 imputados, cinco fueron hallados culpables, pero con condenas menores, y otros cinco fueron absueltos, entre los que estaban los exfuncionarios provinciales, constató el medio local Infobae. La prisión perpetua implica que Agüero, detenida en 2022, no podrá solicitar libertad condicional antes de cumplir 35 años de reclusión, conforme al código penal argentino.

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El juez de ejecución penal de Filadelfia, Chaco, Carlos Alberto Lezcano, rechazó reducir la condena a los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina, quienes fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado en el marco del suceso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató, de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde fueron asesinados dos adultos y dos niños.

Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado José Dos Santos se opuso al pedido de la defensa de los condenados argumentando que “ el pedido de redención formulado por los condenados no corresponde debido a que no se tienen datos certeros y carecen de credibilidad, debido a que se observa que todas las planillas han sido confeccionadas en un mismo momento, además llama la atención que la hora de entrada y salida en todas las planillas son las mismas, lo cual resulta imposible, por ejemplo no se registra hora para salida de almuerzo según la planilla”, indicó la querella.

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El magistrado Lezcano señaló que “conforme al análisis de la cuestión planteada, esta judicatura constata que no existen méritos que solventen con convicción el otorgamiento de la redención a favor de los condenados, por lo que se resuelve no hacer lugar al incidente de redención con costas a la perdidosa”, refiere el argumento del juez de ejecución.

La Justicia condenó a 30 años de cárcel más10 años de medidas de seguridad totalizando 40 años de pena de privativa de libertad a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

Asimismo, el colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado. Por su parte, el abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato.

En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños. El homicidio ocurrió en julio del 2019 en la citada localidad chaqueña. El agente fiscal, Andrés Arriola, acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.

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Este martes, tras una investigación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), salió a la luz que existen personas que seguían cobrando la pensión de tercera edad a nombre de personas fallecidas. Quienes cobraron indebidamente deberán devolver el dinero e incluso podrían ir a prisión.

El asesor jurídico de la institución, Alberto Lezcano, resaltó que se tratan de dos casos puntuales que cometieron hechos graves y que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que son varios casos en los que algún familiar seguía cobrando la pensión pese al fallecimiento del titular.

“Esto tiene una expectativa de pena de cinco años y el hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones está bien establecido. Además, deben devolver el dinero”, expresó Lezcano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aseguró que más adelante estos casos ya no se van a dar, porque pediremos un control de supervivencia cada tres meses. “Concretamente son dos casos: uno que cobró G. 48 millones por una persona que falleció en Argentina, pero que era oriunda de Caaguazú, y otro caso en el que cobraron G. 45 millones en Alto Paraná”, señaló.

Indicó que estas personas sería familiares de los beneficiarios y que tenían sus tarjetas, por lo que siguieron cobrando la pensión por unos cinco años. “El cruce con el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones lo estamos haciendo rigurosamente, pero en estos casos no se comunicó el fallecimiento y creemos que fue de mala fe”, aclaró.

Manifestó que se tienen al menos 340.000 personas dentro del programa de la Pensión Alimentaria Adultos Mayores del Gobierno Nacional. Hoy, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna, en el que refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores fallecidos.

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Los fiscales de la causa por la que fue condenada la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción solicitaron al tribunal que rechace otorgarle prisión domiciliaria para purgar una pena de seis años, señalaron fuentes judiciales este martes.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al juez el rechazo de la prisión domiciliaria porque consideraron que “no se advierten las razones humanitarias que la justifican”, según el dictamen divulgado por el Ministerio Público Fiscal.

La líder de centroizquierda, de 72 años, puede solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces.

Su defensa había esgrimido además razones de seguridad al citar el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.

De prosperar la postura de la fiscalía, Kirchner sería alojada en una cárcel común.

Presidenta del Partido Justicialista y principal líder de la oposición, Cristina Kirchner anunció que se presentará el miércoles ante los tribunales para iniciar el cumplimiento de su pena.

Seguidores y partidarios de la dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) convocaron a una movilización para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país, en lo que se prevé será una marcha multitudinaria hacia los tribunales.

El tribunal puede notificar a Kirchner en forma remota para evitar que acuda a la sede judicial acompañada de una gran movilización popular.

En las puertas de la casa de Kirchner la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral.

“Vengo de Rosario -340 km al norte de Buenos Aires-, vine en tren con la bicicleta y traje la bolsa de dormir para quedarme esta noche acá y mañana acompañar en la marcha”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía rosarina.

Entre los manifestantes se comparte mate, una infusión criolla, y otras bebidas calientes para paliar el frío. “Hay que estar porque es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo Gatti.

Algunos deciden permanecer, otros pasan a expresar apoyo y siguen con sus actividades. Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.

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“Le tienen tanto odio, quieren la foto, están haciendo todo para verla con pulsera electrónica, con el cartel de presa, quieren morbo”, reflexiona Gisela Cava, una vendedora de 45 años que lleva una camiseta con la frase de Kirchner “La patria es el otro”.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.

“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.

La Corte Suprema confirmó el martes pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.

Kirchner pidió cumplir su condena en un departamento en el barrio de Constitución, en la capital argentina, a minutos del Congreso Nacional.

• Fuente: AFP

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