El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

Siga informado: “Poco serio”, ministro de la Senad cuestiona debate sobre legalización de la marihuana

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.

El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.

Le puede interesar: Diputados aprobó iniciativa para digitalizar el historial clínico de pacientes en Paraguay

Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.

Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.

“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.

No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.

“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.

El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.

“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.

Siga informado con: Senado: opositores dejan sin quorum estudio de iniciativa de creación de juzgados de Familia

El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, manifestó que ya se inició el proceso para corroborar la identidad de los restos óseos hallados en una caleta durante un operativo realizado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.

Existen las sospechas de que los restos pertenecerían al líder del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML), Alejandro Ramos. El médico mencionó que en aproximadamente 30 días se conocerían los resultados que permitan confirmar o descartar si se trata de Ramos.

“Debemos tener en cuenta que existe una alteración. El hecho de que los restos hayan estado en un plástico termina creando un efecto invernadero y hace que crezcan bacterias, esto puede complicar eventualmente se contamine y complique el procedimiento de ADN”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo dijo que “para dar un dato preciso de cuando tendremos los resultados no lo podemos hacer hasta que no veamos con que material trabajar, pero el promedio siempre es de 30 días, puede ser más o menos de acuerdo a la calidad del material con que trabajemos”.

Detalló que la primera fase del procedimiento inició ayer lunes, con el retiro de los restos óseos del sitio de enterramiento secundario. Lemir argumentó que este hecho termina dificultando las investigaciones como la identificación.

Agregó que en esta fase también se concretó la toma de muestras de ADN a Lourdes Teresita Ramos, hija de Alejandro Ramos. La mujer fue detenida por los agentes de seguridad el pasado mes de febrero en la compañía Salinas Cué, al estar sindicada como participe en el secuestro del ganadero Félix Urbieta.

Leé también: Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol

Lemir mencionó que la segunda fase de reconocimiento se iniciará este martes con la llegada de los restos óseos hasta la sede de la morgue judicial de Asunción. El doctor informó que entre los procedimientos a ser concretados se encuentran una entrevista antemortem con los familiares de Ramos.

“Esto se concretará para que puedan darnos datos sobre características generales como el peso, estatura, si tuvo alguna cirugía entre otros puntos”, expresó. Señaló que también se elaborará
una carpeta post mortem.

“Esto se confeccionará mediante los datos que nos da el esqueleto. Esto trataremos de correlacionar para ver si hace match para la identificación”, mencionó. En caso de que entre los restos hallados se encuentren piezas dentales, se efectuará un odontograma forense.

Te puede interesar: ANR busca acortar plazos de campañas y desdoblar inscripciones de movimientos y candidatos

Los restos óseos encontrados en una caleta durante un operativo realizado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que serían del exintegrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y posteriormente fundador del Ejército del Mariscal López (EML), Alejandro Ramos, ya están siendo remitidos en la Dirección de Medicina Legal del Ministerio Público para ser sometidos a análisis y confirmar su identidad.

En una conferencia de prensa realizada ayer por el Codi y el Ministerio Público, confirmaron que los restos son de Alejandro Ramos; sin embargo, esto se confirmará mediante análisis. Para ello, se tomarán muestras de los restos óseos y se compararán con las de la hija de Ramos, Lourdes Teresita Ramos, para confirmar su identidad.

El hallazgo se produjo en una zona descampada cercano al distrito de Horqueta, departamento de Concepción, en el marco de una operación de búsqueda que llevó a cabo el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), con información del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el Departamento de Antisecuestros de la Policía (DAS) y en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Batallón de Ingeniería N° 3.

Podes leer: Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol

Ramos falleció en 2018 y sus restos habrían sido enterrados en el mismo sitio donde ocurrió el enfrentamiento. En 2020 fueron removidos y ubicados en el lugar donde fueron encontrados ayer, con el objetivo de que no fueran encontrados.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer por las autoridades, se destacó que este operativo fue posible gracias a información recolectada en las anteriores “caletas” encontradas, donde había información precisa, bitácoras y relatos de exintegrantes del grupo criminal que confirmaban la sospecha del fallecimiento de Alejandro Ramos.

“En una bitácora encontrada en las caletas, su hijo, Antonio Ramos, detalló la forma en que él falleció. Antes de que muriera, Alejandro le pidió a su hijo que no le deje con vida, que él mismo lo mate, su hijo no cumplió eso, pero de todas formas falleció. Fue enterrado en ese lugar, agonizó aproximadamente 5 a 10 minutos previamente y dio la instrucción a los integrantes del EML que no den información de que él falleció”, explicaba el coronel Carlos Casco, del Batallón de Inteligencia Militar.

Leé también: Peña promulga ley que unifica los costos de patentes vehiculares