El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento provisional del extitular de la Conajzar José Antonio Ortiz y seis procesados por lesión de confianza en el marco de la adjudicación de la explotación de juegos de azar en forma irregular y la legalización de tragamonedas. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Ahora con la resolución del citado magistrado, el Ministerio Público tiene un año de plazo para la formulación de su requerimiento conclusivo y pedir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público. El fiscal del presente caso fue Diego Zilbervarg, quien inicialmente pidió que el caso se eleve a un juicio oral para el acusado Raúl Silva, pero luego se allanó al pedido de sobreseimiento provisional.
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En su momento, el Ministerio Público sostuvo que se encontraron varias irregularidades en la concesión e incluso, rebaja en el costo del canon. Con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por ley, debería ser potestad de las municipalidades.
La fiscala del presente caso inicialmente fue Estefanía González, quien había imputado a los involucrados por irregularidades en gestiones de juegos de azar tras denuncias hechas en la Cámara de Senadores.
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Investigan otro posible feminicidio tras muerte de una adolescente en Villa Hayes
La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.
Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.
Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.
Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.
El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.
“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.
Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.
El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.
Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.
Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.
“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de CGR por errores de carga
“Ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas”, señaló el fiscal Francisco Cabrera.
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos.
Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso. “A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, el día de ayer, al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
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Fiscalía abre causa penal para investigar títulos universitarios sin acreditación
En el marco de la denuncia presentada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), desde el Ministerio Público se informó sobre la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.
Para el caso, el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción que se encuentra integrado por los agentes Silvia González, Laura Giaucummo y Christian Benítez.
La denuncia impulsada por la Aneaes surge tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
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La institución encabezada por José Duarte Penayo remitió los datos a la Fiscalía y requirió analizar el inicio de una investigación para verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.
El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras cuya acreditación es obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
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Se pospuso audiencia de Prieto por reposo de su abogada
La abogada de Miguel Prieto, Gilda Portillo, presentó el correspondiente reposo médico que derivó en la suspensión.
El juez Humberto Otazú suspendió ayer martes la audiencia preliminar del exintendente destituido Miguel Prieto en su tercer proceso por lesión de confianza, causa en la que se investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones al Consejo de Salud de la Municipalidad de Ciudad del Este. La diligencia judicial se pospuso a raíz del pedido formulado por la abogada Gilda Portillo, quien presentó el correspondiente reposo médico, según reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde el Palacio de Justicia.
Esta audiencia preliminar se debe llevar a cabo para determinar si esta causa será elevada a juicio, el tercero que debe enfrentar el exintendente esteño. La acusación formal había sido presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y Verónica Valdez ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos de Primer Turno.
Miguel Prieto está acusado “por su participación en la comisión del hecho punible de lesión de confianza, tipificado en el Art. 192, inc. 1.º, del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1.º, del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.