A casi dos años de la brutal golpiza que recibió un joven menonita, en la localidad de Nueva Durango, departamento de Canindeyú, la jueza Janine Ríos resolvió que el caso pasará a juicio oral y público. De esta forma, el acusado por agresión se expone a una condena de hasta 10 años de prisión.
El hecho se registró en octubre del 2021 y se dio a conocer luego de que comenzó a circular en redes sociales videos de como Gerhard Peters Klassen atacaba a Jacob Guenther Wall, en la Colonia Nueva Durango, distrito de Maracaná. El hecho ocurrió bajo la atenta mirada de otros colonos, pero que no intervinieron para que el agresor pare con las golpizas.
La jueza indicó el hecho fue calificado como lesión grave y que es acusado como autor directo Peter Klassen y de esta forma determinó que la causa sea discutida en una audiencia pública. De esta forma se determinará el grado de responsabilidad del supuesto autor y de comprobarse los hechos se dará una condena.
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Durante la audiencia el abogado del joven agredido, Pedro Mendoza Domínguez, pidió que una junta médica evalúe las lesiones de su cliente Jacob Günther Wall, ya que tras casi dos años del brutal ataque presentan dificultades en la visión. Pedido que fue aprobado por la magistrada para determinar las lesiones maxilofaciales.
“Esto fue un hecho que ganó trascendencia cuando se viralizó el video de una brutal agresión que ocurrió en el 2021 en una colonia menonita. Me sorprendió que el apoyo se le dio al agresor y no a la víctima. Fueron dos años muy intensos de juicio y de encontrarse que ese golpe afectó algún órgano vital, la expectativa de pena es de 10 años”, explicó en entrevista con la 1020 AM.
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“El submarino ARA San Juan estaba en condiciones de navegar”, sostiene militar en juicio
El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta. El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.
Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país. “El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, afirmó ayer miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del “ARA San Juan”, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.
Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.
En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.
Hipótesis y dudas
En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento “no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio”. Villamide rechaza esta teoría. “El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape”, insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.
En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.
“Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar”, dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.
La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.
El “ARA San Juan” tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.
Villamide declaró que “está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado”, concluyó.
“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, expresaron mediante un comunicado.
Pericia clave
El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía “absolutamente en una absolución” de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas “esenciales” para llegar a una condena.
“Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic”, afirmó.
El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.
“La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso”, dijo.
Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.
El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas. Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.
Fuente: AFP.
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Incertidumbre por paradero de productor agrícola en Canindeyú: familia pide prueba de vida
Sigue la incertidumbre por el paradero del productor agrícola Almir de Brum Da Silva (32). La familia pide una prueba de vida, mientras las autoridades cumplen con los pedidos de la banda criminal que habría secuestrado al agricultor.
Las fuerzas de seguridad se han replegado en un radio de 50 kilómetros aproximadamente, para permitir que la familia pueda tener contacto con los captores, según informó este martes Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, en contacto con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Sin embargo, pese a que el Gobierno cumplió en retirar las unidades de seguridad policiales y militares de la zona, según la exigencia de la banda, no existe aún ni un dato del paradero del colono. El grupo que capturó al colono no ha cumplido en entregar una prueba de vida para seguir con la negociación de encontrar una salida y devolver con vida a Almir de Brum”, manifestó Alcaraz.
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Se cumplen 11 días del secuestro del hombre de 32 años que fue llevado por personas presumiblemente armadas, que serían del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando se encontraba trabajando en su establecimiento agrícola y hasta hoy no se tiene ni un dato de su paradero.
Temor de los pobladores
Ocurrió en la colonia Yerutí, zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, donde la familia De Brum es prácticamente pionera en la región junto a otros colonos, quienes a partir de lo sucedido sienten temor de seguir en la zona, sobre todo, por tratarse de la primera vez que les ocurre una situación de tal magnitud.
“Es una lástima, algo que no se puede creer, porque estábamos bien. Hay muchos colonos y ahora creo que se va a disminuir a causa de esto, por el riesgo que representa. Estamos inseguros y es una lástima. Yo mismo tengo miedo porque salgo de noche, me voy a la chacra”, expresó el productor Ariel Argüello.
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Argentina: inicia juicio por la muerte de 44 marinos en implosión de submarino en 2017
La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.
El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
“Los nadies”
No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.
“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.
“Invisibilizar”
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.
El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
El juicio
Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.
“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.
Fuente: AFP.
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Demandan a Roblox en Los Ángeles por falta de protección de los menores
Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron el jueves que demandaron a la popular plataforma en línea Roblox, bajo el argumento de que expone a los niños a contenido sexual, explotación y predadores virtuales. En una querella presentada en el tribunal superior de Los Ángeles, el condado alegó que la compañía no modera de forma adecuada su contenido y que sus sistemas de verificación etarios no cumplen su propósito.
La acción legal se produce justo cuando avanza también en Los Ángeles un juicio contra los gigantes de las redes sociales, como Facebook, demandados por considerar que sus algoritmos tienen el propósito de provocar adicción, especialmente en adolescentes. “Esta demanda tiene que ver con proteger a los niños de predadores en línea y de contenido inapropiado”, dijo Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
“Roblox tiene la responsabilidad de mantener a los niños seguros, pero en cambio ha permitido que su plataforma se convierta en un lugar donde los menores pueden estar expuestos al acoso sexual y la explotación”. Roblox afirma que tiene alrededor de 144 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, y que más del 40 % de ellos son menores de 13 años.
Los usuarios crean, comparten y juegan a diversos juegos y otras experiencias, chatean entre sí y utilizan avatares personalizables.
La empresa se ha enfrentado desde hace tiempo a acusaciones de que no hace lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.
Un informe de 2024 de Hindenburg Research la describió como un “Paraíso pedófilo de contenido explícito”, que expone a los niños al acoso sexual y a la pornografía.
Este mes el gobierno de Australia dijo que estaba buscando una reunión urgente con la empresa sobre la seguridad infantil.
La demanda presentada el jueves alega que Roblox no ha moderado adecuadamente el contenido generado por los usuarios, no ha aplicado las restricciones de edad ni ha revelado el alcance del material inapropiado y de los riesgos que representan los depredadores sexuales en la plataforma.
“No se trata de un pequeño fallo de seguridad. Se trata de una empresa que les da a los pedófilos potentes herramientas para cazar a niños inocentes y desprevenidos”, dijo la abogada del condado de Los Ángeles, Dawyn R. Harrison.
En una declaración a la AFP, Roblox rechazó las acusaciones de la demanda y afirmó que la plataforma fue construida “con la seguridad en su núcleo”.
“Contamos con avanzadas medidas de protección que monitorean nuestra plataforma en busca de contenido y comunicaciones dañinas”, dijo un portavoz. La empresa afirmó que actúa con rapidez contra las personas que incumplen sus normas y trabaja con las fuerzas del orden para que rindan cuentas.
Fuente: AFP.