Los abogados Daniel Lobo y Nelson López, defensores del pastor José Insfrán quien días atrás se entregó a la justicia y se decretó su prisión preventiva en la base de Operaciones de la Senad, apelaron la resolución de la jueza del Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Ahora será un tribunal de apelación quien deberá decidir si corresponde que Insfrán siga privado de su libertad o sea beneficiado con el arresto domiciliario o la libertad.
Días atrás la jueza Montanía resolvió decretar la prisión del pastor Insfrán luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia de Sajonia.
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El pastor se entregó el pasado jueves 16 de noviembre ante la Fiscalía, luego de estar prófugo desde febrero de 2022, cuando se desplegó el citado megaoperativo que desarticuló un esquema de lavado de dinero y narcotráfico denominado operativo A Ultranza Py.
Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, fue acusado por la Fiscalía por utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo pasado.
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Senado excluye de la lista de postulantes para contralor a exjuez destituido
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores notificó este miércoles al abogado Edgar Hernán Sosa que su postulación para el cargo de contralor general de la República quedó fuera del proceso de selección, tras el análisis de admisibilidad administrativa de los antecedentes.
De acuerdo con la nota suscrita por el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, la decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N° 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
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El equipo técnico de la comisión asesora encargada de la evaluación de los documentos presentados por los postulantes halló impedimentos legales en sus antecedentes, por lo que presentó el informe a los miembros legisladores de esta comisión y la resolución fue emitida con la firma del titular de la mesa asesora.
La circunstancia que hoy le deja fuera de carrera a este profesional del derecho tendría que ver con un antecedente sobre una remoción dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), conforme a la Sentencia Definitiva Nº 04/14 del JEM, del 8 de abril de 2014, que dispuso su remoción como juez interino del Juzgado Penal de Sentencia Nº 6 de Ciudad del Este.
Sosa, abogado de Ciudad del Este con cerca de tres décadas de ejercicio profesional, se postulaba para integrar la nómina de aspirantes al cargo de contralor general y la resolución de la Comisión determina que su postulación no continuará en el proceso de selección.
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Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Tribunal absuelve por unanimidad de culpa y pena a Óscar Boidanich
Tras un proceso judicial de más de ocho años, el Tribunal de Sentencia absolvió -por unanimidad- de culpa y pena a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad.
Los magistrados determinaron que no se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados.
Boidanich había sido imputado por el Ministerio Público porque supuestamente había ocultado y retrasado de forma deliberada reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano brasileño Darío Messer.
La Fiscalía solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exfuncionario por supuestamente retrasar reportes sospechosos.
Al respecto, Boidanich resaltó que el tribunal analizó una gran cantidad de pruebas y testigos presentados durante el juicio. Asimismo, enfatizó que ninguno de los elementos probatorios ni testimonios presentados demostró que él hubiera intentado frustrar, obstaculizar o cometer alguna irregularidad en la investigación contra Messer.
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Defensa de Óscar Boidanich pidió la absolución de culpa y pena
Los abogados Claudio Lovera y César Alfonso, representantes de Óscar Boidanich, solicitaron al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Fue durante la exposición de los alegatos finales ante el colegiado.
De acuerdo con lo señalado ya anteriormente por el abogado defensor, las pruebas producidas a lo largo del juicio oral demostraron claramente que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta que pueda considerarse punible.
Asimismo, se argumenta que el área de análisis de la Seprelad inició oportunamente la recopilación de datos de diversas fuentes para su valoración en el contexto de tareas de inteligencia financiera, una actividad en la que Boidanich no intervenía. Esta postura quedó ratificada cuando un analista declaró en el juicio que no recibió ninguna indicación que implicara influir o demorar su tarea.
La defensa refiere que “el borrador o informe preliminar del caso Dario Messer siguió su proceso de verificación en las áreas previstas por la normativa interna, incluyendo un dictamen jurídico que recomendó al área de análisis realizar pasos adicionales antes de su remisión al Ministerio Público”.
También se menciona que entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, otra persona ejerció como encargado de despacho de la secretaría ejecutiva. La prueba producida indica que diversas áreas realizaban actividades para culminar los pasos previstos respecto a varios informes preliminares, incluido el denominado caso Chasa. Este documento no estaba oculto; por el contrario, se encontraba junto al dictamen jurídico a la vista y disposición de quienes ejercían funciones en ese momento.
Del mismo modo, declararon once testigos que manifestaron ante el tribunal de sentencia que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta para demorar el avance de las actividades en la Seprelad.
Firma de remisión
Otro punto destacado por la defensa es que el sábado 14 de abril de 2018, Boidanich recibió el alta médica tras una internación por una situación grave de salud. Debido a esta circunstancia, la institución contó con un encargado de despacho en forma continua durante un mes y medio. El primer día hábil tras su retorno (16 de abril de 2018), el exministro firmó la remisión del informe Chasa al Ministerio Público.
Según Lovera, el informe llegó de forma oportuna, ya que la Fiscalía basó sus decisiones iniciales y el correspondiente comiso autónomo en acciones judiciales ocurridas en Brasil, fechadas el 2 de mayo de 2018 (conocidas por la Fiscalía de Paraguay el 3 de mayo de 2018) y a partir del 6 de junio de 2018. Dado que el Ministerio Público inició su investigación el 4 de mayo de 2018, el informe de la Seprelad ingresó y estuvo a su disposición con anterioridad, resultando pertinente y útil para las tareas judiciales una vez que la institución consideró reunidos los requisitos.
Finalmente, la defensa enfatiza que en el juicio se determinó que las medidas cautelares se dictaron de forma oportuna y que todos los bienes fueron alcanzados por la pretensión de comiso autónomo impulsada por la Fiscalía, la cual fue presentada ante el Poder Judicial en octubre del año 2022.