El exfiscal Hugo Volpe fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión en el marco del proceso penal que enfrenta por recibir regalo del supuesto narcotraficante Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Foto: Archivo
Minotauro: otorgan medidas alternativas a la prisión a exfiscal Hugo Volpe
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas al exfiscal Hugo Volpe, imputado por cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, por recibir de coima supuestamente una lujosa lapicera del presunto narcotraficante Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
El magistrado dispuso una caución real con el depósito de G. 10 millones en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la caución personal por el mismo monto de su esposa. Asimismo, el abogado Edison Sánchez, imputado por presunto soborno agravado, tiene medidas alternativas. El mismo ofreció una fianza de G. 100 millones. Mientras que la coprocesada María Cabral cumple una pena en Brasil y no se hizo la audiencia.
Por otra parte, el juez Otazú admitió la imputación y procesó por supuesto soborno agravado al exfiscal Armando Cantero. También fijó para el 15 de noviembre 10:30 la audiencia de imposición de medidas.
De acuerdo a la imputación, el 29 de junio de 2019, el abogado Edison Francisco Sánchez Benítez intercambió mensajes a través de la aplicación Whatsapp con su colega y amiga María Alciris Cabral Jara, domiciliada en Brasil, y en esa oportunidad el citado profesional, quien residía en la ciudad de Pedro Juan Caballero, le ofreció sus servicios para verificar la situación procesal de su pareja Sergio de Arruda Quintiliano Neto.
Está investigado por hechos relacionados al crimen organizado ante la Unidad Especializada N° 1 Contra el Crimen Organizado y N° 7 Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico de Asunción, a cargo del exfiscal fiscal Hugo Carlos Volpe.
Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
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El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
Tribunal de Apelación da luz verde al juez Humberto Otazú para que llame a audiencia preliminar al intendente Miguel Prieto, acusado por supuesta corrupción por compras en pandemia. Foto: Archivo
Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
Resolución del Tribunal de Apelación Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa de Miguel Prieto. Foto. Gentileza
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González, imputada por prevaricato por el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Gentileza
Mafia de los pagarés: otorgan medidas alternativas a la prisión a exjueza de Paz
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El juez de Garantías, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato en el caso conocido como la mafia de los pagarés. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El magistrado dispuso una fianza de G. 200 millones que deberá ser reemplazada por un inmueble, la comparecencia trimestral para la firma del acta judicial y la prohibición de cambiar de domicilio.
El abogado de la exmagistrada es Mario Elizeche, quien señaló que su representada actuó conforme a derecho y a su vez criticó la imputación presentada por el Ministerio Público.
El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente de nulidad de la imputación por prevaricato presentado por la jueza suspendida en sus funciones Analía Cibils, procesada penalmente por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la investigación del esquema corrupto conocido como la mafia de los pagarés.
Estigarribia sostuvo que la imputación cumple con todos los requisitos formales exigidos por la ley, en el sentido que se identificó suficientemente a los imputados por lo que corresponde rechazar el incidente presentado por la defensa de Cibils.
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 28 años de cárcel a Óscar Caballero luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. Foto: Archivo
Condenan a 28 años de cárcel al acusado del homicidio del exfiscal Javier Ibarra
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El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público.
El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público, Javier Ibarra.
Por su parte, la querella representada por el abogado Rodrigo Moreno señaló que “estamos conformes con la sentencia condenatoria donde se ha demostrado plenamente la responsabilidad del hoy condenado en el homicidio de Javier Ibarra”.
Agregó que “el hecho se pudo demostrar con elementos de prueba contundentes, como ser las testificales de las personas que declararon en juicio, las pruebas periciales de Criminalística de la Policía Nacional, así como el circuito cerrado en las inmediaciones de la casa del exfiscal Ibarra y los informes de las telefonías celulares entre otros elementos de prueba”, indico el abogado Moreno.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se haga un nuevo juicio oral y público.