La defensa de Erico Galeano presentó dos acciones de inconstitucionalidad, una contra la excepción de incompetencia de jurisdicción y otra contra la excepción de falta de acción. Con esta situación, el juez especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, no podrá realizar la audiencia de imposición de medidas del senador, que está fijada para este viernes 4 de agosto.
Es importante recordar que la Cámara de Senadores había confirmado la competencia del juez Amarilla, el 20 de julio pasado, al aprobar por unanimidad el pedido de desafuero; y contra dicha resolución Galeano recurrió a la Corte y, por ende, la competencia del juez no está firme y se suspenderá la audiencia de Galeano.
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El 25 de julio, el juez Amarilla recibió la comunicación del Senado sobre el desafuero. “Le remitimos la Resolución n.º 48, que hace lugar al desafuero del senador de la nación Erico Galeano Segovia, dictada por este alto cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 20 de julio de 2023″, expresa la nota firmada por Silvio Ovelar, titular del Congreso, y el secretario Carlos Núñez Agüero.
El legislador fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal y está siendo investigado en el marco del operativo A Ultranza Paraguay. El propio juez Amarilla había solicitado el desafuero del parlamentario luego de la imputación realizada por el Ministerio Público, el pasado 19 de mayo, a través de sus fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak.
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Jueza admite imputación de Mauricio Espínola y fija fecha para audiencia
La jueza penal de Garantías, Diana Carvallo, admitió la imputación y procesó al diputado disidente Mauricio Espínola, investigado por supuesto homicidio culposo en el caso del accidente de tránsito protagonizado por el legislador, el pasado 16 de mayo en Asunción, hecho que derivó en la muerte de un motociclista, de 30 años.
La magistrada fijó la audiencia de imposición de medidas para Espínola para el 8 de julio. El diputado enfrenta el proceso judicial luego de ser desaforado por el pleno de la Cámara Baja, el pasado 16 de junio. La causa judicial se encuentra a cargo de la agente fiscal Mercedes Vera Monges, quien remitió la imputación al juzgado de Garantías y el pedido de desafuero.
De acuerdo con el infirme oficial de los hechos, Espínola conducía una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, que circulaba por la calle Cerro Corá; cuando llegó a la intersección con la avenida Kubistchek, habría cruzado imprudentemente produciendo una colisión con una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, también de color negro, manejada por Emilio Benítez Chaparro, quien falleció el 27 de mayo por las graves lesiones.
De acuerdo con el relato de los hechos, el joven fallecido circulaba por la avenida con dirección sur e impactó contra la puerta lateral izquierda del rodado. Como consecuencia de la embestida, Benítez Chaparro cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El hecho fue registrado aproximadamente a las 18:35.
Posteriormente al choque, Benítez Chaparro fue auxiliado por paramédicos y trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica. El fallecimiento del joven de 30 años de edad, que se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se produjo el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
Tras darse a conocerse la imputación a Espínola, surgieron varios materiales audiovisuales obtenidos mediante cámaras de circuito cerrado que revelan el momento exacto del accidente y complican su responsabilidad. A la vez, existen personas que presenciaron el hecho y que actualmente prefieren el anonimato y aseguran que el parlamentario cruzó el semáforo en rojo.
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Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia
El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Caso Erico: senador pide que causas judiciales de Prieto se midan con la “misma vara”
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.
“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.
Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.
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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.
La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.
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