El ministro de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la sala civil Alberto Martínez Simón presentó este martes su obra jurídica “Esbozos de las Obligaciones Civiles”. La presentación del material estuvo a cargo de la profesora doctora Aida Kemelmajer con la participación de autoridades judiciales e invitados especiales.
El alto magistrado expresó que el nombre para este trabajo es un reconocimiento sincero de que todo esfuerzo hecho en el estudio de cualquier ámbito de las ciencias jurídicas hará que “no avancemos más allá de unos rasgos preliminares, de unas ideas siempre inacabadas, el resumen de un esbozo y nunca de una obra concluida”, dijo.
Señaló que es una edición ampliada con respecto a la primera y que trata un tema que es esencial en el Derecho y específicamente en el Derecho Civil, en el estudio de las obligaciones con todo lo que eso implica en todas nuestras actividades cotidianas, en donde muchas veces sin pensarlo de forma automática contraemos obligaciones y estamos obligados al cumplimiento de las mismas. En el texto se se canaliza todo lo anteriormente expuesto desde la concepción y extinción de la obligación.
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Por su parte, la doctora Aida Rosa Kemelmajer manifestó: “Estoy convencida que el contenido de ésta obra se trata de un libro abierto a los cambios, prueba de eso desde lo formal es que no contiene el mismo número de capítulos que la primera edición, y desde lo sustancial es la sustitución de muchos textos legales que han sido objeto de reformas en estos siete años que han pasado desde la primera edición a la segunda”.
Igualmente, la jurista indicó que Martínez Simón explica la teoría general de las obligaciones, algo no fácil por cierto, desde el derecho paraguayo pero sin olvidar el derecho comparado. El valor de la comparación ha sido reiteradamente señalado, indicó la doctora. En cuanto a la obra, el prólogo indica que la primera edición tiene 27 capítulos y esta segunda, 28.
Con relación a las obligaciones, el libro contiene continuas referencias a los códigos de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, España, Francia, entre otros. Y las menciones no se reducen al número de un artículo ni a la transcripción de su texto, sino a la doctrina explicativa y la jurisprudencia que los aplica.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Directora de Garantías Constitucionales cumple con los requisitos para el cargo
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.
El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.
Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.
El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.
Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.
Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.
En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.
Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.
A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.
En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.
En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.
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Caso Santiago Leguizamón: Estado pidió disculpas y reconoció responsabilidad internacional
El Estado paraguayo realizó este miércoles un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Santiago Leguizamón Zaván y Otros vs. Paraguay”.
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción y reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de organismos internacionales y de derechos humanos, familiares del periodista asesinado y representantes del gremio periodístico.
En representación del Estado paraguayo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, formuló el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos establecidas en el fallo y expresó las disculpas públicas correspondientes a la familia.
“Comparezco en representación del Estado paraguayo para expresar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad internacional del mismo por las violaciones de derechos humanos declaradas en dicho fallo y pedir, en nombre del Estado paraguayo, las disculpas públicas correspondientes”, manifestó.
Acto de memoria y compromiso democrático
Durante su discurso, Martínez Simón señaló que el acto representa “un ejercicio de memoria y de respeto” hacia un periodista que convirtió la búsqueda de la verdad en una vocación.
El titular de la Corte Suprema afirmó que reconocer la responsabilidad internacional del Estado “no constituye un acto de debilitamiento institucional”, sino una muestra de “madurez democrática y compromiso con el Estado de Derecho”.
Asimismo, destacó que el cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales fortalece las instituciones, reafirma la importancia de la libertad de expresión y contribuye a garantizar el acceso a la justicia.
Al recordar la figura de Santiago Leguizamón, resaltó que su legado trasciende lo personal y representa valores vinculados al ejercicio del periodismo, la defensa de la verdad y la protección de la democracia.
La familia reivindicó el legado del periodista
En representación de la familia, Dante Ariel Leguizamón Morra reflexionó sobre el significado de esta medida de reparación y recordó la trayectoria de su padre como periodista comprometido con la libertad de expresión.
A su turno, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, destacó la importancia del cumplimiento de la sentencia y la necesidad de fortalecer las garantías para quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos.
Cumplimiento de una sentencia internacional
El acto público forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituye una de las obligaciones establecidas en la sentencia del caso.
La resolución internacional reconoció la responsabilidad del Estado paraguayo en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado el 26 de abril de 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Con esta ceremonia, el Estado paraguayo dio cumplimiento a una de las medidas dispuestas por la Corte IDH, en un acto que tuvo como eje la memoria, la reparación a los familiares y el compromiso con la libertad de expresión.
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Aña Cuá demuestra que Paraguay planifica su futuro energético, destacó Alliana
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, resaltó que la reactivación de las obras de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con la construcción del brazo Aña Cuá, refleja la decisión del Gobierno de priorizar las inversiones en infraestructura por encima del gasto burocrático.
A su criterio, esta obra demuestra que el gobierno paraguayo está planificando el futuro energético del país, al permitir el aumento de la generación eléctrica, lo que a su vez atraerá nuevas inversiones industriales y generará más empleos.
El vicepresidente acompañó el viernes último la jornada de verificación del avance de la megaobra en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, junto con el presidente de la República, Santiago Peña. En comunicación con La Nación/Nación Media, manifestó que quedó muy impresionado por la magnitud de la construcción que se está llevando a cabo. Destacó que solo recorriendo la obra es posible dimensionar la importancia del proyecto.
Aclaró que, si bien el recorrido no llegó hasta la zona de la fosa o el fondo del río, donde se inician los trabajos de construcción, aun así pudo observar la labor que actualmente realizan cerca de 800 trabajadores, lo que genera un profundo impacto, al evidenciar la magnitud del esfuerzo.
“Hoy la administración del presidente Santiago Peña, así como lo hizo en su momento la administración de Horacio Cartes, hemos recortado la cantidad de funcionarios que trabajan en la EBY, y por supuesto se han reducido considerablemente también los gastos superfluos y los gastos corrientes. Entonces, eso facilita que se puedan llevar adelante estas obras de infraestructura, porque también son exigencias y pedidos que nos hacen nuestros socios del lado argentino”, precisó.
Asimismo, resaltó el trabajo y el liderazgo del director de la EBY por el lado paraguayo, Luis Benítez, quien, bajo su gestión, logró reactivar esta obra, que durante mucho tiempo estuvo paralizada, incluso con graves problemas financieros y dificultades con las empresas adjudicadas. Una de ellas había quebrado y sus acciones fueron adquiridas por una empresa italiana que, en un principio, no tenía mucho interés en continuar con el proyecto.
“Gracias a la visita del presidente de la República, Santiago Peña, a Italia, donde contactó con el dueño de la empresa, dialogaron y llegaron a un acuerdo para continuar con esta obra, hoy tiene un 41 % de avance en lo que respecta a las obras civiles y un 76 % en lo referente a la maquinización de Aña Cuá. Las máquinas ya prácticamente están todas en el lugar de trabajo”, expresó.
Futuro energético
Por otra parte, Alliana destacó que la obra garantiza el futuro energético del Paraguay, teniendo en cuenta que el país está recibiendo importantes inversiones industriales.
“Es impresionante lo que realmente va a generar y representa una apuesta al futuro del Paraguay, teniendo en cuenta que hoy estamos recibiendo a mucha gente que viene a invertir e instalar industrias. Hay muchas personas interesadas y esto, por supuesto, les da la garantía de que no vamos a tener falta de energía eléctrica”, expresó.
Al respecto, señaló que la hidroeléctrica Yacyretá proyecta aumentar en un 10 % su producción de energía. Indicó que esperan que las primeras turbinas comiencen a funcionar antes del 2028, de modo a que este Gobierno pueda concluir su mandato con la primera turbina generando energía eléctrica.
“Es una inversión para las futuras generaciones. Realmente estamos muy contentos. Para aquellos que dicen que no estamos mirando ni proyectando el futuro energético del Paraguay, creo que están muy equivocados. Con esto demostramos realmente nuestro compromiso para que el Paraguay siga creciendo. Hoy la Entidad Binacional Yacyretá está mirando hacia el futuro y trabajando con una visión mucho más estratégica y con mayor patriotismo”, remarcó.
El vicepresidente dijo además, que actualmente son cerca de 800 trabajadores los que participan en la construcción del brazo Aña Cuá: alrededor de 400 por el lado argentino y otros 400 por el lado paraguayo. No obstante, para agosto próximo se estima que esta cifra podría alcanzar los 1.000 trabajadores, con unos 500 contratados por cada uno de los dos países socios de la binacional.
Datos claves
Avance de la obra:
- El proyecto registra una ejecución global del 76 %.
- Actualmente emplea más de 800 funcionarios, 400 personas por cada país.
- Para agosto estiman que el número de contratados llegaría a 1.000 obreros.
- La ampliación contempla la instalación de tres turbinas que aportarán alrededor de 270 MW.
- Generación: la maquinización permitirá aprovechar un caudal ecológico de 1.500 m³/s, incrementando aproximadamente un 10% la producción anual de energía de Yacyretá.
- Se redujo la cantidad de funcionarios, los gastos corrientes y gastos superfluos; permitiendo que esos recursos ahora se destinan a infraestructura.