El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.

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La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.

Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.

En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.

El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.

En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.

A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.

Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

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Este martes, alumnos y graduados de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestaron para solicitar la liberación de las actas de las elecciones que se realizaron el pasado 20 de agosto, a modo de poder conocer quiénes son las nuevas autoridades. Ambos sectores denunciaron que la decana Silvia Leiva León está reteniendo los documentos para retrasar la entrega de mando y continuar ella en el cargo.

La medida fue tomada a raíz de que ya pasó un tiempo considerable tras las elecciones de las nuevas autoridades de la facultad para el periodo 2026 - 2031 y denunciaron que la decana Leiva León no ha remitido los resultados oficializados del acto eleccionario.

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“Nuestro pedido fue concreto de que se remitieran las actas del acto eleccionario al Rectorado de la UNA. Es el paso que resta para que puedan proclamarse las autoridades electas”, expresó Fernando Moreno, miembro del consejo de la FPUNA, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Agregó que las autoridades electas asumirán el primer día hábil de setiembre y encontrarán una contraparte exigente, atenta y dispuesta a colaborar. “Nos reunimos en plenaria a comentar un poco todo lo que venía pasando y acercamos las copias de las actas al Rectorado. Con eso, entendemos que se comunica y corresponde según el estatuto”, apuntó.

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Resaltó que la fuerza del proyecto siempre ha sido la transparencia y la unidad de todos los estamentos. “Las medidas de fuerza seguirán hasta que esto se pueda solucionar. Reitero, queremos que se remitieran las actas del acto eleccionario para que puedan proclamarse las autoridades del próximo periodo”, apuntó.

El 20 de agosto pasado el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica eligió a sus nuevas autoridades, en un proceso conducido por el Tribunal Electoral Independiente Ad Hoc y desarrollado conforme al Reglamento General aprobado por el Consejo Superior Universitario: padrón publicado, candidaturas inscriptas sin impugnaciones, presentación de programas de gobierno en sesión pública transmitida por los canales oficiales de la Facultad, voto secreto y escrutinio público.

Lourdes Ramírez, junto a su esposo Alejandro Ramos, integraron el EPP y fundaron el Ejército de Mariscal López.

Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apo­logía del delito, atentado con­tra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.

De acuerdo con los antece­dentes del caso, la ahora sen­tenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de cla­ses como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audio­visual también se emitían expresiones contra las auto­ridades nacionales legítima­mente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.

Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participa­ción de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.

Ahora, la defensa de la con­denada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Tras un proceso judicial de más de ocho años, el Tribunal de Sentencia absolvió -por unanimidad- de culpa y pena a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad.

Los magistrados determinaron que no se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados.

Boidanich había sido imputado por el Ministerio Público porque supuestamente había ocultado y retrasado de forma deliberada reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano brasileño Darío Messer.

La Fiscalía solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exfuncionario por supuestamente retrasar reportes sospechosos.

Al respecto, Boidanich resaltó que el tribunal analizó una gran cantidad de pruebas y testigos presentados durante el juicio. Asimismo, enfatizó que ninguno de los elementos probatorios ni testimonios presentados demostró que él hubiera intentado frustrar, obstaculizar o cometer alguna irregularidad en la investigación contra Messer.

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