Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.

“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.

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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.

Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.

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Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.

Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.

Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.

Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.

Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.

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“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.

El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.

Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.

El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.

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• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La Corte Suprema de Justi­cia (CSJN) argentina “tiene acuerdo” (sesiona con todos sus jueces), como se alude a esas reuniones de trabajo en la magistratura, cada martes.

Excepcionalmente, lo hacen en algún otro día cuando una urgencia inesperada lo exige. Mañana, sin embargo, nada indica –según voceros habi­tualmente seguros que dialo­garon con La Nación con la con­dición de mantener en reserva sus identidades– que los supre­mos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Loren­zetti se dispongan a tratar la situación judicial de la expresi­denta Cristina Fernández, con­denada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser penalmente responsable de reiterados hechos de corrup­ción.

Sin embargo, las mismas fuentes, arriesgan que “segu­ramente analizarán el caso el martes 17 de junio”. ¿Será así?

“Proceso electoral argen­tino atravesado por situación judicial de expresidenta Cris­tina”, decíamos una semana atrás. Hoy, más que nunca vale reiterarlo.

La viuda del expresidente Néstor Kirch­ner (2003-2007), luego de anunciar su intención de ser candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por la ter­cera sección electoral, cada minuto hacia las elecciones de medio tiempo aquí se refe­rencia en ella.

Mucho más porque, en ese distrito –“la tercera”– el pero­nismo, con excepción de 1983, cuando triunfó Raúl Alfonsín y, 1997, cuando en una legisla­tiva la ganadora fue la señora Graciela Fernández Meijide, es imbatible.

¿Fechas relevantes, en ese contexto? El ya mencionado martes 17 de junio; y, en el caso de que su estatus judicial no esté aún resuelto, el sábado 19 de julio cuando en la mediano­che de ese día concluya el plazo para formalizar las candidatu­ras y la señora Fernández –con esa condición– ya tendrá fue­ros y, por tanto, no podría ser detenida. Justamente por ello, las tensiones generalizadas en el ecosistema político en gene­ral y en el peronismo en par­ticular donde la pregunta del millón es una sola: ¿irá presa Cristina?

Por su edad, Cristina Fernán­dez (72) se encuentra incluida dentro de los supuestos de la Ley 26472, promulgada el 12 de enero de 2009 y, por tanto, se puede permitir su arresto domiciliario para evitar ser alojada en un establecimiento carcelario, pero esa decisión es privativa de los jueces que deben decidir en cada caso.

De todas formas, antes de que ello pueda ocurrir, los deba­tes serán amplios e intensos.

Algunas de esas discusiones serán de tipo técnico y jurí­dico en tanto que otras se darán en el espacio público donde el peronismo procu­rará instalar la idea de que la presidenta del partido será proscripta; mientras que otros dirán que se trata –en el caso de que la san­ción impuesta hasta ahora en dos instancias judiciales sea confirmada y quede firme por parte de la Corte– de una condena política.

Las especulaciones aquí son intensas, de todo tipo y, en general, sin solidez argumen­tal. Veamos. Hay quienes ase­guran que desde el Poder Eje­cutivo se presiona para que la Corte Suprema de Justi­cia demore el tratamiento del caso (el supremo no tiene plazos) para que el partido ofi­cialista La Libertad Avanza (LLA) pueda medirse elec­toralmente con el pero­nismo kirchnerista de Cris­tina y vencerla en las urnas. ¿Quién podrá comprobar que este supuesto es así? ¿Quién admitirá que personalmente opera en ese sentido?

Otras versiones sostienen que “si Cristina va presa se bene­ficia Axel” Kicillof, goberna­dor de la provincia de Buenos Aires, quien fuera ministro de Economía de Cristina Fer­nández con la que, desde largo tiempo y especialmente en el último semestre, se encuen­tran distanciados por dife­rencias profundas en el diseño y ejecución de políticas partidarias de alcance nacio­nal.

Pero… ¿podría benefi­ciar electoralmente al líder bonaerense del peronismo en el poder provincial si la presi­denta del partido es encarce­lada por corrupción?

Mientras se desarrollan tales especulaciones, al parecer, las preocupaciones sociales van por otro camino.

Según la encuesta más reciente rea­lizada por el consultor Hugo Haime, de alcance nacional, para conocer las principales preocupaciones sociales, en el tope del ranking con el 34 %, se encuentran los bajos sala­rios; inmediatamente después la corrupción (30 %); luego la pobreza (29 %); la inseguridad (24 %), y el desempleo (23 %). La inflación –que poco tiempo atrás lideraba– descendió hasta el séptimo lugar.

Claramente, la gente transita muy alejada de la política. Tres encuestadores que también trabajan para el oficialismo, con reserva de sus identidades, comentan que “lo que deba­ten los actores políticos no le importa a mucha gente”.

Coin­ciden en agregar que “tal vez por ello se verifica tanta abs­tención a la hora de votar y que amplios sectores ciudadanos no concurren a las urnas”.

“En las más recientes eleccio­nes realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –ejemplificaron ante La Nación– votó la mitad de quienes estaban habilitados para hacerlo. El triunfador, con el 30 % de los sufragios, en términos estadísticos, repre­senta aproximadamente al 17 % del total”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre esta actitud social? Si bien admitieron que “están estu­diando” el tema, dos de ellos, expresaron que “en princi­pio creemos que estamos frente a algún grado de aste­nia cívica grave, después de muchos años de frustracio­nes posteriores a la crisis de 2001 que aún no fue resuelta”. ¿Será así?

La Real Academia Española (RAE) define la astenia como “falta o decaimiento de fuer­zas, caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de ini­ciativa”. Preocupante.

Una dura sanción fue la que aplicó la Con­mebol a Cerro Por­teño, al dar por sentado que algunos de sus hinchas come­tieron actos racistas hacia la parcialidad del Palmeiras, en ocasión del duelo por fase de grupos de la Copa Libertado­res jugado en la Nueva Olla.

En ese sentido, la matriz del fútbol sudamericano emitió su veredicto en el que san­ciona con 100 mil dólares de multa a la institución azulgrana por el actuar de sus afi­cionados.

Pero no solo eso, esta situación también reper­cutirá en forma directa en su partido de local ante Estu­diantes de La Plata, válido por el octavos de final del torneo continental, porque un sector de sus gradas de su estadio, la gradería Novena baja, fue clausurada para dicho com­promiso, es decir, no podrán ingresar aficionados a ese sector y en ese lugar, el club ten­drá que exhibir un cartel con la frase “Basta de racismo” y campañas de concienciación en sus redes sociales oficiales y en la previa y entretiempo del partido ante los argenti­nos.

Esta no es la primera vez que el club recibe una san­ción de este tipo. Ya pasó en otro compromiso copero y justamente tras enfren­tar a un rival brasilero en una edición anterior.

Cerro Porteño recibirá al cuadro Pincharrata en la Nueva Olla, el miércoles 13 de agosto en el partido de ida. La revancha será una semana después en Buenos Aires.