Una importante cantidad de cocaína para la distribución hacia los focos de consumo de Loma Plata, Filadelfia y alrededores, fue incautada en poder de dos hombres quienes fueron detenidos por agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) en coordinación con el agente fiscal Andrés Arriola.
Los detenidos empezaban a posicionarse como uno de los esquemas de abastecimiento de drogas con más alcance de la zona del departamento de Boquerón. Un total de 668 gramos de cocaína que estaban distribuidas para su comercialización.
El allanamiento se realizó en el barrio Nuevo Horizonte donde fueron detenidos Reinaldo Ortiz Sanabria, de 54 años de edad y Carlos Alberto Benítez Orrego. Los mismos deberán acudir hasta el Ministerio Público para la declaración respectiva ante el fiscal Arriola.
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Una vez que se realice dicha diligencia fiscal, el representante del Ministerio Público presentará la imputación por delitos relacionados al narcotráfico. Asimismo en el acta de imputación se tendrá que solicitar la prisión preventiva de los imputados.
Asimismo, los aprehendidos deberán comparecer ante el juzgado penal de garantía para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.
Días atrás el fiscal Andrés Arriola realizó igualmente otro allanamiento en Mariscal Estigarribia donde fue detenido un delivery, quien ya fue imputado y se ha solicitado su prisión preventiva. Será un juzgado de garantía el que estudiará el pedido y resolverá si se hace lugar a la prisión.
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Ruta PY12 registra un avance del 74 % en General Bruguez
La pavimentación de la ruta PY12, en el tramo correspondiente a General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, registra un avance físico del 74,10 % en su lote 4. Las obras continúan con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones del terreno y garantizar la circulación durante la ejecución, pese a las dificultades generadas por las lluvias en la zona chaqueña.
Los trabajos, impulsados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se concentran actualmente en el mejoramiento de los sistemas de drenaje, la estabilización de la subrasante y el mantenimiento de los caminos alternativos. Estas tareas buscan reducir el riesgo de anegamientos y preparar una base firme para la futura calzada.
El sistema de drenaje permite encauzar las aguas pluviales y evitar su acumulación sobre el camino, mientras que la estabilización del suelo apunta a proporcionar mayor resistencia para soportar el tránsito vehicular y las condiciones propias de la región. En paralelo, se mantienen los desvíos temporales para asegurar el acceso a las comunidades y permitir que los pobladores continúen con sus actividades cotidianas.
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El proyecto también contempla acciones de gestión ambiental y social, mediante el acompañamiento a pobladores, instituciones educativas y productores. Para ello, se habilitaron canales de consultas, quejas y reclamos relacionados con aspectos como la señalización, el control del polvo y el acceso a viviendas y comercios durante las intervenciones.
El lote 4 está a cargo del Consorcio Chaco Sur y forma parte del proyecto de habilitación y mantenimiento de 166 kilómetros de la ruta PY12, distribuidos en cuatro lotes entre Chaco’i y General Bruguez, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Una vez finalizada, la infraestructura beneficiará a unas 60.500 personas del departamento de Presidente Hayes, al facilitar el traslado de la producción, mejorar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la conexión de las comunidades del Bajo Chaco con los principales centros económicos del país.
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Caso Ueno: incautan más vehículos en la vivienda de Miguel Vázquez
Una comitiva fiscal y policial desarrolla este lunes un procedimiento en la residencia de Miguel Vázquez, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, en el barrio La Piedad de Asunción, a los efectos de incautar vehículos que fueron dejados en la propiedad y otros en la zona.
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen, indicó a la 1020 AM que se tratan de rodados que tenían familiares del exdirectivo de la entidad en quiebra y fueron dejados en la residencia. Anticipó que se realizarán más intervenciones en el marco de la causa.
Se trata de un vehículo Toyota Fortuner, con chapa AASM 472, otra Toyota Fortuner, con AATJ 420, también un Volvo EX30 (SUV), con chapa AAZM 787 y por último una Chevrolet S10, con chapa AARK 843.
Además, encontraron otra camioneta que estaba escondida en otra propiedad frente mismo a la casa de Miguel Vázquez, exCEO de Ueno Bank.
Según adelantaron los intervinientes, los bienes incautados serán entregados a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su administración.
La residencia se encuentra ubicada sobre la calle Coronel E. Facetti, esquina Totus, hasta donde llegaron los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, con el acompañamiento de efectivos del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
Los vehículos encontrados durante el operativo se suman a otros bienes alcanzados por las medidas de incautación, que posteriormente serán entregados a la Senabico para su administración, conforme a los procedimientos establecidos.
Durante el primer procedimiento, realizado el martes 3 de noviembre, fueron incautados otros nueve vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto rondaría los USD 1,4 millones.
Entre ellos, un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, dos Mercedes Benz Brabus, un BMW M2 y un Audi RS e-tron GT.
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Caso Ueno Bank: Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del BCP
La Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, quien es investigado por la presunta adulteración del informe oficial remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre para encubrir la insolvencia de Ueno Bank.
La orden de captura surge en el marco de la causa penal 92/2026, que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La medida fue dispuesta por el equipo de fiscales integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Rodríguez González, habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Las alteraciones habrían omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones.
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La Fiscalía refiere que el funcionario habría actuado de forma coordinada con otras autoridades del Banco Central del Paraguay y participado en la elaboración y validación de documentos que presuntamente contenían información falsa. Asimismo, el 9 de octubre de 2026 habría concurrido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso Nacional sobre la situación de la entidad bancaria que se encuentra en un proceso de resolución desde el pasado 3 de noviembre tras detectarse una insuficiencia en su índice de solvencia.
A la vez retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando operaciones financieras. La investigación también examina la posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad. La existencia y el alcance de un eventual perjuicio patrimonial deberán determinarse en el proceso investigativo.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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