El juez de Delitos Económicos, José Delmás, decretó la inhabilitación y bloqueo de toda suma de dinero o acciones colocadas en todas las entidades bancarias y financieras de plaza y cooperativas, y a su vez la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles sobre el exdiputado Ever Noguera, imputado por lavado de dinero y otros en la causa conocida como merienda escolar de la Gobernación de Guairá.
Asimismo, se suspendió la audiencia de imposición de medidas del exparlamentario debido a que el mismo presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia que fijaba dicha audiencia. Ahora, el magistrado resolverá el recurso, que de ser rechazado irá a un Tribunal de Apelación.
Audiencia preliminar
El juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, fijó para el 17 de octubre a las 8:00 la audiencia preliminar al exsenador Rodolfo Friedmann, Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, acusados por administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo en el marco del proceso penal conocido como merienda escolar.
Roberto Zacarías Recalde, fiscal adjunto asignado a la causa, presentó ante dicho magistrado la acusación solicitando juicio oral para Friedmann y otras dos personas implicadas en el caso. Por otra parte, se ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para Marly Figueredo, esposa del exlegislador.
La acusación contra Friedmann es en calidad de autor por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo. En tanto, su primo Silvio Alfaro y el exsecretario del senador durante su mandato en la Gobernación de Guairá, Eduardo Domínguez, son calificados como cómplices.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.
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Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
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“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.
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Alertan robo de celulares para vaciar cuentas bancarias
El comisario Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, dio a conocer cifras alarmantes de fraude concretado a través del robo de celulares con el único fin de vaciar las cuentas bancarias de las víctimas. El año pasado los criminales lograron alzarse con más de un millón y medio de dólares mediante esta nueva modalidad de delincuencia y actualmente se recibe un promedio de doce denuncias de este tipo por mes.
“De hecho que hay varias modalidades que explotan los delincuentes. Hoy en día el robo del teléfono lo hacen ya con una intención diferente, no por el valor del teléfono sino por el valor que tiene en las informaciones que pueda tener el aparato”, señaló a la 1080 AM. Es así que el objetivo primordial del hurto del celular pasa por la extracción de dinero de las cuentas corrientes de las personas. “Y para ello hoy en día desbloquear la pantalla de un dispositivo es sumamente fácil, a veces cuando primero las personas utilizan alguna contraseña muy débil. A eso nosotros le llamamos ataques de fuerza bruta, el que adivina tu contraseña. Y después el trabajo del técnico que tiene esas herramientas con software especiales que hacen esos ataques hasta adivinar la contraseña”, mencionó.
El Policía explicó que el primer paso del robo consiste en la venta del teléfono a un precio accesible. “No lo venden muy caro porque la mayoría de esas personas lo vende rápidamente y ese reducidor tiene su técnico que le desbloquea y que pueda empezar a hacer las transferencias. Y esas transferencias lo hacen de manera ramificada a diferentes personas, de tal forma a despistar toda esa gama de investigación que hacemos”, detalló.
INGENIERÍA SOCIAL
En cuanto al mecanismo utilizado por los ladrones, dijo que las técnicas aplicadas para diferentes servicios son aplicaciones que funcionan generalmente con los números de cédula. “Después necesitan el pin transaccional que normalmente al abrir el teléfono pide para hacer las diferentes operaciones. Hay una que al abrir el teléfono las personas anotan en block de notas en el dispositivo y ahí es fácil para el delincuente para empezar a hacer las transacciones”, manifestó.
La otra vía es la conocida como la ingeniería social que utilizan los mensajes y correos de la víctima. De esta manera el delincuente intenta obtener el pin de forma engañosa si no pudo acceder fácilmente. En cuanto al dinero que se ha movido a partir de delitos informáticos en Paraguay, el comisario Alarcón dio cifras asombrosas.
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El Poder Ejecutivo reglamenta ley de fomento a la lectura
El Poder Ejecutivo emitió la reglamentación de la ley N.° 7140/23 de “Fomento de la lectura y del libro”, con lo cual se da paso a la articulación de políticas que fomenten la industria editorial en nuestro país. Esta normativa fue celebrada por el sector cultural y señalaron que es una legislación que fue anhelada por años.
“Con la firma de este decreto se da un gran paso, sobre todo hacia una decisión de articular una política nacional de lectura y el libro tan necesaria para fomentar la industria editorial dentro del Paraguay. Queremos transmitir la intención del presidente de la República de que como paraguayos, demos pasos acelerados hacia ese mayor desarrollo en todos los aspectos”, expresó Paula Carro.
El anuncio del decreto fue realizado en conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga, y también asistió la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, además de escritores y otros referentes del sector cultural. En la oportunidad, la ministra señaló que esta ley se da luego de una lucha de más de 20 años.
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“Con este acto se abre la tapa de acción ejecutiva en la que la Secretaría Nacional de Cultura desarrollará la elaboración e implementación del Plan Nacional de Lectura en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas y la ayuda y cooperación de todas las instituciones culturales relacionadas al libro, la lectura y la promoción cultural del Paraguay”, señaló.
Asimismo, este decreto obliga a la instalación del Consejo Nacional del Fomento de la Lectura y el Libro y la nominación y elección de los representantes para integrar la misma, que provendrán de las entidades privadas y del sector público. A cargo de este órgano estará la elaboración del Plan Nacional de Lectura y ejecutará acciones para que se provea el fondo para la lectura y el libro a nivel nacional.
“Quiero destacar que esta ley ha tenido un largo proceso de corrección y perfeccionamiento con la amplia participación del sector cultural, editores, escritores, que hoy me acompañan, periodistas, referentes culturales del interior que se han unido a las mesas técnicas y los resultados expresa propósitos, expectativas y sueños de tan apreciado sector”, remarcó Ortiz.
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