Un hombre fue condenado a 20 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. La agente fiscal Claudia Torres Ozorio logró la condena arrimando todos los elementos de prueba. El hoy condenado trabajó como albañil en el domicilio de la víctima. El grave hecho quedó demostrado en juicio oral y público con la presentación de las pruebas.
Estas fueron ofrecidas en el juicio oral y son la Cámara Gessel, diagnóstico médico y testigos calificados, así también fue comprobado que el abuso ocurrió varias veces. El hecho se produjo en Loma Pytâ, en el año 2018, cuando la víctima tenía 10 años. La familia acogió al inculpado en su vivienda mientras duraba la obra, ya que el mismo era oriundo del interior del país.
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La presidenta del Tribunal de Sentencia, Laura Ocampo, con relación a la pena de 20 años manifestó que es conforme a la base de medición del Art 65 del Código Penal, ya que la víctima fue abusada en diversas ocasiones y no quedó ninguna duda de la comisión del hecho punible.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá estudiar y resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia. Si el tribunal de alzada ratifica el fallo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Jonathan Fabbro solicita ser trasladado a Paraguay para cumplir el resto de su condena
El exjugador de fútbol Jonathan Fabbro, condenado en Argentina a 16 años de cárcel, solicitó a la Justicia de Paraguay ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de su condena. Sobre dicha petición, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira, ya remitió varios oficios a fin de evaluar el planteamiento del condenado.
La defensa de Fabbro realizó la solicitud argumentando que el caso se encuadra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur (aprobado por la Ley N° 3536/2008). El objeto de este tratado es posibilitar que los reclusos que reúnan las condiciones previstas puedan continuar con el cumplimiento de su pena en el Estado del cual son nacionales o donde tengan residencia legal y permanente.
En ese sentido, la recepción de la solicitud no implica la aprobación automática del traslado. Esta etapa inicial corresponde a la prosecución del trámite y a la verificación de los requisitos necesarios para que la magistratura pueda emitir oportunamente una decisión dentro del ámbito de sus competencias.
Al tratarse de un ciudadano argentino nacionalizado paraguayo, la jueza Silveira determinó que resulta pertinente contar con información actualizada respecto a su situación personal y jurídica en el país. Asimismo, se busca verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes en territorio nacional, sin perjuicio de los demás antecedentes contemplados en el instrumento internacional.
Como primeras medidas, la magistrada solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial de Fabbro, además de la planilla de antecedentes penales actualizada. Igualmente, requirió a la Dirección General de Migraciones las constancias de entrada y salida del territorio nacional, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital un informe actualizado sobre el estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro sobre abuso sexual en niños y otros”.
Una vez que se reúnan estos informes primarios, la jueza estudiará si corresponde dar trámite definitivo al pedido realizado por el condenado.
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Otro detenido en causa por abuso sexual de niños a través del culto Umbanda
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En allanamientos efectuados hoy en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, en una de las casas fue capturada la persona que estaba prófuga desde hacía un año y declarada en rebeldía, en el caso que investiga hechos de abuso sexual en niños y adolescentes que habrían sido cometidos bajo la fachada del culto religioso Umbanda.
Se trata de Ramón Silguero Traversi (30), el que faltaba dentro de la investigación en curso, según la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes.
En la misma causa está acusado y en prisión Adrián Anselmo Aveiro Silguero (41), por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación y trata de personas. Se desempeñaba como el “ministro” de la secta religiosa Umbanda. El detenido de hoy es su primo y también está imputado por los mismos hechos, según dijo a La Nación/Nación Media la fiscal Coronel.
Asimismo, refirió que la investigación no es por la práctica religiosa de los procesados, sino por la captación y sometimiento de sus víctimas, en su mayoría niños y adolescentes para ser mantenidos bajo un régimen de servidumbre, trabajo forzoso, abuso sexual, maltratos físicos y sicológicos. La religión fue el medio utilizado, agregó.
En julio del 2025 fue allanada una vivienda del Km 14 Acaray que funcionaba como un templo y en el sitio se habrían cometido los hechos denunciados de abusos sexuales, rituales violentos, trabajos de servidumbre y maltratos físicos.
En esa oportunidad fue detenido Aveiro Silguero, quien fue acusado en abril pasado y hoy quedó detenido el segundo procesado del caso. “Con esta detención cerramos nuestra investigación”, sostuvo la fiscal Vivian Coronel.
Unas ocho víctimas identificadas
La denuncia de la madre de uno de los afectados había dado pie a la investigación que encontró otras víctimas de los que manejan el citado “templo”. La agente del Ministerio Público refirió que identificó a unas ocho supuestas víctimas de los procesados, en el mencionado templo. De acuerdo a los datos recabados en la investigación, los hechos datan del año 2020.