El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó arresto domiciliario al coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Ale de Belotto, imputados por soborno agravado al intentar introducir un celular para Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán a su celda en Viñas Cué.
Ambos estaban privados de su libertad y con la resolución del juez Otazú van a recuperar su libertad y guardarán arresto en su domicilio particular bajo la advertencia que en caso de incumplir la resolución la misma será revocada y se ordenará la prisión preventiva nuevamente de la pareja.
Belotto fue imputado por soborno agravado, ya que intentó sobornar a un personal subalterno que presta servicios en el penal de Viñas Cué para que el mismo introduzca un teléfono y así entregárselo al detenido Insfrán. El mismo personal realizó la denuncia a sus superiores, posteriormente, el director del penal hizo la comunicación a la Corte Suprema Militar.
Te puede interesar: Imputan al hombre que mató de seis puñaladas a un perro pitbull
Antes del intento de soborno, la esposa del militar, Alba Lidia de Belotto, intentó ingresar el aparato telefónico por medio de una encomienda, lo que no se pudo concretar, de acuerdo a las informaciones.
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, señalado como el líder del clan Insfrán, fue extraditado de Brasil y llegó a nuestro país el pasado 19 mayo; está procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor. El operativo A Ultranza Py iniciado en 2021 lo sindica como uno de los capos del narcotráfico. Habría logrado conformar una importante estructura criminal, con soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vías aérea y terrestre.
Podés leer: Allanan clínica clandestina donde se practicaría el aborto en Cambyretá
Dejanos tu comentario
Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
Te puede interesar: EE.UU y China quieren una cumbre sobre metano durante la COP29
“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
Lea también: Investigan causa de choque de trenes que dejó 30 heridos en Argentina
Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Fiscalía investigará por seis meses más a exfiscales por recibir regalo de supuesto narco
La Cámara de Apelación otorgó seis meses más para seguir investigando a Hugo Volpe y Armando Cantero, imputados por cohecho pasivo, soborno agravado y otros delitos, por presuntamente beneficiar al supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo es el 1 de setiembre de este año.
El pedido del Ministerio Público fue para seguir recolectando información adicional, proveniente de las declaraciones de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y María Alciris Cabral, ambos con domicilio en territorio de la República Federativa de Brasil.
Te puede interesar: Detienen a presunto jefe de pandilla al que se le atribuye al menos diez asaltos
Actualmente ambos procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión y a la espera del presente proceso penal. El juez del caso es Humberto Otazú, quien una vez que se presente el requerimiento conclusivo deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los dos procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Imputación
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia presentaron imputación por soborno agravado a Armando Cantero, por recibir una costosa lapicera y USD 10.000, del supuesto pez gordo del narcotráfico, Sergio De Arrua Quintiliano Neto, alias “Minotauro”. El exfiscal antidrogas, Hugo Volpe, fue procesado por cohecho pasivo agravado por recibir de coima una “pluma estilográfica y sus accesorios”, adquirida por G. 6.087.445, para archivar una causa contra el narco.
Podes leer: Autorizan extraer datos de celular del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual
Dejanos tu comentario
Estigarribia otorgó millonaria licitación a modesto jornalero de la municipalidad
El representante legal de la contratista de varias obras en instituciones educativas de Villa Elisa adjudicadas por el exintendente y actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, de nombre Sergio Manuel Espínola era un modesto jornalero durante su administración que ingresó en los tiempos del hoy senador Líder Amarilla. La empresa funcionaba en propiedad del legislador y el joven que actualmente es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar es el mismo que aparece como vicepresidente de inmobiliaria en una transferencia de inmueble denunciada como despojo, precisamente originada con una operación de préstamo de dinero que involucra al mencionado Líder Amarilla.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El actual gobernador liberal de Central, Ricardo Adolfo Estigarribia, convirtió en sus tiempos de intendente de Villa Elisa en próspero contratista de obras a un modesto joven jornalero de su municipalidad. Se trata de Sergio Manuel Espínola Villalba, que en planillas de la Función Pública registra cobros como contratado de la mencionada comuna durante la época de Amarilla como de Estigarribia, mientras en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas figura como representante que firmaba millonarios convenios por obras para instituciones educativas de la ciudad.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en propiedad de Líder Amarilla.
Aparece incluso cobro en concepto de ayuda social de Sergio Manuel por Resolución de fecha 10 de abril de 2017; sin embargo, el 19 de mayo de 2017, Estigarribia firmaba contrato de adjudicación directa por “urgencia impostergable” con el joven que por un lado recibía un subsidio económico de la Municipalidad de Villa Elisa de G. 450 mil y por el otro se alzaba con licitación de G. 1.300 millones como empresario contratista de obras.
Hoy día, Sergio Manuel es funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar donde, por cierto, tiene asignado un horario de 7:00 a 13:00, pero dicho por la responsable de Recursos Humanos de la institución, “suele llegar nomás luego a las 9:00 de la mañana”, aunque el día de ayer no apareció, ya que estuvimos en la oficina, pero no lo encontramos. El funcionario, además, no presentó declaración jurada de bienes, un incumplimiento relevante considerando que era el firmante de la empresa contratista de entes públicos a la que también se vinculan a Carlos Ramón Coronel y Neyde Amarilla, cuñado y hermanda de Líder Amarilla.
Pero la historia de Sergio Manuel en torno al político liberal Líder Amarilla no se reduce en la representación de la proveedora de la Municipalidad de Villa Elisa que operaba en propiedad del ahora legislador, quien por cierto pegó el salto a la fortuna tras sus pasos por la intendencia de esta ciudad, registrando en su haber compras multimillonarias de propiedades y constitución de sociedad anónima, etc. El joven aparece como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en escritura de transferencia de un inmueble denunciado como despojo por el concejal liberal de Itá Fidel León Sosa, a quien dicho por el mismo lo están por dejar sin casa.
Según la denuncia del concejal León, el senador liberal Líder Amarilla le otorgó un préstamo de G. 250 millones, operación que tuvo como acreedora hipotecaria a Terranova Inmobiliaria SA, empresa que representada por Sergio Manuel realizó el protocolo de una transferencia en condiciones supuestamente engañosas de la propiedad del edil, pese a que este ya canceló su deuda con el legislador.
Nuestro equipo acudió a la Municipalidad de J.A. Saldívar para conocer la versión del joven que como parte de la mencionada inmobiliaria fija domicilio en propiedad de Líder Amarilla, pero el funcionario, al parecer, tiene un horario bastante privilegiado de su asistencia al trabajo. La funcionaria responsable de Recursos Humanos tuvo que darse a la fuga de la oficina al no poder justificar la ausencia y las rutinarias llegadas del próspero empresario de bienes raíces en las escrituras y empleado municipal contratado en planillas salariales de la Función Pública.
Dejanos tu comentario
Ordenan arresto domiciliario de imputados por venta de cargos de IPS
La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo decretó el arresto domiciliario de Fátima Patricia Agüero Stelhik y Fátima Adelaida González, imputadas en la causa que investiga la venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ambas estaban privadas de su libertad pero con la resolución judicial las mismas van a abandonar la sede penitenciaria.
La jueza Pedrozo además dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado; la obligación de comunicar a este juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona y la obligación de comparecer a la audiencia preliminar.
Te puede interesar: Fiscalía descarta presunto bullying contra alumno herido de colegio privado
Las imputadas están procesadas penalmente por estafa y asociación criminal por supuestamente pedir y cobrar sumas de dinero a cambio de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos dentro de la previsional, que de acuerdo a las investigaciones, afectó a miles de personas.
Además de las dos mencionadas están imputados José Manuel Agüero, Jorge Aquino Riveros, Zulma Villalba y Eduvigis Espínola. Los mismos fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público.
En el presente caso se llevó a cabo varios procedimientos donde se incautó de varios elementos de prueba que van a ser analizadas por el Ministerio Público.
Podes leer: Otorgan medidas alternativas a la prisión a intendenta de Quyquyhó