Por voto en mayoría, el Tribunal de Apelación, revocó el pedido de desestimación que planteó el Ministerio Público, contra el extitular de Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Vicente Bataglia, y dispuso la continuación de la investigación sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones entre los años 2022 y 2023.
Este tribunal de Apelaciones Especializados en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, en la Primera Sala de la Capital, dio lugar a la apelación general interpuesta por el abogado José González, director jurídico y apoderado de la Previsional contra el Auto Interlocutorio N° 212 de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado Penal del Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía agotar todas las instancias investigativas sobre el caso. Vale recordar que el Ministerio Público había sustentado su pedido de desestimación y archivo del proceso penal, basado en un informe pericial en la que concluía que el IPS no sufrió perjuicio patrimonial.
Le puede interesar: Caja Fiscal: pese a aprobación de Diputados “aún habrá mucho debate”, afirma legislador
La Cámara especializada contó con los votos en mayoría de las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Luraghi frente al voto en oposición de su colega Gustavo Amarilla. Con esta mayoría se resolvió revocar la resolución que desestimaba resolución firmada por el juez Otazú.
La resolución revocada había resuelto hacer lugar a la desestimación de la denuncia contra Bataglia, a pedido de la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y que había sido ratificada ante el juzgado por los agentes Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
Esta denuncia contra la administración del extitular del IPS arrancó en setiembre del 2023, cuando la Contraloría General de la República, presentó una denuncia contra el extitular Vicente Bataglia y otras cinco personas más. Esto, luego de detectar un presunto desfalco de más de G. 1 billón, afectando los recursos del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre del 2023.
En su fallo, la camarista Criscioni, mencionó que luego del análisis de la subsunción el Ministerio Público encontró que solamente se tuvo en cuenta el reporte de la Contraloría y el dictamen respecto a ese reporte del perito.
En tanto, no se tuvo en cuenta los medios de prueba y las posibilidades de investigación que le fueron propuestas por la víctima, en este caso el IPS, como ser auditorías internas, que aún no concluyó; además de auditorías externas, la constitución de los agentes fiscales en el IPS con el fin de colectar mayor información y documentos.
En conclusión, igualmente coincidió con su colega la camarista Luraghi, ya que no se agotaron todas las instancias investigativas, habiendo incluso un reporte de la víctima que registraría un elevado monto en el daño patrimonial.
“Lo que reclama la víctima es una debida investigación a la altura de los hechos denunciados por una institución pública cuya función esencial es el servicio de salud dirigido a asegurados que son miles de trabajadores del ámbito público y privado en el Paraguay, en base a este supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.424.082.023″, expresa parte del fallo de Luraghi.
Siga informado con: Mignarro aclara que la Caja Parlamentaria no tiene vínculo con la reforma de Caja Fiscal