La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), imputado por abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.

Capello Barreto fue detenido debido a que contaba con una orden de captura. El imputado se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad, lugar donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias. Hasta el momento se conocen tres víctimas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde hace años”, revela la investigación.

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Sobre el investigado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías N.° 5 resolvió no hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa, por lo que confirmó la rebeldía y la orden de captura en contra del hombre de 42 años.

Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante las sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de las víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.

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El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.

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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.

La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.

“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Vecinos del barrio Reducto-Lérida de San Lorenzo celebran la clausura de la planta asfáltica dispuesta por la comuna local ante denuncias de que el ingenio industrial operaba de manera irregular, contaminando el medio ambiente y generando efectos nocivos para la población.

“Pero seguimos en la lucha, hasta que el consorcio Victoria desmonte su campamento y se reubique en un lugar apto para este tipo de actividades. No estamos en contra del trabajo, pero sí del atropello a nuestros derechos de salud y tranquilidad”, aclaró Catalina Insfrán en declaraciones al diario La Nación/ Nación Media.

La Resolución Municipal No 1590/2026 rechazó la solicitud de permiso de la firma Consorcio Victoria para la instalación y funcionamiento de una planta asfáltica en el vecindario, amparado en el artículo constitucional que consagra el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente saludable.

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Asimismo, las autoridades municipales avalaron la decisión en base a ordenanzas municipales que restringen el asentamiento de industria pesadas, nocivas, molestas o peligrosas dentro dentro del tejido urbano residencial y prohíben la instalación de macroindustrias generadoras de polvillo hidrocarburos suspendidos en cercanías de núcleos habitacionales.

En ese sentido, los vecinos habían denunciado a dicha firma por la emisión de partículas contaminantes que afectaban la salud de lugareños además degenerar ruidos molestos y otros inconvenientes, sumadas a otras irregularidades como el hecho de estar operando sin licencia.

Por lo tanto, la intendencia ordenó la paralización inmediata de todas sus actividades dentro del predio utilizado.

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El hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro afirmó el martes que las fotografías que circularon el fin de semana de su padre fueron tomadas por personal de la prisión en Estados Unidos y enviadas luego por correo a la familia. La autenticidad de las dos imágenes de Maduro suscitó dudas. En las fotos aparece vestido con un chándal gris mostrando una clara pérdida de peso tras su captura en enero por fuerzas estadounidenses.

Las fotografías fueron compartidas el domingo en las redes sociales del depuesto mandatario, dos días después del anuncio de un histórico acuerdo energético que le otorga a Estados Unidos el manejo de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. “Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto” que han dejado 6.500 fallecidos, dijo Nicolás Maduro Guerra en un video publicado en X. La fecha coincide con la del registro de la cámara.

“Él (Maduro) nos cuenta que eran a eso de las 6 de la tarde, llegó la persona que tomó fotos y él estaba frente al televisor, estaba muy conmocionado, estaba muy afligido”, narró. Según Maduro Guerra, su padre, recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn acusado de narcotráfico, “no tenía el ánimo de tomarse la foto”, pero “la persona que tomó la foto insistió” y le dijo que luego podía enviarla.

“Efectivamente la foto se la dan impresa, las dos fotos se la dan impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el día martes 25 de agosto”, aclaró.

Maduro Guerra dijo que luego le “enviaron una foto de la foto” y el viernes su padre le dictó un mensaje desde la cárcel que publicó luego junto a las fotografías.

“Nosotros seguimos aquí trabajando en el nombre de Dios sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores”, afirmó Maduro Guerra.

En prisión Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Fuente: AFP.