Un tribunal de sentencia aplicó condenas de entre 3 y 24 años de cárcel a diez acusados por la liberación del supuesto narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura” en que fue asesinado el comisario Félix Ferraro, hecho registrado en setiembre del 2019.
Los jueces de sentencia que condenaron a los acusados son: Manuel Aguirre, Rossana Maldonado y Federico Rojas. Los mismos sentenciaron a 24 años de cárcel a Rody Almeida Ibarra, Héctor Lazarte, y Fredy Esteban González Núñez. Los mismos serían los coautores del rescate de Samura.
Del mismo modo fue condenado a 16 años de cárcel Cristian Collar Saavedra por haber sido cómplice de los primeros condenados quienes facilitaron la huida de Samura. Igualmente fueron sentenciados a 4 años de cárcel Édgar Espinoza Cuevas, y César Andrés Almeida. Mientras que a dos años de prisión fueron condenados José Gómez y Ángel Manuel Cuevas Rojas con suspensión condicional del procedimiento por liberación de presos.
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El tribunal de sentencia sostuvo que se pudo probar la responsabilidad del hecho de cada uno de los procesados por lo que la pena justa para cada uno fue la dictada más arriba. Los fiscales del caso fueron Alejandro Cardozo, Cristián Ortiz y Alicia Sapriza.
Igualmente los condenados tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien deberá decidir si confirma las condenas dictadas en primera instancia.
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Corte anuncia que la ciudad de Liberación estrena sede judicial y amplía la atención a la ciudadanía
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes que la ciudad de Liberación cuenta desde hoy con nueva sede de Juzgado de Paz. La dependencia judicial funciona ahora sobre la ruta PY08, en el departamento de San Pedro, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para la atención de los ciudadanos.
El Juzgado de Paz está a cargo del magistrado Alexi Alberto Barreto Iglesia. Según informó el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, el traslado responde a la necesidad de disponer de un espacio más adecuado para el funcionamiento de la institución y fortalecer el servicio de justicia en la comunidad.
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Ciudad joven con perfil productivo
Liberación es uno de los distritos del departamento de San Pedro y se encuentra a unos 200 kilómetros de Asunción, en una zona estratégica para la actividad agropecuaria y el movimiento comercial.
La comunidad fue conocida anteriormente como Cruce Liberación y dependía administrativamente de Choré. Tras las gestiones de sus pobladores para lograr la autonomía distrital, el municipio fue creado mediante la Ley N.º 4.363, promulgada el 24 de junio de 2011, fecha que también coincide con la celebración de su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el distrito de Liberación registra 19.100 habitantes.
La economía local se sostiene principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio. La producción hortícola también forma parte de la actividad rural, con cultivos como el tomate, mientras que las iniciativas de asistencia técnica e inversión productiva contribuyen al trabajo de los agricultores de la zona.
Su ubicación sobre la ruta PY08, conocida como General Elizardo Aquino, favorece la conexión con otras localidades del departamento y el traslado de productos hacia los mercados.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Homicidio en Liberación: una mujer acuchilló a su pareja en medio de una discusión
La Policía y el Ministerio Público investigan un luctuoso hecho, ocurrido el fin de semana, en el que una mujer mató a su pareja sentimental de una puñalada, supuestamente en defensa propia. El asesinato ocurrió en la localidad de Liberación, departamento de San Pedro.
La supuesta autora del homicidio fue identificada como María Angélica Rolón Oliveira (33), quien quedó a disposición de las autoridades tras la intervención de agentes del Departamento de Investigaciones de San Pedro, con sede en Santa Rosa del Aguaray.
Resultó víctima César López Villalba (28), quien falleció a causa de un shock hipovolémico por herida de arma blanca en el tórax a la altura del corazón a causa de una estocada, según informe de la forense Ángela Céspedes.
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El hecho se produjo anoche, alrededor de las 19:00, en una vivienda ubicada en la colonia Jejuí del mencionado distrito. Tras ser alertados, agentes de la comisaría zonal llegaron hasta el sitio y hallaron al hombre ensangrentado. Estaba tendido en el suelo boca arriba sin signos de vida, de acuerdo con el informe policial.
La supuesta autora manifestó a los intervinientes que ambos llevaban conviviendo desde hace más de ocho años y que este sábado estaban compartiendo cuando repentinamente se originó una discusión, presuntamente por problemas particulares.
La mujer aseguró que en un ataque de ira, la víctima tomó un cuchillo que se encontraba sobre una mesa e intentó herirla, hasta que ella se apoderó del arma en un descuido del sujeto y le aplicó una herida a la altura del pecho. Como consecuencia cayó al suelo, ensangrentado, produciendo su muerte.
Durante la intervención fueron incautados un arma blanca y prendas de vestir con manchas de sangre, elementos que serán sometidos a las diligencias correspondientes. Una vez terminada las diligencias el cuerpo fue entregado a sus familiares y por orden del fiscal Rusbell Benítez la aprehendida fue derivada hasta la Comisaría 8va. de Santaní a disposición del Ministerio Público.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.