Las noticias falsas, la posverdad y la creciente influencia de grupos de poder al margen de las instituciones representan hoy algunos de los principales desafíos para la independencia judicial y el ejercicio del derecho. Ese fue uno de los ejes centrales de la II Semana Jurídica desarrollada en Curuguaty, donde se analizó cómo la desinformación puede afectar el funcionamiento del sistema de justicia y debilitar el Estado de Derecho.

Durante la apertura del encuentro, realizado en la filial Curuguaty de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se debatió sobre el impacto que tienen los contenidos falsos y las campañas de manipulación de la información en la labor de jueces, fiscales y abogados, así como en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

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El análisis cobró especial relevancia en un contexto marcado por el reciente ataque contra una dependencia policial en el departamento de Canindeyú, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a escenarios de alta tensión y a la influencia del crimen organizado.

Durante la jornada también se advirtió sobre los riesgos que representan los llamados poderes fácticos cuando intentan condicionar las decisiones de los órganos de justicia o instalar narrativas destinadas a generar incertidumbre, desconfianza o caos social.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de garantizar la independencia de los magistrados y preservar la objetividad en cada proceso judicial, evitando que factores externos o presiones mediáticas interfieran en la aplicación de la ley.

El debate incluyó además una reflexión sobre la ética profesional en el ámbito jurídico, resaltando que la formación técnica y la integridad continúan siendo pilares indispensables para quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia. Asimismo, se analizó el fenómeno de los llamados “juicios paralelos”, impulsados muchas veces desde redes sociales y otros espacios públicos, y cómo estos pueden afectar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

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La conferencia formó parte de la II Semana Jurídica organizada en Curuguaty, un espacio académico que reunió a estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del derecho para debatir sobre los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en un escenario marcado por la rápida circulación de información y el creciente impacto de la desinformación.

• Carlos José Fleitas
• Embajador
• Fotos: Gentileza

La definición del trazado fronterizo entre Paraguay y Brasil fue el resultado de un largo proceso que sigue hasta la actualidad, combinando negociaciones diplomáticas, acuerdos internacionales y un intenso trabajo de campo realizado por las comisiones mixtas demarcadoras. Esa documentación se convertiría décadas más tarde en uno de los principales fundamentos de la posición paraguaya frente a la controversia del Salto del Guairá. A la fecha resta por demarcar aproximadamente 8 km, en la zona del Refugio Biológico de Mbaracayú.

La frontera entre el Paraguay y el Brasil no surgió de un único tratado ni quedó materializada de manera inmediata. Su definición fue el resultado de un proceso que se extiende hasta la fecha, combinando negociaciones diplomáticas, acuerdos internacionales y un intenso trabajo de campo realizado por las comisiones mixtas demarcadoras de ambos países, dentro de un marco de armonía y discusiones eminentemente técnicas.

A lo largo de este periodo ingenieros, militares y diplomáticos paraguayos y brasileños recorrieron la frontera levantando planos, identificando accidentes geográficos, colocando hitos y dejando constancia de cada decisión en actas demarcatorias.

Esa documentación se convertiría décadas más tarde en uno de los principales fundamentos de la posición paraguaya frente a la controversia del Salto del Guairá.

El punto de partida para la demarcación con el Brasil fue el Tratado de Límites Loizaga–Cotegipe, firmado en Asunción el 9 de enero de 1872, que definió la línea fronteriza entre ambos Estados y dispuso la designación de comisarios encargados de su demarcación.

En cumplimiento de ese mandato se constituyó la primera Comisión Mixta de Límites, integrada por representantes paraguayos y brasileños, que entre 1872 y 1874, que recorrió la frontera, confeccionó planos y erigió los primeros hitos. Desde entonces quedó claro que fijar jurídicamente una frontera y materializarla sobre el terreno eran etapas distintas de un mismo proceso.

Entre los protagonistas de esta primera etapa de la demarcación paraguayo-brasileña destaca el capitán de Fragata Domingo Antonio Ortiz, excombatiente de la guerra contra la Triple Alianza, quien fue designado por decreto del 17 de junio de 1872 como primer comisario paraguayo para integrar la Comisión Mixta encargada de ejecutar el Tratado.

Su misión no se limitó a representar al Paraguay: dirigió sobre el terreno los trabajos iniciales de reconocimiento y demarcación, participando junto a su homólogo brasileño, Rufino Enéas Gustavo Galvão, en la colocación del primer mojón de la frontera sobre el río Apa.

Justamente uno de los desafíos iniciales enfrentados por la Comisión Mixta fue la identificación de la naciente principal de dicho río, punto de especial importancia porque de ella dependía el trazado de la línea divisoria prevista en el Tratado. Las exploraciones de campo realizadas dieron lugar a una divergencia técnica, que fue elevada a consideración de ambos Gobiernos.

La cuestión se resolvió mediante el Protocolo del 7 de enero de 1874, por el cual el Paraguay y el Brasil acordaron reconocer al arroyo Estrella como la naciente principal del río Apa, disponiendo que la frontera siguiera la siguiente coordenada geográfica: Latitud 22°16’39”03 Sur, Longitud 12°39’1”80 Oeste.

El proceso demarcatorio recibió un impulso con el Tratado Complementario de Límites, suscrito en Río de Janeiro el 21 de mayo de 1927, y con el Protocolo de Instrucciones para la Demarcación y Caracterización de la Frontera, del 9 de mayo de 1930. Estos instrumentos reorganizaron los trabajos y crearon la Comisión Mixta de Límites y Caracterización de la Frontera Paraguay–Brasil, encargada de completar la demarcación, reparar hitos, instalar nuevos mojones y desarrollar los estudios topográficos e hidrográficos necesarios para caracterizar toda la línea limítrofe.

Esa continuidad institucional demuestra que ambos Gobiernos entendían que la frontera no era una obra concluida en 1874, sino un proceso permanente de demarcación y caracterización que debía ejecutarse de manera cooperativa y conforme a los compromisos internacionales asumidos.

Antes de examinar la Nota D.P.I. N.° 712 resulta necesario comprender el contexto histórico en el que fue elaborada. Desde fines del siglo XIX la propiedad del Salto del Guairá dio lugar a una de las más importantes controversias limítrofes entre el Paraguay y el Brasil.

Mientras el Brasil sostenía que la totalidad del salto le pertenecía y que la frontera ya se encontraba completamente demarcada hasta ese punto, en el Paraguay surgieron diversas interpretaciones históricas y jurídicas acerca del alcance del Tratado de Límites de 1872 y de la soberanía sobre dicho accidente geográfico.

Estas interpretaciones contribuyeron al debate que precedió a la posición oficial asumida posteriormente por la Cancillería paraguaya en la Nota D.P.I. N.º 712 de diciembre de 1965.

Entre las interpretaciones doctrinarias paraguayas más influyentes se encontraba la sostenida por el historiador nacional Efraím Cardozo, quien afirmaba que el Tratado de Límites de 1872 no había adjudicado expresamente al Brasil la soberanía sobre el Salto del Guairá.

Según esta tesis, el Paraguay conservaba el dominio histórico sobre dicho accidente geográfico, ya que la soberanía solo podía modificarse mediante una cesión expresa, inexistente en el texto del Tratado.

Para Cardozo, la línea fronteriza debía llegar hasta el propio Salto, manteniéndose la totalidad de este dentro de la jurisdicción paraguaya. Otra interpretación fue la del jurista compatriota Juan José Soler, que sostenía que el Salto debía analizarse como parte de un río internacional.

Desde esta perspectiva, el Tratado de 1872 disponía que la frontera siguiera el canal principal del río Paraná hasta el Salto, por lo que este constituía un accidente geográfico compartido y no perteneciente exclusivamente al Brasil.

Aunque difería de la posición de Cardozo respecto del fundamento jurídico, Soler coincidía en rechazar la interpretación brasileña según la cual el Tratado había atribuido al Brasil la soberanía exclusiva sobre el Salto del Guairá.

Sin embargo, a mediados de la década de 1960 la controversia dejó de ser únicamente una discusión histórica y jurídica para convertirse en un diferendo diplomático de creciente importancia.

La presencia de efectivos militares brasileños en la región del Salto del Guairá y la paralización de los trabajos de la Comisión Mixta trasladaron el debate desde la interpretación de los tratados hacia el estado efectivo de la demarcación sobre el terreno, otorgando un renovado protagonismo a la documentación producida durante décadas por la propia Comisión.

Así el reclamo del Gobierno paraguayo se realizó en septiembre de 1965, donde por medio de una nota solicitó al Gobierno brasilero el retiro de efectivos militares instalados desde junio de ese año en un sector donde la línea limítrofe aún no había sido materializada mediante hitos.

Paralelamente, solicitó la continuación de los trabajos de la Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña de Límites y Caracterización de Fronteras que permanecían suspendidos debido a la ausencia de la delegación brasileña.

El Gobierno brasileño respondió sosteniendo que el tramo de frontera comprendido entre el hito de Ybycuí y el Salto Grande de las Siete Caídas se encontraba íntegramente demarcado, por lo que no existían cuestiones pendientes en ese sector.

En respuesta a esa posición, el 14 de diciembre de 1965 la Cancillería paraguaya remitió la Nota D.P.I. N.º 712, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Raúl Sapena Pastor, al embajador del Brasil en Asunción, doctor Jayme de Souza-Gomes.

En ella el Gobierno paraguayo expuso oficialmente los fundamentos históricos, jurídicos y técnicos que sustentaban su posición respecto de la demarcación de la frontera en la región del Salto del Guairá.

El principal argumento desarrollado por la Cancillería paraguaya consistió en demostrar que la propia historia de la Comisión Mixta desmentía la tesis brasileña de una frontera completamente demarcada desde el siglo XIX. Recordó que, tras el Tratado de 1872, el Salto del Guairá fue considerado un accidente geográfico suficiente para identificar el final de la frontera y no se instaló allí un mojón terminal. Sin embargo, esa circunstancia no significaba que todo el proceso de demarcación hubiera concluido.

Si realmente la frontera hubiese quedado íntegramente demarcada en el siglo XIX, carecería de sentido la firma del Tratado Complementario de Límites de 1927, del Protocolo de Instrucciones de 1930 y la creación de la nueva Comisión Mixta encargada precisamente de continuar las tareas de demarcación y caracterización.

Destacó que durante más de treinta años Paraguay y Brasil continuaron trabajando conjuntamente llegando a instalar 846 hitos, de los cuales 341 correspondían al sector de la Sierra del Mbaracayú.

Ese argumento se reforzaba con las propias actas de la Comisión Mixta. En este sentido adquiere especial importancia la 25.ª Conferencia, celebrada en Río de Janeiro el 20 de noviembre de 1961.

En esa reunión ambas delegaciones aprobaron un programa específico para realizar el levantamiento topográfico del “último trecho aún no demarcado” de la cordillera del Mbaracayú “y su ligazón con el accidente geográfico Salto del Guaira (Salto das Séte Quedas)”, proyectar la ubicación de nuevos hitos y proceder posteriormente a su instalación.

Las campañas desarrolladas en 1962 y 1963 representaron uno de los mayores avances técnicos alcanzados por la Comisión Mixta. Durante esos trabajos se midieron las cotas de más de 10.000 puntos distribuidos en el tramo final de la Sierra del Mbaracayú.

Esa información permitió elaborar cartografía de alta precisión y proyectar la futura ubicación de los hitos que completarían la demarcación. Sin embargo, la delegación brasileña dejó de concurrir a la 26.ª Conferencia, impidiendo que los trabajos fueran analizados y aprobados conforme al procedimiento previsto por el Protocolo de 1930.

Otro de los argumentos consistió en debatir el valor que el Brasil atribuía a determinados mapas y diseños elaborados durante el siglo XIX. Según el Paraguay esos documentos gráficos, si bien eran considerados instrumentos auxiliares, útiles para representar el trabajo realizado, no podían modificar lo dispuesto por el Tratado o por lo materializado posteriormente mediante las operaciones técnicas y actas de la Comisión Mixta.

La Posición Paraguaya trasciende la discusión cartográfica para defender un principio fundamental: las controversias internacionales deben resolverse mediante el Derecho y la cooperación entre los Estados. El Gobierno paraguayo recurrió a reconocidos juristas y recordó el principio pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben cumplirse de buena fe y respetarse tanto en su letra como en su espíritu.

Esta expresión latina resume una de las reglas fundamentales del Derecho Internacional: los tratados deben cumplirse. Para la Cancillería paraguaya, este principio obligaba a ambas partes no solo a respetar el texto del Tratado de Límites de 1872, sino también a ejecutar fielmente el procedimiento de demarcación acordado posteriormente mediante el Tratado Complementario de 1927 y el Protocolo de 1930.

Desde esa perspectiva, alterar unilateralmente el criterio seguido durante décadas por la Comisión Mixta implicaba apartarse de compromisos internacionales previamente aceptados.

La Cancillería Paraguaya también afirmó su confianza en los medios pacíficos de solución de controversias frente a la propuesta de someter la controversia a arbitraje internacional. Lejos de rechazarla como una herramienta válida, sostenía que antes debían agotarse las negociaciones directas, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación.

En realidad, el Gobierno paraguayo dejó en claro que el desacuerdo jurídico no era el principal obstáculo para las relaciones bilaterales. A juicio de la Cancillería Nacional, las diferencias de interpretación podían ser discutidas mediante los mecanismos previstos, lo que verdaderamente alteraba el clima de entendimiento era la presencia de fuerzas militares en un sector cuya demarcación aún debía completarse.

Por ello, el documento insistía en la necesidad de restablecer las condiciones que permitieran a la Comisión Mixta reanudar sus trabajos y concluir el proceso iniciado décadas atrás.

La Nota D.P.I. N.º 712 del 14 de diciembre de 1965 transformó la historia de la Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña de Límites y Caracterización de Frontera en una auténtica prueba jurídica. Cada conferencia, cada campaña de campo y cada hito colocado eran presentados como evidencia de una política de Estado desarrollada conjuntamente por Paraguay y Brasil durante más de treinta años.

Más que discutir interpretaciones cartográficas aisladas, la Cancillería paraguaya invitó a observar la continuidad de una práctica bilateral que, a su juicio, demostraba de manera concluyente que la demarcación de la frontera en el sector del Salto del Guairá permanecía inconclusa.

Vista desde la actualidad, constituye una de las expresiones más acabadas de la diplomacia paraguaya en materia de límites internacionales.

A la fecha resta por demarcar aproximadamente 8 km, en la zona del Refugio Biológico de Mbaracayú. Esta área abarca aproximadamente 1.356 hectáreas y en sus adyacencias se destaca la ubicación de la ciudad de Salto del Guairá.

Respecto a la definición de la demarcación de la zona, existen dos teorías, que son posiciones históricas de ambos países: la paraguaya, que sostiene que el límite es el ramal de la Cumbre de la Cordillera del Mbaracayú que se desarrolla más al norte y que se dirige hacia la primera caída del antiguo Salto; y la brasilera, que sostiene que el límite es el ramal de la Cumbre de la Cordillera del Mbaracayú que se desarrolla más al sur y que se dirige a la quinta caída del antiguo Salto.

Para finalizar deseo resaltar que en la actualidad la Nota D.P.I. N.º 712 de la Cancillería paraguaya continúa siendo un documento de gran valor para comprender la historia de las relaciones entre Paraguay y Brasil y nos recuerda que la diplomacia también se construye sobre trabajo técnico, archivos, mapas, actas, tratados y argumentos jurídicos.

Esa combinación de diplomacia, conocimiento técnico, memoria documental y apego al derecho constituye, probablemente, el legado más perdurable de este notable documento diplomático que fundamenta la posición nacional sobre este punto.

El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.

El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.

Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.

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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.

Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.

En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.

El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.

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La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.

Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.

La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.

La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.

La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.