El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú ratificó la prisión preventiva del abogado Miguel Mendieta, defensor de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El defensor está procesado penalmente por querer facilitar un teléfono celular a Insfrán en la cárcel militar de Viñas Cué.
La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la realización de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. Igualmente, semanas atrás ya un Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva del mencionado profesional del derecho.
El abogado Mendieta está imputado por soborno en calidad de instigador, por lo que seguirá preso. La defensa del imputado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que deberá decidir si el referido profesional del derecho seguirá privado de su libertad o será beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.
Te puede interesar: Amputación errónea en el IPS: juez se opuso a desestimar denuncia contra médicos
La detención e imputación del abogado Mendieta se genera tras la declaración del coronel Luis María Belotto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto. Del mismo modo, el acta de imputación del defensor de Tío Rico señala que el abogado y el militar mantenían permanente comunicación para que se pueda lograr el objetivo, que era introducir un teléfono celular de alta gama para que Insfrán pueda comunicarse.
Actualmente, Tío Rico está guardando reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. Miguel Insfrán fue extraditado desde Brasil, donde fue detenido por las autoridades del vecino país.
Podés leer: Sebastián Marset sigue en Bolivia, dice viceministro
Dejanos tu comentario
Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
Dejanos tu comentario
Derrumbe en Encarnación: abogado pide imputación y apunta contra Yd
“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.
“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.
“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.
Leé también: Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza chicana de abogados abdistas contra FGE
La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.
“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.
Te puede interesar: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE
Dejanos tu comentario
Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Dejanos tu comentario
Califican como alentadora la decisión de Trump de revisar sanciones impuestas por Biden
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.
“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.
“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.
Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.
Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.
EE.UU. debe investigar la conducta de Ostfield
Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.
“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.
El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.
“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.
Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.