El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.

Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.

Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.

Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.

Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.

Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.

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• Kabul, Afganistán. AFP.

El gobierno talibán añadió el ajedrez a su lista de actividades prohibidas, considerándolo hasta nuevo aviso como un juego que se utiliza para apuestas, lo que viola las leyes de la moral, declaró el domingo un funcionario a AFP. El ajedrez “es considerado un medio de apostar dinero”, lo cual está prohibido por la ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (PVPV) aprobada el año pasado, explicó Atal Mashwani, portavoz de la Dirección de Deportes.

Como se trata de “cuestiones religiosas”, "el ajedrez será suspendido en Afganistán hasta que se aborden estas cuestiones“, añadió Mashwani, sin especificar la pena por la infracción. Azizullah Gulzada, de 46 años, propietario de un café de Kabul donde los clientes practican este juego, dijo que hará cumplir la prohibición, pero no le convencen los argumentos religiosos. “Muchos países musulmanes tienen jugadores de nivel internacional”, explicó. “Antes venían aquí todos los días muchos jóvenes, sin dinero para apostar”, añadió.

Desde su regreso al poder en 2021, las autoridades talibanes impusieron progresivamente su visión ultrarrigurosa del islam, prohibiendo ciertas actividades y deportes. En 2024, las competiciones de MMA (artes marciales mixtas) fueron prohibidas porque el gobierno las consideró demasiado “violentas”, mientras que el cricket todavía se practica ampliamente, pero solo entre hombres.

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Los talibanes arrestaron a 14 personas en Afganistán por tocar música y cantar, una actividad que está prohibida desde su retorno al poder, informó el último sábado la policía local. Desde su regreso al poder en 2021 el gobierno talibán multiplica las leyes para imponer su visión ultra rigorista de la ley islámica, prohibiendo, por ejemplo, la música en espacios públicos, la televisión, los conciertos, los restaurantes e inclusive las radios de los automóviles.

El jueves por la noche, en la capital de la provincia de Takhar, “14 personas (...) aprovecharon la oscuridad de la noche para reunirse en una casa donde tocaron instrumentos musicales y cantaron, causando un disturbio al orden público”, afirma un comunicado de la policía.

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Se abrieron investigaciones contra los detenidos, añadió el texto. Tras retomar el poder las autoridades talibanes cerraron las escuelas de música. También destruyeron o quemaron instrumentos musicales y altavoces para evitar la “corrupción moral y la perversión de la juventud”.

Los salones de fiesta donde se celebran bodas, ya no tienen permitido poner música, aunque a veces se escucha en secreto en la sección de mujeres, separadas del sector reservado a los hombres. En los últimos años muchos músicos abandonaron el país, en gran parte por perder su medio de vida en uno de los países más pobres del mundo. Los talibanes alientan a quienes permanecen a dedicarse a recitar cantos religiosos o poesía, como ya lo hicieron durante su anterior régimen (1996-2001).

Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay continúa trabajando para dar con los autores del asesinato del abogado Gustavo Medina, ocurrido el pasado jueves, cuando el mismo retiraba a sus hijos de su colegio ubicado en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con el acompañamiento de una comitiva fiscal, los investigadores llevaron adelante dos allanamientos en diferentes barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una de las intervenciones se realizó en una vivienda que habría sido alquilada por Carolina Candia León, quien sería pareja de Arnaldo Barrios Alvarenga, oriundo de Capitán Bado.

Estas dos personas están siendo buscadas porque la mujer sería el nexo logístico de la operación, mientras que su pareja habría sido uno de los ejecutores del atentado. En la vivienda donde aparentemente se hospedaba, fueron hallados varios elementos que apuntan hacia el hecho investigado.

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Gracias a los documentos hallados en el lugar, también se logró conectar con un local comercial alquilado por Candia León, pero se encontró vacío, aún así se recogieron algunos documentos que guardaban relación con la pareja buscada.

En cuanto a la tercera persona buscada por los investigadores, se trata de Shirley Bordón, a quien identificaron como el enlace que abastecía de comida e insumos a los perpetradores del atentado, por lo que también sería una pieza clave dentro de la investigación.

Informes revelan que Gustavo Medina Carneiro fue acusado por los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres de ser el responsable de realizar lavado de dinero del narco Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad del Brasil.

El profesional del derecho fue acribillado por dos sicarios frente a sus dos hijos menores de edad. Los criminales utilizaron potentes pistolas automáticas calibre 9 milímetros para cometer la ejecución. En su momento, el abogado estuvo prófugo y luego se presentó ante la justicia, logrando ser beneficiado con la prisión domiciliaria.