El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes fue multado por la Contraloría General de la República por la suma de 24.131.945 guaraníes, que deberá pagar en un plazo de 72 horas, debido a que no presentó su declaración jurada al abandonar su cargo. El extitular del Poder Judicial había accedido a su jubilación el 10 de marzo de este año.
La Resolución 1.110, firmada por el contralor general Camilo Benítez, refiere que la sanción se justifica por la transgresión de la Ley n.º 5033/13 y su modificatoria la ley n.º 6919/22, que reglamentan el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
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Su salida de la Corte se produjo en medio del escándalo que saltó en noviembre de 2022, que salpicó a su hijo Amílcar Fretes Escobar, quien acordó con el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá, trabar su extradición a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares, donde era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Pese a los pedidos de renuncias de diversos sectores, en aquella ocasión Fretes pidió permiso para el cargo de presidente de la CSJ, y quedó a la espera de su jubilación al cumplir los 75 años, edad límite para desempeñarse como ministro de la máxima instancia judicial. Para su reemplazo se admitieron 37 postulantes y tras casi una veintena de sesiones se definió una terna con Gustavo Santander, Gustavo Adolfo Ocampos y María Teresa González de Daniel. El Senado propuso y luego dio juramento a Santander.
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Auge de Marset en la era Abdo: “Operó abierta y libremente”, dice titular de la Senad
“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.
“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.
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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.
“Fue a cambio de platazo del narcotráfico”
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.
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UIP advierte impacto económico por cambios en matriculación de motocicletas
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestó su preocupación por los efectos económicos de la resolución 12.299/2025 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que introduce cambios en el esquema de matriculación de motocicletas y establece nuevas condiciones de pago al momento de la entrega de los vehículos.
A través de un comunicado, el gremio advirtió que la medida podría tener un impacto más amplio que el estrictamente administrativo, al afectar tanto a los usuarios como a la industria vinculada al sector automotor.
Recuerdan que en Paraguay, la motocicleta es uno de los principales medios de transporte, especialmente para trabajadores y pequeños emprendedores, por lo que cualquier incremento en los costos de acceso repercute directamente en la economía de los hogares.
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En ese sentido, la UIP señaló que el encarecimiento o las nuevas exigencias para la matriculación podrían limitar el acceso a estos vehículos, reduciendo la capacidad de muchas personas de trasladarse y generar ingresos. Esto, a su vez, tendría efectos sobre la actividad económica y el empleo en sectores relacionados con la venta y financiamiento de motocicletas.
El gremio también advirtió que cambios abruptos en las reglas generan incertidumbre en el sector privado. Según indicó, este tipo de medidas afecta la planificación empresarial y debilita el clima de inversión, en un contexto donde Paraguay ha construido su competitividad en base a la estabilidad y previsibilidad de sus políticas.
Asimismo, la UIP remarcó la necesidad de que las decisiones que impactan en la economía sean discutidas en espacios de diálogo amplio, de modo a alinear las regulaciones con los objetivos de desarrollo, inclusión y generación de empleo.
En ese marco, planteó la importancia de avanzar en instancias de trabajo conjunto entre el sector público y privado para evaluar alternativas y encontrar soluciones equilibradas.
El comunicado se da en un momento en que distintos sectores productivos vienen insistiendo en la necesidad de preservar condiciones estables para sostener la inversión y el crecimiento.
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Yolanda Paredes omitió datos en declaración jurada ante la CGR
“Cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, denunció el legislador Nano Galaverna.
El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna denunció que su colega del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, vendió por USD 160 mil una vivienda perteneciente a la entidad binacional Itaipú, antes de los comicios generales de 2023, y de haber omitido este ingreso en la rendición de sus declaraciones juradas.
“Una senadora de la nación vendió una casa de Itaipú por USD 160 mil, dijo que nunca tuvo casa, pero no la tiene porque vendió una casa ajena. Estoy pidiendo que me pasen los documentos; cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, mencionó el legislador sin precisar de quién se trataba. Las afirmaciones de Galaverna surgieron en el marco de la reunión desarrollada ayer entre senadores y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de exponer sobre la adjudicación de un departamento en Luque al parlamentario Javier “Chaqueñito” Vera.
“Existe la frase haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se quiere instalar un relato falaz y mentiroso, queriendo atacar al gobierno de Santiago Peña”, dijo Galaverna.
La senadora Paredes salió al paso de las acusaciones realizadas por Galaverna, lanzando improperios y admitiendo que fue ocupante y poseedora de dicha vivienda perteneciente a la represa.
“Yo no toqué dinero público, sí fui una ocupante poseedora de una casa de Itaipú en el área 1 de Ciudad del Este. Yo sé que estoy molestando en el Congreso, porque les puedo decir a ustedes los delincuentes que son”, dijo. Las declaraciones de Paredes obligaron al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a cortar la transmisión pública realizada a través de los medios de comunicación de la Cámara. “Senadora, no se va a referir así a nosotros; cortaremos la reunión si vamos a continuar así. Usted es la delincuente”, apuntó Núñez.
De acuerdo a las denuncias, la vivienda fue cedida por Paredes a Alberto Ariel Ramírez Britos y a Liz María Auxiliadora Aquino, quienes, por un instrumento jurídico de dudosa procedencia, fueron autorizados a hacer las gestiones ante Itaipú para registrar la casa a sus respectivos nombres.
“La senadora vendió un bien público. En la reunión se exacerbó y nos trató a todos de delincuentes. ¿Quién es la delincuente que se apropió de una casa de la entidad Itaipú?”, mencionó Núñez luego de abandonar la reunión.
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A Ultranza Py: tribunal confirmó condenas para Joaquín Roa y Alberto Koube
La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Pablino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó la condena de ocho años de cárcel para el exministro abdista de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en una causa vinculada con la investigación A Ultranza Py, de febrero de 2022.
El exfuncionario de Estado fue encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal en direccionar licitaciones en dicha dependencia estatal para su beneficio personal y el de terceros.
Además de la pena privativa de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de un yate de USD 450.000 que obtuvo Roa como fruto de las licitaciones direccionadas y la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años.
Igualmente, fue confirmada la sentencia para el empresario Alberto Koube a seis años de prisión por soborno agravado en calidad de autor, administración en provecho propio, en calidad de instigador, lavado de dinero en calidad de coautor.
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La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme. De acuerdo a la sentencia tanto Roa como Koube causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional de aproximadamente G. 16.000 millones, principalmente mediante contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.
De acuerdo al Ministerio Público entre los años 2018 y 2021, Roa quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube con la finalidad de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando de esa forma una asociación criminal.
Las adjudicaciones direccionadas se canalizaron mediante empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros.
Varios elementos probatorios fueron claves para el presente caso, entre ellos resaltan los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba montos de dinero en concepto de “pan dulce” y “sidra” a cambio del direccionamiento de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa, a quien trataba de “Papacho” para que se puedan liberar los fondos.
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