La Cámara de Senadores inicia este jueves la ronda de audiencias públicas para evaluar las propuestas y perfiles de los candidatos a contralor y subcontralor general de la República. El proceso se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el colorado Javier Zacarías, quien aseguró que la confección de las ternas se ejecutará de acuerdo a la idoneidad y la trayectoria de cada uno de los postulantes.

Zacarías también desmintió las versiones promovidas desde la oposición que apuntan a desmeritar el proceso de selección catalogándolo como un “trato meramente protocolar”, al sostener que el oficialismo colorado supuestamente ya definió la continuidad de los actuales titulares Camilo Benítez y Augusto Paiva.

“No existe tal cosa, yo desmiento categóricamente eso. No hemos tratado absolutamente nada en la bancada de Honor Colorado. La idea es escuchar a todos, hacer una tanda de 10 postulantes por día, tanto los días lunes y jueves a partir de las 10:00 para que la ciudadanía, los medios de prensa y los senadores puedan debatir”, sostuvo en un entrevista con los medios de comunicación, antes de dar inicio a la sesión de apertura.

Zacarías agregó: “Haremos un estudio bien claro de todo lo que es el currículum de cada uno, su historial teniendo en cuenta que varios fueron funcionarios públicos. Estamos realizando averiguaciones para ver si llegaron a tener sumarios o cuestiones administrativas de por medio, porque eso los descalificaría automáticamente. Vamos a hacer una elección responsable, el que define es el plenario”.

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Con relación al requerimiento de los opositores de que el cargo de contralor sea ejercido por un representante de la oposición, teniendo en cuenta que el gobierno central es liderado por colorados, Zacarías afirmó: “No estoy de acuerdo con ese criterio, la Contraloría debe estar en manos de los mejores, de aquellas personas que califiquen técnicamente y tengan la ética y moral para ocupar el cargo“.

El senador recordó que varios representantes de la oposición que lograron acceder al cargo fueron denunciados y condenados. “El hecho de que sea de la oposición no te garantiza independencia, transparencia y justicia. Yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo del actual contralor, creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas ante el Ministerio Público, sacó al tapete casos emblemáticos mediante estudios exhaustivos”, sentenció.

Zacarías detalló que las audiencias públicas serán realizadas hasta la primera semana de agosto para luego remitir inmediatamente las ternas tanto para la Contraloría y la Subcontraloría a la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de la elección.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.

Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

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Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

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El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que el esquema actual para establecer los aumentos del salario mínimo basado en el Índice del Precio al Consumidor (IPC) es “imperfecto” y plantea impulsar una modificación legal para que el próximo año exista un mecanismo más claro y consensuado. Indicó que está de acuerdo en comenzar con una mesa de trabajo para en los eventuales cambios que son necesarios introducir.

En una charla con varios medios de prensa, este lunes, el mandatario coincidió en que el IPC no refleja perfectamente el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, remarcó que cualquier cambio que se lleve adelante debe fundamentalmente proteger el empleo y la estabilidad económica.

Recordó que ya en el año 2016, bajo la presidencia de Horacio Cartes, siendo él ministro de Hacienda, se hizo una modificación porque, hasta entonces, el reajuste salarial se hacía cada vez que la inflación llegaba al 10 %, lo que ocurría de 3 a 4 años y era una medida que erosionaba mucho en el ingreso de los trabajadores. Dijo que, pese a la oposición empresarial, el presidente Cartes estableció que se haga el reajuste cada año conforme a la inflación.

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“Esta es una medida que mejoró el esquema anterior, pero sigue siendo imperfecta. Ante la ausencia de consenso dentro del Consejo de Salario Mínimo (Conasam), tomé una decisión equilibrada. Pero, estoy dispuesto a que nos sentemos de inmediato a trabajar en un cambio legal, para que el próximo año no haya esta duda, la cual considero legítima; porque el día de mañana se pueden tomar medidas que no sean equilibradas, y ponga en riesgo tanto la generación de empleo o la certidumbre económica que tiene el Paraguay”, expresó.

El mandatario remarcó que el Índice de Precios al Consumidor es una medida que aproxima al valor adquisitivo del dinero, pero insistió en que no es perfecta, porque como todo número representa a todos, pero a la vez no representa a nadie. “Es un cálculo que hace el Banco Central, que hace una encuesta durante un año donde evalúa los hábitos de consumo de todos los paraguayos, que no necesariamente es el tuyo o el tuyo, sino es un promedio. El Banco Central está trabajando, pero eso nos quita que nosotros podamos tener un diálogo más fluido sobre estas medidas y sobre otras que afectan a la generación de empleo”. acotó.

El presidente Peña remarcó que el objetivo de su Gobierno es generar 500.000 nuevos empleos, y que a la fecha ya está logrando alcanzar la mitad de esta meda. Señaló que esto estará informando ante el Congreso nacional el próximo 1 de julio, cuando lleve adelante la presentación del informe de gestión anual.

“Estamos alcanzado ya casi la mitad de nuestros objetivos, que son generar 500.000 nuevos puestos de trabajo. Estamos en la mitad de camino, pero no nos podemos quedar ahí, porque alcanzando el pleno empleo, lo que necesitamos es que aumente el ingreso. Ese es el objetivo real, aumentar el poder adquisitivo y eso se consigue atrayendo empresas y generando empleos que paguen salarios más altos”, mencionó.

Finalmente, agregó que para lograr todo esto, se debe insistir en la capacitación, en la educación, en la atracción de inversiones y, por supuesto, el acceso a los mercados para los productos paraguayos.

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