La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en mayoría, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las cabecillas del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y por ende queda firme la condena de 25 años de cárcel más 6 años de medidas de seguridad.

Laura Villalba, conocida como la “enfermera del EPP”, fue condenada por terrorismo, asociación terrorista, producción de riesgos comunes, resistencia y detentación.

Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes votaron por declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación, mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia votó por dar trámite y estudiar el fondo del caso.

Los ministros consideraron que el escrito presentado por la defensa de Villalba contra el fallo que ratificó la condena no reúne los presupuestos exigidos en la ley para considerar el pedido.

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En el marco de la investigación, se pudo corroborar que Villalba ingresó a Paraguay procedente de Argentina el 21 de diciembre del 2019 a fin de integrarse a las filas del grupo criminal por pedido de los líderes, quienes desde la clandestinidad hicieron saber esto a los familiares radicados en el vecino país.

Hay que señalar que durante la detención de la mujer, los intervinientes incautaron en poder de la misma un arma de fuego, dinero en efectivo, documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográficas de menores de edad, imágenes satelitales y cartográficas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Concepción y Amambay, zona de influencia del EPP.

El grupo criminal, que opera en el norte del país, lleva en su haber varios secuestros y ataques a estancias y puestos policiales.

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Tía Katya Juguetería acompañará la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y el hogar Guadalupe, con motivo del Día del Niño y la Niña en Paraguay con la donación de juguetes para quienes participen de esta actividad, en el marco de una acción conjunta de responsabilidad social empresarial.

La juguetería realizará la donación de 60 juguetes para niños y niñas de entre 8 y 13 años, con envoltorios y tarjetas personalizadas. “Nos sumamos con mucha alegría a esta iniciativa, entendiendo que la infancia merece ser celebrada y acompañada en todos los contextos, y más aún cuando se trata de niños en situación judicial”, destacó Katya Jasinski, propietaria de la firma, a La Nación/Nación Media.

Aseguró que creen firmemente que emprender también implica un compromiso social, y esta acción forma parte del deseo de aportar, desde su lugar, un momento de juego, contención y esperanza.

“Creo profundamente que emprender también implica un fuerte compromiso social. Cuando me hablaron de esta actividad organizada por la Corte Suprema de Justicia, sentí que era una forma concreta de acompañar, desde lo que sé hacer: llevar alegría a través del juego”, expresó.

El acto será en el salón auditorio de la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves 14 de agosto a las 11:30, con la presencia de las máximas autoridades judiciales e invitados. Jasinski comentó que los niños y niñas involucrados están atravesando situaciones muy difíciles, por eso, “si un juguete puede representar un momento de contención o esperanza, entonces vale totalmente la pena estar presentes”.

Como mensaje para los niños y niñas dijo: “Quiero que jueguen un montón. Que sueñen en grande, sin miedo. Que nadie les quite las ganas de imaginar, de inventar mundos y de hacer preguntas”.

Así también, que su infancia esté llena de momentos felices y que el juego sea parte del día a día, además, que tengan de cerca un adulto plenamente responsable de su bienestar, que lo acompañe con respeto, cuidado y amor.

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Tía Katya Juguetería nació en plena pandemia del 2020 como un pequeño emprendimiento online, con dos cajas de juguetes y el firme deseo de crecer. Con el tiempo, este proyecto fue ganando espacio y confianza, hasta convertirse en una juguetería física con identidad propia.

Hoy la tienda está ubicada en el supermercado Superseis de España, de Asunción. Allí desarrollan sectores temáticos, actividades interactivas y espacios pensados para que los niños se sientan bienvenidos, curiosos y libres.

Tía Katya no es solo un lugar donde se compran juguetes, sino un espacio donde la infancia tiene un rol protagonista. Los interesados en conocer las opciones del local pueden ingresar a @tiakatya.py en Instagram.

Como marca, vienen trabajando de forma muy cercana con las familias. El pasado 2 de agosto realizaron un evento gratuito por el Día del Niño y la Niña, que reunió a más de 250 niños y niñas en el local, con juegos, actividades artísticas, premios y muchas sorpresas, y, además, lanzaron la segunda edición de su proyecto denominado “Mini Influencers”.

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El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electróni­cas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispo­sitivos a nivel nacional.

“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el paaís y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invir­tió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adqui­sición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos. “Y una de las par­tes es la parte de Comunica­ción, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.

En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres. Según mani­festó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitencia­rio, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría des­comprimir el sistema peniten­ciario que está muy cargado, conforme expresó.

“El contrato que hicimos con el llamado por licita­ción pública fue a un servi­cio, o sea, nosotros pagamos por equipos activos. Signi­fica que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.