El Ministerio Público cumplió los criterios exigidos en la Ley 5189/2014, dentro del Sistema de Justicia, en materia de transparencia activa. Este monitoreo y evaluación es realizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Entre los ejes estratégicos de la presente administración se destaca el de información disponible y participación ciudadana mediante programas de transparencia activa, acceso a la información, datos abiertos y rendición de cuentas. “Estamos comprometidos con la ciudadanía, quienes son los contralores de nuestra gestión y es a la ciudadanía a la que nos debemos”, indicó el fiscal general, Emiliano Rolón, respecto a los delineamientos que orientan la gestión institucional.
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Dentro de las evaluaciones realizada por la Secretaría de la Función Pública, con indicadores de monitoreo, se señala que el Ministerio Público ha dado un resultado óptimo y un 100 % de cumplimiento, en virtud a los indicadores establecidos, liderando el grupo de las instituciones del Sistema de Justicia evaluadas, entre ellas, el Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial, el JEM y otros.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada de presentar el informe del monitoreo que realiza, según el Artículo 7.º de la Ley 5189/2014, que establece la publicación de los informes correspondientes.
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Caso Hugo Javier: la investigación fiscal preliminar apunta a una caída accidental
El Ministerio Público, a partir de investigaciones preliminares, sostiene la hipótesis de que Hugo Javier González habría sufrido una caída accidental, la noche del domingo 6 de setiembre, en el sanitario de su celda de reclusión en la Penitenciaría Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción. El exgobernador de Central resultó con un trauma craneoencefálico y fue internado el lunes en el Hospital Nacional de Itauguá.
El órgano extrapoder manejaría dicha hipótesis de acuerdo a las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental.
No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis que puedan surgir durante el avance de las indagaciones. Las diligencias siguen con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho.
A la vez aclara que las conclusiones definitivas dependerán de la valoración integral de los elementos reunidos en la investigación. Gonzaléz actualmente se encuentra en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal.
El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.
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“No vamos a apañar a nadie”: el ministro de Justicia promete investigar el caso de Hugo Javier
Luego de que Hugo Javier González fuera trasladado de urgencia este lunes al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Ministerio de Justicia informó que dieron participación al Ministerio Público y que no apañarán eventuales irregularidades en el caso.
En principio, ingresó por un presunto accidente cerebrovascular (ACV) y luego se confirmó un traumatismo craneoencefálico, además, de múltiples hematomas y lesiones en varias partes del cuerpo.
El ministro de Justicia Rodrigo Nicora indicó que aún no recibieron un informe detallado sobre la condición de salud de Hugo Javier y que esperan el reporte médico del HNI, ya que hasta el momento solo se manejaba que sufrió un ACV, según el informe del Hospital de Barrio Obrero.
“Se dio aviso e intervención al Ministerio Público, que es muy importante para investigar y tener todos los hechos dilucidados. Aquí no vamos a apañar a nadie si es que hay hechos irregulares y ponemos a disposición todos los elementos necesarios para saber la verdad”, expresó Nicora, en entrevista con la 780 AM.
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Compartía celda con un interno
Afirmó que el hecho se registró cerca de las 23:00 de ayer domingo en el pabellón D en el baño de la celda 2. Tras detectarse sobre su situación, fue llevado hasta la sanidad, donde el médico indicó que debía ser derivado a un centro asistencial y que media hora después ya se encontraba en el hospital de Barrio Obrero.
“Hugo Javier solamente estaba compartiendo prisión con una persona, porque la otra estaba con medidas transitorias. Una vez que la persona privada de libertad, de nombre Juan Antonio Arguello, da aviso, el personal interviniente toma la acción y la posta para que sea atendido”, resaltó.
Aclaró que hay una dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción que, en paralelo al trabajo del Ministerio Público, realizará una serie de preguntas lógicas a los intervinientes y a los que acompañaron a la víctima en ese momento. “Se tienen las imágenes con Hugo Javier que ingresa a su celda, con solamente esa persona que dio la alerta y después cuando ya es retirado del lugar”, puntualizó.
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Directora de Garantías Constitucionales cumple con los requisitos para el cargo
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.
El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.
Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.
El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.
Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.
Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.
En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.
Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.
A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.
En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.
En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.