En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.

• Ciudad del Este. Agencia Regional

Un hombre que estuvo prófugo por ocho años, después de haber matado a golpes a su expareja y dejar sin su madre a dos niños, finalmente fue condenado a 22 años de cárcel.

Se trata de Mario Martínez Vera, quién teniendo antecedente por violencia familiar, había podido huir y permanecer oculto durante tantos años. La víctima fue Marisa Jara González.

El agente fiscal, Fidel Godoy, fue quien defendió la acusación y en el juicio oral del pasado 30 de abril, exactamente la misma fecha, pero 9 años después del hecho, el tribunal integrado por los jueces Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, encontró al acusado culpable de homicidio doloso agravado.

Los hechos se remontan al 30 de abril de 2016, cuando Martínez Vera, a bordo de su vehículo Nissan, modelo Serena, interceptó a la mujer en el municipio de San Alberto, mientras ella se dirigía al mercado.

Mediante amenazas, la obligó a subir al auto y la trasladó hasta una zona rural de Minga Porã, donde la golpeó brutalmente en la cabeza, causándole la muerte.

El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado dos días después, el 2 de mayo de 2016, en una plantación de soja en la colonia 5ta. Línea, cerca del límite con el distrito de San Alberto.

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Según el médico forense interviniente en aquella ocasión, doctor Eric Hugo Zapata, la muerte se produjo por “traumatismo de cráneo encefálico gravísimo, con hundimiento y fractura de huesos temporal y parietooccipital, producido por elemento contundente”.

Martínez Vera y Jara González habían mantenido una relación de más de ocho años, de la cual nació un hijo, que en el momento del homicidio tenía 5 años. Tras la ruptura, el hombre comenzó una nueva relación con una adolescente de 15 años, mientras que Mariza también había iniciado otra relación de pareja.

Sin embargo, el acusado no aceptaba la separación y comenzó a hostigar a su expareja, quien rechazó sus intentos de reconciliación. Durante el juicio, entre las pruebas relevantes que presentó la Fiscalía en contra del acusado estaba la prenda de vestir de la víctima encontrada en el inquilinato donde residía el hoy condenado.

Además, Martínez Vera huyó del lugar tras el hallazgo del cadáver y se llevó consigo al hijo menor. El tribunal consideró estos hechos como elementos claves para dictar la condena. Al igual que la persistente violencia y el hostigamiento hacia la mujer, sumados a su fuga.

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La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.

El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

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Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.

Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.

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La familia Texo y sus empresas celebraron el pasado miércoles 30 de abril una noche festiva en Amazonas, en conmemoración del Día del Trabajador.

Este evento reunió a directivos y colaboradores para dar inicio a la tercera edición de “The Daniel’s”, una reconocida iniciativa del holding que resalta la excelencia de sus agencias en las áreas en las que se destacan y consolidan en el mercado.

Este encuentro busca consolidar el propósito de Texo: promover una conexión auténtica entre sus colaboradores. Con más de 300 talentos distribuidos en 10 empresas que conforman el holding, crear lazos sólidos puede ser un desafío.

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Por ello, eventos como este representan una oportunidad para fortalecer la idea de que la variedad enriquece el pensamiento y que el desarrollo continuo se logra a través de la inclusión y la diversidad. En esta edición, la celebración incluyó sorteos de premios para los asistentes.

Texo es el holding de marketing más importante de Paraguay y representa a los principales grupos globales de la industria, como WPP, OMG, Publicis, IPG y Detnsu. Su estructura está compuesta por destacadas empresas y agencias, entre ellas: Nasta, Brick, Lupe, BPR, Wild Fi, Amplify, OMD, Roger, Row y la Fundación Texo.

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