El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se comprobó la presunta malversación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afines de Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio municipal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de auditar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. La cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuestariamente”, comentó.

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Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyentes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se manejaron esos recursos no fue la correcta.

“La forma en que se hizo todo, pareciera que fue con el fin de evadir todos los controles de las instituciones encargadas, recurriendo a contratos directos. Ese es el mecanismo para evadir controles, que es el nuevo modus operandi no solo de la municipalidad de CDE, sino de varios otros distritos, a fin de evadir todos los sistemas de control”, precisó Alfonso.

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En otro momento, señaló que, atendiendo que ya Prieto anunció en varias ocasiones que no va a renunciar al cargo, entonces esperan que la Cámara de Diputados decida su destitución, ya que el informe de intervención y su dictamen final son contundentes.

“No hay que sorprenderse si el lunes amanezcamos con su renuncia, cosa que dudo, pero bueno, si no renuncia, entonces nos vamos a elecciones. En esos tres meses que dure el proceso de elección, la Junta debe decidir quién quede como interino”, acotó.

El concejal afirmó que espera que la ciudadanía esteña pueda comprender lo que está ocurriendo en el municipio y que no se trata de una simple persecución política como está queriendo presentar Prieto y su equipo para tapar todas las irregularidades que cometieron.

El diputado Raúl Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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Medios de comunica­ción de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interven­tor Ramón Ramírez fue vio­lentada en la noche del jue­ves luego de una movilización convocada en apoyo al inten­dente opositor y líder del movi­miento Yo Creo, Miguel Prieto.

Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. Tam­bién detallan que varios fun­cionarios fueron arreados por Prieto para participar de la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la interven­ción a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregula­ridades en la administración del jefe comunal suspendido.

De acuerdo a las informa­ciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto, una de las prin­cipales hipótesis que mane­jan las autoridades es que los intrusos habrían ingre­sado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.

Detallan además que el hecho fue comunicado a la Poli­cía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para iden­tificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.

Se ha constatado la irrup­ción irregular en las ofici­nas municipales, en un acto que guarda similitudes con prácticas propias de grupos criminales mafiosos, consti­tuyendo un atropello directo a la institucionalidad y a la figura constitucional de la intervención.

Este episodio se suma a una serie de hechos preocupantes, como el robo de equipos infor­máticos, el ingreso nocturno de funcionarios directivos y el ataque a vehículos asignados al equipo interventor, lo que evidencia un patrón sistemá­tico de violencia, maniobras arteras e intentos de ame­drentamiento contra la labor de la intervención.

El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, calificó con un acto mafioso el atraco realizado a su despacho el día ayer jueves. El atropello se registró en la noche luego de una movilización a favor del intendente opositor y dirigente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Ante este hecho, no se descarta que el atraco a su oficina y otras dependencias de la municipalidad haya sido cometido por dirigentes prietistas. El economista argumentó que el acto es un atropello a la institución y a la figura constitucional de la intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, manifiesta el comunicado.

Detalla que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando los relevamientos de datos y las diligencias pertinentes, “desconociéndose hasta este momento el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

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El comunicado refiere además que el personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. “No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como al despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, indica.

El documento agrega que “el interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las Autoridades Policiales y del Ministerio Público a los efectos de llevar a cabo las diligencias necesarias para dar con los responsables de este acto criminal. Las evidencias recabadas ayudarán a llegar y castigar a los mismos. La intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes“.

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